Mujeres y derechos en América Latina – Por Dora Barrancos

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Abordaré los principales derechos conquistados en materia de política, educación, salud, la violencia de género y el trabajo productivo, y concluiré con una sucinta enunciación de lo que todavía falta – que es ciertamente mucho – para que las mujeres alcancen una completa ciudadanía en Latinoamérica.

A modo de síntesis podría sostenerse que no son pocos los avances habidos en las últimas décadas en la región. Resulta irrefutable que en la mayoría de los países han progresado en modificaciones sustanciales del derecho formal, tornando posible un mayor reconocimiento de las mujeres. Un buen número de naciones han vivido experiencias renovadoras de gobernanza con políticas inclusivas. Pero no basta la reforma legal para garantizar la igualdad de género – aunque me encuentro entre las feministas que celebran los avances de la legislación, teniendo en cuenta los tenebrosos ciclos de ausencia de estado de derecho en buena parte de naciones latinoamericanas. Las normas requieren interpelación de las afectadas, y la propia Justicia – que es una esfera poco apegada al cambio en la mayoría de nuestros territorios -, requiere un sacudimiento que encauce el efectivo cumplimiento de la ley, que satisfaga las demandas para obtener una democracia basada en relaciones de género igualitarias. Sin duda, son las propias sociedades las que deben cambiar, es imprescindible la transformación de las sensibilidades, los sentimientos y las conductas para extinguir el orden patriarcal aún vigoroso en toda la cuenca latinoamericana.

Las mujeres y la esfera política

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a analizar, en 2011, la situación de la condición femenina en las Américas sobre la base de una encuesta efectuada a todos los países, pero que sólo respondieron menos de la mitad de los 35 estados miembros. La consulta incluyó también a un determinado número de agencias de la sociedad civil y estuvo precedida por reuniones en Santiago de Chile, Buenos Aires y Caracas, ciudades donde se examinaron las prerrogativas obtenidas por las mujeres toda vez que estaban en juego las añejadas recomendaciones para garantizar la igualdad de género en las Américas. “La elección de mujeres como Presidentas o Primeras Ministras en varios países de la región en los últimos veinticinco años – se dice en el informe de la Comisión – como Violeta Chamorro (Nicaragua), Mireya Elisa Moscoso (Panamá), Michelle Bachelet (Chile), Cristina Kirchner (Argentina), Laura Chinchilla (Costa Rica), Kim Cambell (Canadá), Janet Jagan (Guyana), Portia Simpson Miller (Jamaica), Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago), y Dilma Rousseff (Brasil), demuestra que el liderazgo político de las mujeres en esta esfera va en aumento” (CIDH/OEA, 2011: ix). Pero más allá de este importante dato y de los avances habidos en la última década, quedan sabores amargos porque el reconocimiento de las mujeres en la arena política continúa lleno de dificultades.

Se ha sostenido que en la mayoría de las naciones latinoamericanas la politización femenina es una circunstancia que remonta a larga data. Las mujeres ejercieron influencia, asesoramiento y consejería en todos los tiempos, y hubieran resultado imposibles las luchas anticoloniales y la emergencia de nuestros Estados sin su participación. Aunque no les fuera reconocido casi ningún derecho, resulta singular la politización de las mujeres en nuestros territorios. Los derechos políticos asomaron en momentos diferentes de la historia del siglo pasado, de modo que podrían trazarse tres periodos: un ciclo precursor en torno de los inicios de la década 1930, encabezado por Ecuador (1929) y seguido por Cuba, Brasil y Uruguay; un segundo momento que va desde la finalización de la Segunda Guerra hasta 1960 (Costa Rica y Argentina están en este segundo grupo); y finalmente, un último ciclo más reciente que se inicia en los años 60 (Paraguay y Guatemala se sitúan en esta última fase).

