Brasil: denuncian amenaza de desalojo para 30 mil personas en Minas Gerais
Por Carina Santos, desde Brasil. El gobierno estatal de Minas Gerais anunció el desalojo de tres ocupaciones donde viven unas 30 mil personas. Las familias, junto a diversas organizaciones, iniciaron la resistencia y denunciaron la inminencia de una masacre policial.
Los negocios inmobiliarios en las ciudades y la falta de programas de vivienda para los pobres acentúan cada vez más la segregación en los espacios urbanos de Brasil. Esta realidad golpea con particular fuerza a cerca de 30 mil personas que viven días de resistencia en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Son familias que desde hace más de un año construyen tres ocupaciones bautizadas como «Vitória», «Rosa Leão» y «Esperança», conocidas también como Ocupaciones do Isidoro por la región en la que están ubicadas.
La construcción se caracteriza por una fuerte organización de las familias que allí habitan, que también cuentan con el apoyo de diversas organizaciones como Brigadas Populares, MLB (Movimiento de lucha en los barrios, villas y favelas), Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), redes de arquitectxs y abogadxs populares, etc. Hoy, las comunidades poseen una planificación urbanística, sistemas democráticos para la toma de decisiones y organizan actividades que demuestran que otra manera de vivir en el espacio urbano no sólo es posible sino también necesaria.
La pesadilla comenzó en la última semana, cuando las autoridades del Estado de Minas Gerais comunicaron oficialmente que se realizará el desalojo de las ocupaciones con el uso de extrema fuerza policial. Esto podría leerse como el anuncio de una masacre, ya que estas ocho mil las familias no tienen otro lugar para vivir y están dispuestas a resistir y defender su derecho a la vivienda y su dignidad. La Policía Militar de Minas Gerais, a su vez, da indicios de que actuará con truculencia y extrema violencia, así como ha actuado en diversas manifestaciones, como la ocurridas el pasado 24 de julio, cuando la policía atacó el pueblo con espadas (http://youtu.be/2fNDA1T7xeA).
Charlene Cristiane, una de las coordinadoras de la ocupación «Rosa Leão», manifiesta su descontento:»Somos familias asalariadas que hoy estamos amenazadas de desalojo. Un desalojo inhumano, cobarde, hecho por el gobierno del estado, el gobierno municipal y otros órganos. Quieren desalojarnos y dejarnos en la calle, sin una solución digna. Esto no lo vamos a aceptar».
Las familias ya sufren la intimidación de la policía en la región, incluso con la presencia de helicópteros. Junto a las organizaciones sociales, denuncian que tras esta decisión existe un fuerte interés económico. Según la abogada Clara Magna, del colectivo de abogadxs populares Margarida Alves, el gobierno de Minas Gerais tiene relaciones directas con las empresas de construcción que plantean un proyecto para la región, considerado el más grande negocio inmobiliario de Brasil. «Este desalojo es ilegal y va en contra de las normas constitucionales y de los tratados internacionales referentes al derecho a la vivienda y a los derechos humanos», afirma.
La organización Brigadas Populares difundió un comunicado en el que critica la decisión del gobierno estadal: «Problemas sociales se resuelven con políticas sociales y con organización popular y no con la acción represiva de la policía. La ejecución del desalojo no resuelve el problema del déficit habitacional y fortalece el conflicto en torno a las ocupaciones urbanas en lucha por el derecho a la ciudad. Existen varias posibilidades para que se encuentre una salida justa y negociada para este conflicto, pero no hay voluntad política del gobierno (de Antônio Anastasia, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña –PSDB-), partido cuyos programas presentados en las campañas de los candidatos Aécio Neves (a presidente) y Pimenta da Veiga (a gobernador) apuntan al incremento de la represión policial y la reducción de las posibilidades de diálogo y democracia”.
El texto también apunta a la responsabilidad del Ejecutivo Nacional: “Esta grave violación a los derechos humanos básicos de ocho mil familias también ha sido ignorada por el gobierno federal, que no ha presentado ninguna alternativa para las ocupaciones limpiando sus manos frente a esta situación, más todavía cuando la presidenta Dilma asumió en el inicio de este año resolver el problema de habitación en Isidoro. Frente a este grave conflicto, llamamos a los sectores sociales sensibles a los problemas del pueblo en Brasil y que luchan por una sociedad más justa y fraterna, unir sus fuerzas en torno a una solución pacífica y negociada que respete el derecho a la vivienda y a la ciudad, así como la dignidad de las miles de familias que viven allí y proyectaron sus sueños de una nueva ciudad».
Campaña de resistencia
Desde la última semana, luego del anuncio del gobierno estadal, las familias y organizaciones impulsaron una fuerte campaña para que otros sectores de la sociedad sepan de la masacre anunciada. Junto a movimientos sociales, culturales, sindicatos y artistas, se fortaleció una red de solidaridad para denunciar la situación y pedir a los poderes públicos una negociación por la permanencia de las comunidades. El domingo pasado, se realizó una toma cultural en una de las ocupaciones con diversas actividades artísticas para abrazar a las familias que enfrentan esta amenaza de desalojo.
Además de las manifestaciones en las calles, también en las redes sociales se está difundiendo la denuncia. En facebook fue creado un grupo abierto, #resisteisidoro, donde se comparten fotos, videos e informaciones sobre el proceso. Las familias de las ocupaciones piden también el apoyo de movimientos de otras partes de América Latina “para que esta resistencia traspase las fronteras y sea fortalecida por todxs aquellxs que luchan por el poder popular”.
