Movimientos sociales paraguayos denuncian violación de derechos de campesinos presos sin juicio

Movimientos sociales denuncian violaciones a los derechos humanos y la negación de defensa durante el proceso penal de seis campesinos paraguayos, presos preventivamente desde hace casi nueve años. Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur (Parlamento del Mercosur) se reunió en Asunción, capital de Paraguay, donde se discutió el caso.

Los seis campesinos son acusados del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, que tenía 31 años y era hija del ex presidente de Paraguay Raúl Cubas Grau (1998-1999). Ella desapareció en las inmediaciones de su casa, en la ciudad de San Lorenzo (Departamento Central), el 21 de septiembre de 2004, y encontrada sin vida recién el 16 de febrero del año siguiente, en la fosa de una casa en la ciudad de Ñemby (Departamento Central).

Agustina Acosta González, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Gustavo Lezcano Espínola, Roque Rodríguez Torales y Arístides Luciano Vera Silguero, dirigentes campesinos, son acusados por el Ministerio Público desde 2005, por homicidio doloso, secuestro y asociación delictiva. Desde 2006, cumplen prisión preventiva.

Los movimientos sociales interpretan que hubo criminalización y abierta persecución política por parte del Estado de Paraguay al movimiento político que integraban los campesinos, declarada públicamente por el entonces presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos (2003-2008). A causa de ello, el grupo acusado pidió asilo político en Argentina. Allí, en 2006, los campesinos fueron detenidos en virtud de una orden internacional oriunda de las autoridades judiciales paraguayas. Dos años y siete meses después, fueron extraditados a Paraguay.

Parcialidad del Poder Público

Además de habérseles negado el concreto derecho de defensa a los acusados por parte del Ministerio Público, se señala que a ellos también se les niega el derecho de acceso a la salud, a la vida digna, a la integridad física y a la alimentación adecuada, entre otros derechos. La situación afecta, directamente, el principio de objetividad que rige la actividad de la institución, ya que ni siquiera los promotores de Justicia conocen la versión de los hechos por parte de los campesinos.

En ese mismo sentido, el Poder Judicial no permitió a la defensa que presentara pruebas contrarias a la acusación, determinantes para la investigación del caso. Específicamente, no se permitió la realización de un careo con testigos de la defensa y se negó la introducción de una filmación como prueba en el proceso, en la cual la principal testigo del Ministerio Público sostenía una versión distinta a la declarada en el juicio. Sectores de la sociedad civil organizada analizan el caso como falta de independencia e imparcialidad por parte de los tribunales.

En diciembre de 2013, los seis acusados fueron entregados a la policía paraguaya y, hasta hoy, se encuentran sin sentencia y privados de la libertad en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Se encuentran presos desde hace ya ocho años y siete meses, hasta el momento. Ese período viola la legislación paraguaya, que establece que el tiempo máximo de detención preventiva sea de cinco años. El proceso dura ya nueve años, y su prisión se entiende como ilegal y arbitraria.

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