En la década de 1950, la Argentina mostraba una circunstancia sin duda excepcional de movilización política de las mujeres gracias a la figura de Eva Perón. Más allá de las controversias y de los anatemas provocados por esta notable mujer, su frenética construcción de la Rama Femenina del Partido Justicialista, significó que en las primeras elecciones en que pudieron votar las mujeres, en 1951, el Congreso argentino tuviera un tercio de su representación. La presencia femenina ha sido destacada en ese país pues todas las fuerzas partidarias han contado con cifras expresivas de mujeres en todo el espectro de las ideologías, de la derecha a la izquierda. No debe sorprender, por lo tanto, que en 1991 se sancionara la ¨ley de cupo” – o de cuota como prefiere llamarse en la mayoría de los países de la región –, lo que significa que al menos 30% de mujeres deben integrar las listas partidarias para los órganos representativos y en lugares expectables; es decir, con posibilidades ciertas de ser electas. Esta normativa, que de inicio no fue estrictamente acatada, tuvo un singular “efecto demostrativo”.

En efecto, en 1996 México y Paraguay incorporaron la cuota, el primero con el 30% y el segundo con un mínimo de 20%. Ambos países tienen la ventaja de contar con un sistema de elección “cerrado”, esto implica que las listas no pueden modificarse, pero el problema principal que tiene la ley mexicana es que no obliga a un determinado lugar de las candidaturas femeninas. En 1997, Brasil, Panamá, Bolivia, Ecuador se sumaron con el 30%, y también lo hicieron Perú y la Republica Dominicana pero con un porcentaje menor, 25%. Bolivia y República Dominicana tienen sistemas “cerrados”, y en este segundo grupo de países, sólo Ecuador y Bolivia hacían reserva de lugar expectable para las mujeres. Ecuador reformuló la propuesta y en su Constitución recientemente reformada, incorporó la paridad en todos los cargos públicos, aunque es evidente que se enfrentan problemas de aplicación.

Sin duda, un país pionero en materia de paridad es Costa Rica. Allí ya existía la cuota de 40% cuando, en 2009, se determinó la igualdad, poniéndose de este modo, junto con Bolivia, al frente de los países de la región.

Entre tanto, lamentablemente, en ninguno de estos países se ha podido consagrar fácticamente la igualdad representacional debido a los problemas en el sistema político, como ocurre con Honduras y Panamá, países que también han decidido la paridad. Los problemas del sistema político obstruyen el estatuto legal paritario, y como ha sido muy analizado por varios/as especialistas, las mayores garantías para que la ley de cuotas cumpla cabalmente su cometido tiene que ver con sistema electorales proporcionales y con un sistema de listas cerrado. ¿Por qué se sostiene que estas dos condiciones favorecen la efectiva inclusión de las mujeres? Un sistema proporcional amplía las oportunidades de elección – y no sólo para las mujeres -, y las listas cerradas suponen un soporte mayor de las fuerzas políticas para sostener la oferta. Debe pensarse que las tachaduras y enmiendas por lo general favorecen a las candidaturas masculinas, ya que los varones han tenido más oportunidades de realizar carreras políticas y sin duda resultan mucho más familiares con el electorado, aunque debe admitirse que una larga permanencia y exposición también puede constituir un obstáculo que lleve a impugnar candidaturas.

De acuerdo con las estadísticas de la Unión Interparlamentaria, las mujeres representan actualmente cerca del 23% en los parlamentos latinoamericanos, siendo la región con mayor porcentaje de mujeres a nivel mundial en este ámbito, luego de los países nórdicos. Pero hay diferencias notables entre nuestros países. En Costa Rica, la representación de las mujeres en el Congreso es una de las más altas en la región y se acerca al 40%, mientras que en Brasil sólo alcanza  8.6% en la cámara baja y 16% en el senado.

