Paraguay: quieren que el Parlasur investigue la matanza de Curuguaty

El Frente Guasu anunció hoy que propondrá al Parlasur la creación de una comisión que investigue diversos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en Paraguay.

Entre los casos figura la matanza de Curuguaty, que en 2012 provocó la destitución del entonces presidente del país, Fernando Lugo.

El parlamentario Ricardo Canese, el único miembro del Frente Guasu (Frente Grande) en el Parlasur (Parlamento del Mercosur), dijo a Efe que la propuesta aboga por la formación de una delegación que se desplace a Paraguay lo antes posible para constatar sobre el terreno esas denuncias.

“A partir de su informe pediremos que se forme una comisión con conocidos defensores de los derechos humanos de la región para investigar las denuncias, especialmente en el sector del campesinado”, declaró Canese.

El 15 de junio de 2012 seis policías y once labriegos fallecieron en un tiroteo en una hacienda durante una operación policial de desalojo en una hacienda de Curuguaty (nordeste), cuya propiedad se disputan el Estado y un empresario.

Este suceso supuso, una semana después, la destitución de Lugo en un controvertido juicio político, que Canese y el Frente Guasu catalogan como “golpe de Estado”.

Son doce los campesinos acusados de la muerte de los 17 policías y labriegos de Curuguaty, todos a la espera de juicio oral.

Según el fiscal del caso, los campesinos emboscaron a los policías, pero la defensa mantiene que se obviaron líneas de investigación sobre presuntos abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, por parte de los agentes

En el pedido de Canese al Parlasur se incluye una investigación sobre el asesinato de más de 130 líderes campesinos desde 1989, según cifras de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Canese también planteará que sean investigados por esa Comisión lo ocurrido a primeros de octubre en Laterza Kué, unos 200 kilómetros al este de Asunción, cuando la policía desalojó de forma violenta a 180 familias campesinas.

Las familias ocupaban desde hace veinte años unas tierras disputadas entre el Estado y una empresa brasileña de biocombustible.

En Paraguay, país eminentemente agrícola y ganadero, el 2,6 por ciento de los propietarios detentan el 85,5 por ciento de la superficie agraria, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

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