Cuadro 1 – Países de mayor y menor proporción de mujeres en el Parlamento (2011)

Países  % mujeres en el Parlamento
ARGENTINA 38.5
COSTA RICA 38.6
ECUADOR 32.3
HAITI 11
PANAMA 8.5
BRASIL 8.6
Fuente: CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El camino hacia una     democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en América. OEA, 2011

En sus senados nacionales, sólo Argentina (35.2%) y México (19.5%), tienen una representación considerable de mujeres. En general, se observa que las mayores proporciones acceden sólo a las cámaras de diputados, lo que debe interpretarse también como una señal de las mayores dificultades para la construcción del ascenso en la política por parte de las congéneres. La CIDH, destacó, en el informe citado, que no obstante los logros conquistados por las mujeres en la arena cívica, subsistían problemas fundamentales, entre los que se contaban: “Los prejuicios y estereotipos de género y formas de discriminación presentes en las sociedades americanas que les impiden el acceso a los puestos de poder; que les restringen la posibilidad de opciones de incursionar en el ámbito político; y el desempeño exitoso de sus cargo. Las desventajas socioeconómicas, como el acceso limitado de las mujeres al financiamiento para las campañas y en la contienda a cargos públicos. El desconocimiento de las mujeres de sus derechos políticos, especialmente en áreas rurales y marginadas. Las distintas formas de violencia que anulan e impiden el ejercicio de todos los derechos humanos por parte de las mujeres, incluyendo su derecho a incursionar en la vida política, y a ejercer su derecho al voto. La situación particularmente grave de las mujeres indígenas y afrodescendientes, entre otros desafíos” (CIDH/OEA, 2011: 4)

Poco puede agregarse a estas conclusiones. La arena política ha sufrido significativas transformaciones, los escenarios han cambiado de modo acentuado con el aumento del número de mujeres que tienen alguna forma de inclusión en la vida cívica, algunas de las cuales han llegado a la máxima magistratura, pero todavía ralean las oportunidades. Para las mujeres sigue siendo particularmente difícil la consideración partidaria y más aún la consagración en la vida política – la absorción del tiempo es todo un problema para quien no puede dejar de gerenciar la vida doméstica -, y la denostación y los ataques que sufren en el ejercicio de los cargos políticos subrayan especialmente la condición generizada. Las mujeres son alcanzadas por mayores ultrajes en su condición de figuras públicas, estigmatizadas con mayor crudeza cuando más capacidad de decisión las distingue, cuando encarnan condiciones de mando que parecen irrenunciablemente masculinas.

Las mujeres y la educación

Probablemente sea la educación el área en que las mujeres hayan conquistado un acceso social significativo, debido a las altas tasas de feminización universitaria, fenómeno que alcanza a todos los países del continente. En efecto, las mujeres han alcanzado un promedio estimado de 55% de la inscripción universitaria. El cuadro siguiente muestra los datos aproximados en dieciséis países latinoamericanos:

 

Cuadro 2 – Proporción aproximada de mujeres en la educación superior de América Latina en países escogidos (2012) 

Países

 

Panamá 68
Uruguay 64
Venezuela 62
Cuba 62
Costa Rica 60
R. Dominicana 60
Argentina 58
Brasil 57
Rep. Salvador 56
Nicaragua 55
Chile 53
México 53
Ecuador 52
Colombia 52
Perú 52
Bolivia 50
Fuentes: Estadísticas educativas oficiales de: Argentina,  Ministerio de Educación de la Nación; Chile, Consejo Nacional de Educación; Brasil, IFECYT; Ecuador, Consejo Nacional de Educación Superior; Colombia, Dirección de Planeación y Desarrollo; Uruguay, MEC;  México, SEP. Rama Vitale, Claudio et. Al. Educación superior en América Latina y el Caribe: Sus estudiantes hoy. (México, D.R. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, 2007); Mato, Daniel (Coord)) Informe Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes  en América Latina (IESALC, UNESCO, 2009)

 

Aunque la carrera de medicina ha sido históricamente la de mejor recepción – debido al ángulo estereotipado de los cuidados y la asistencia que “corresponde” a las condición femenina -, la enorme mayoría de las estudiantes mujeres se concentra en las áreas de ciencias sociales y humanidades, pasando de este modo a significar más del 60% de la matrícula. En contrapunto, las especialidades del núcleo de las denominadas exactas y las tecnológicas tienen un gran déficit de mujeres ya que en promedio representan en torno del 23%.  Hay evidencias de que algunas ramas tecnológicas han mejorado, especialmente en los países centroamericanos, pero en las escuelas de ingeniería las tasas femeninas no superan el 25%.  Sin duda, opera una fuerte discriminación que se vincula con los códigos de género educativos y con el propio mercado laboral.

La discriminación es especialmente evidente en la estructura de gobierno de las universidades públicas, lugares en donde a pesar de cierta preeminencia de imaginarios de radicalidad ideológica, las mujeres casi no han participado de los cargos de conducción y de mayor rango de poder. Algunas de las principales instituciones académicas latinoamericanas, no han tenido nunca a mujeres al mando de sus rectorados, entre ellas, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de la República de Uruguay y la Universidad San Marcos de Perú. Resultan excepcionales la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Córdoba en la Argentina, que han sido conducidas por mujeres y que lo han hecho por dos mandatos consecutivos.

La educación media, por su parte, plantea algunos asuntos interesantes con referencia a la participación de las mujeres.

No hay dudas de que, en todos los grupos de población, las mujeres son quienes más ingresan a la escuela secundaria y también quienes más egresan de ésta. De acuerdo con informes de la CEPAL, hacia 2008, en todos los grupos sociales de los países latinoamericanos, las muchachas eran mayoría en las aulas de la enseñanza media. Debe subrayarse que esa diferencia subsiste entre los grupos de los quintiles de más bajos ingresos (26% de mujeres y 23 % de varones, en el primer quintil), hasta los más altos, en donde la participación en la enseñanza media es notoriamente más elevada (86% de mujeres y 81% de varones en el último quintil). En síntesis: para el conjunto de los grupos sociales se revela que 55% de las jóvenes se hallaba en la escuela media, contra el 49% de los varones en 2008. La única circunstancia alteradora de esta marca se manifiesta entre las comunidades indígenas rurales. En los grupos étnicos originarios que habitan fuera de las ciudades, donde se subrayan las exclusiones y marginaciones, las proporciones del acceso a la enseñanza media son notoriamente inferiores, puesto que no alcanzan al 20% de las adolescentes, mientras los varones sobrepasan este porcentaje.

 

Las mujeres y la salud

 

Me ocuparé especialmente aquí de la situación de la reproducción y de la accesibilidad a los servicios públicos de salud por parte de las mujeres.

En primer lugar, debe decirse que no hay país en América Latina que no haya legislado en materia de apartamiento por parto. Se trata de una adhesión que cada Estado ha realizado, en diferentes momentos de su historia, a una de las primeras resoluciones de la OIT (1919). Sin embargo, el rango de diferencia entre los países es muy amplio pues varía entre los 90 y 180 días, esto es entre menos de 12 y más de 16 semanas.

 

Cuadro 3 – Países  agrupados según número de semanas de licencia por parto (2010)

Países

 

Semanas
1. Cuba, Venezuela y Chile 18 y más
2. Costa Rica y Brasil 14 a 17
3. Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia,       Nicaragua y México 12 a 13
4. Bolivia y Honduras Menos de 12

Fuente: La maternidad en el trabajo: examen de la legislación nacional (Ginebra, OIT, 2010)

 

Pero en la mayoría de los países no se ha consagrado la legislación que permita un acompañamiento de los varones al nacimiento de su progenie más que por algunos días (menos de una semana en la enorme mayoría).  Es cierto que en la Argentina, por ejemplo, algunas instituciones públicas – en particular determinadas universidades – han aumentado el lapso del apartamiento por parto comprendiendo los varones. En algunas provincias argentinas, como Tierra del Fuego, las ampliaciones en esta materia han sido significativas.

La muerte por condición de embarazo o parto obedece sobre todo a causas sociales evitables, al déficit nutricional, a otras limitaciones materiales y a la falta de acompañamiento médico social durante el embarazo. Dice la CIDH en un informe de 2010: “América Latina y el Caribe se caracteriza por ser una región con mucha diversidad tanto en niveles de desarrollo económico y distribución geográfica en la que existen además disparidades, entre los países y al interior de los mismos, en cuanto al acceso a servicios de salud materna. Como consecuencia, el 20% de la región más pobre concentra 50% de las muertes maternas, mientras que el 20% más rico sólo tienen el 5% de estas defunciones. En Haití por ejemplo mueren aproximadamente 670 mujeres por cada 100,000 nacimientos vivos, mientras que en Canadá mueren aproximadamente 7 mujeres por cada 100,000 nacimientos vivos. Igualmente, la OMS estimó que en 2006 hubo 280.000 muertes perinatales con diferencias notables en la región, siendo el riesgo de muerte perinatal en América Latina y el Caribe el triple al de Canadá y los Estados Unidos de América” (CID/OEA, 2010: 4).

Pero la principal causa de muerte materna en Latinoamérica es el aborto clandestino que padecen las más pobres y las menos protegidas. Tan sólo Uruguay y el Distrito Federal de México han despenalizado el aborto en determinadas circunstancias. En el resto de los países, las mujeres se dividen claramente por su pertenencia de clase: las de los sectores más favorecidos están sanitariamente protegidas (y también con mayor cobertura legal) en su voluntad abortiva. A las clínicas ginecológicas que realizan abortos muchos más seguros, aunque en forma ilegal en todos nuestros países, se accede mediante recursos monetarios que no poseen las más pobres. Nunca será suficiente insistir, sobre todas las circunstancias, la necesidad imperiosa de la autonomía, la  libertad de optar. Decidir sobre el propio cuerpo es un derecho humano fundamental que consagran los tratados internacionales, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y el Consenso de Quito de 2007. Se trata de pactos suscriptos por todas nuestras naciones, de convenciones que tienen un rango superior a las normas nacionales y a la propias constituciones. El acceso gratuito a las técnicas anticonceptivas está sancionado como derecho en buena parte de la legislación pero hay obstáculos, rémoras ideológicas y, sobre todo, falta de divulgación y carencia de información adecuada, de modo que la mayor parte de las poblaciones, especialmente los más jóvenes, suelen desconocer el derecho de acceder a los medios anticonceptivos.

Un párrafo aparte merece el problema de la omisión en materia de educación sexual: aunque no pocos estados han avanzado en leyes especiales, se interponen severos obstáculos para su consecución. La Argentina ha sancionado una ley de educación sexual que demora en ser incorporada a la experiencia informativa de las nuevas generaciones por las dificultades que plantean, en no pocas comunidades, las mentalidades retardatarias.

 

El flagelo de la violencia

 

La violencia contra las mujeres constituye una experiencia que no reconoce sectores sociales y donde no existen ventajas comparativas en ninguna de nuestras sociedades. Enfrentamos la más completa uniformidad patriarcal respecto de las fórmulas que van desde el hostigamiento psicológico hasta la muerte.

El término feminicidio comenzó a expandir su significado a propósito de lo que venía ocurriendo en Ciudad Juárez en México, con la muerte de miles de mujeres a lo largo de décadas, situación que es bien conocida. La adopción castellanizada del término se debe a Marcela Lagarde, la destacada feminista mexicana quien además tuvo destacada actuación cuando la Corte Interamericnana trató ejemplarmente el caso conocido como “Campo Algodonero”. Pero esa circunstancia exponencial que se vive en México está lejos de tener un contrapunto positivo en el resto de los países ya que la muerte de mujeres en manos de parejas, de ex parejas o de asediadores, es moneda corriente en América Latina.

Feminicidio aparece en la legislación recientemente modificada de algunos países de la región entre los cuales está Argentina (aunque en este país el concepto no se mencione expresamente), junto con Chile y Costa Rica. La cuestión de la violencia ha sido, y sigue siendo, una dimensión prioritaria de la agencia por los derechos de las mujeres, un reclamo que consta en todas las demandas del movimiento de mujeres. Un hito resulta la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Belem do Pará (1994), ratificada por todos los países latinoamericanos. Recordaré algunos artículos que han constituido la base para las reformulaciones de las normas protectoras contra el flagelo de la violencia en la región:

Artículo 1 – Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.  Artículo 2 .Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

Los Estados firmantes se han comprometido, en concordancia con el artículo 7º de la Convención, a modificar la legislación civil y penal, además de los procesos administrativos, para combatir la violencia en todos los órdenes de la vida. Hay dos cuestiones que permanecen todavía con escasa resolución en la mayoría de las normativas a que ha dado lugar la Convención. Una es el tipo de sanción contra las formas de la violencia  de orden psicológico, con gran capacidad de daño a la integridad de las agredidas. La otra, garantizar a las víctimas el debido soporte y contención durante y después de efectuar las denuncias contra compañeros violentos.

Es cierto que en buena parte de los países de América Latina se han creado ámbitos especializados, incluyendo servicios de seguridad, y que algunos programas parecen más exitosos en la atención de las víctimas. Seguramente, los problemas institucionales mayores se concentran en las dificultades de asimilación de los nuevos derechos por parte de las/los operadores de la Justicia, así como en la demora de su actuación.

Vale destacar aquí la excepcional jornada de movilización que se vivió en la Argentina el 3 de junio pasado, con la participación de millones de personas, bajo el lema “Ni una menos”, exigiendo la extinción de los feminicidios. Un hecho que tuvo singular repercusión en los medios de comunicación, en la sensibilidad de quienes administran justicia y sobre todo, en los pasos que han dado las víctimas para salir de sus infiernos.

Una forma omnipresente de la violencia es la extensión tenebrosa de la trata con fines sexuales en las últimas décadas. Algunos países han adecuado la legislación al Protocolo de Palermo, aunque debe decirse que este Protocolo contiene apreciaciones decididamente europeas. La manifestación del fenómeno agudo de la trata en el orden internacional revela cifras alarmantes de mujeres de origen latinoamericano llevadas con engaños y subterfugios a países europeos. Y no resulta menos grave el número de las traficadas entre y en cada uno de los países de América Latina. Más allá de la las normas punitivas, el tráfico de mujeres sometidas sexualmente arraiga en la impunidad de los traficantes amparados por funcionarios, en los acuerdos entre las fuerzas de seguridad, los operadores de Justicia y ciertos representantes del poder político. Se trata de un paisaje común que caracteriza a bolsones de difícil erradicación en cada una de nuestras sociedades. Desde luego, luchar contra la trata no equivale a combatir a quienes asumen una identidad y una subjetividad como prostitutas.

 

Las mujeres y el mercado laboral

 

Resta para el final uno de los problemas de mayor significado en orden al reconocimiento de los derechos femeninos, que va más allá de las manifestaciones normativas, y se refiere al trabajo femenino productivo. El mercado laboral representa, en todas las sociedades, la dimensión donde más crudamente  se expresa la diferencia a favor de los varones. Aún en las sociedades más igualitarias y que han franqueado las oportunidades del desempeño económico femenino, hay una corrosión de la equidad en la composición del mercado laboral.

Sin duda, la población económicamente activa (PEA) femenina tuvo un salto abrupto en la última década. Países como Argentina, en donde la cuota femenina apenas sobrepasaba el 30% hace dos décadas, se ha incrementado en más de diez puntos. La media actual latinoamericana de participación en la PEA sobrepasa el 50%, aunque debe pensarse que puede haber problemas de registro pues todavía los estudios censales no captan nítidamente la situación laboral de las mujeres. Pero tales indagaciones muestran las diferencias según el grupo social de pertenencia: tienden a estar mejor representadas las mujeres de los sectores medios, ya que casi 80% de ellas se desempeñan en el mercado laboral, contra sólo 48% de las de extracción popular. A menudo se ha dicho que entre las mujeres de los sectores de menores ingresos opera el cálculo de “costo de oportunidad”, que debe traducirse como “qué me conviene más”, y tiene que ver con apreciaciones acerca del cuidado de los hijos, las dificultades de acceso al lugar de trabajo y el nivel retributivo.  Los costos de transporte y el tiempo que debe dispensarse, son fuertes factores que predisponen para retraer del mercado a las mujeres jóvenes y madres de pequeños.

La legitimidad del trabajo femenino extra doméstico fue conquistada de modo reciente, y aunque los grandes cambios se dieron en la década de 1960, debido, entre otras circunstancias, a la incorporación masiva de las mujeres en las universidades, sólo un cuarto de siglo más tarde se consolidó la aceptación de que las mujeres tenían derecho a ser reconocidas en el trabajo productivo.

En los años 90, el aumento de las mujeres en el mercado de trabajo también tuvo que ver la implementación de políticas neoliberales que arrojaron a millones de congéneres al mercado laboral para paliar el desempleo y la precariedad sufrida por maridos y compañeros. Sin embargo, esa mayor participación femenina en la PEA, se hizo a costa de puestos de trabajo de menor productividad, menor retribución y también menor reconocimiento de sus calificaciones. Como fuere, es en el sector de servicios que se concentra más del 50% de la fuerza de trabajo femenino, pues todavía sigue rigiendo la sobrerrepresentación de mujeres en los servicios personales y en los cuidados intensos personales, como evidencian numerosos estudios.

Aunque ha decrecido el trabajo en el sector primario, y ha subido el número en números absolutos la participación en el sector transformador, lo cierto es que buena parte del desempeño económico de las mujeres está caracterizado por empleos flexibles o precarios. El trabajo informal, no registrado, es una marca de la condición femenina y podría decirse que es muy expresivo en la región andina, pero también lo es en Brasil y en Argentina, aunque ambos países avanzaron en el reconocimiento de los derechos laborales de un grupo especialmente excluido, el de las empleadas de las casas particulares.

En un orden contrapuesto, relacionado con la mayor calificación, se ha cerrado bastante la brecha entre varones y mujeres en el sistema académico y científico,  y es especialmente notable en la Argentina, donde las mujeres representan el 52% de la masa de científicos, siendo también elevada en Perú, Uruguay, Venezuela y Chile. América Latina ofrece tasas de incorporación de las mujeres a la ciencia más elevadas que Europa, según datos recientes de UNESCO. Por encima de estos reveladores ascensos, es en el mercado laboral donde inflexionan más los derechos de ciudadanía toda vez que registran los siguientes fenómenos:

a) La brecha salarial. La remuneración de las mujeres representa entre el 75 a 80% de los varones, una situación que se agrava cuando están más calificadas.

b) La segmentación del mercado. La mayoría de los puestos de mayor productividad están reservados a los varones; las tareas se han tecnificado, son más “blandas” y exigen menos esfuerzo, pero siguen en mano masculinas.

c) El fenómeno denominado “techo de cristal”. Los puestos más elevados y de mayor capacidad decisoria están reservados a los varones.

d) La amenaza del denominado “suelo pegajoso”. Una dinámica que conspira contra las mujeres en orden a posicionarse mejor, a competir y correr riesgos para obtener mejores oportunidades de desempeño.

 

¿Qué queremos las mujeres?

 

La agenda de las reivindicaciones es amplia, pero podría sintetizarse en los siguientes puntos en torno de los cuales se abren las expectativas de transformación de las relaciones de género en América Latina:

  • Ampliación del estatuto de ciudadanía, se trata de contemplar el haz de derechos y la plenitud de su goce. Usufructuar de la ciudadanía significa que no hay cortapisas en los derechos civiles, cívicos, sociales y personalísimos.
  • Igualdad en la vida cívica mediante la paridad en la postulación y elección.  Ningún género puede tener más posibilidades que otro en el orden representacional y debería también asegurarse la igualdad en la composición del conjunto de las instituciones de la gobernabilidad.  Deben asegurarse sistemas políticos que permitan la igualdad de la participación y la factibilidad de idénticas expectativas en la competencia por los cargos.
  • Derecho a la soberanía del cuerpo, a decidir libremente en materia reproductiva, lo que implica despenalizar el aborto; y también derecho a la accesibilidad a buenos servicios de salud en cualquier caso, tanto para la voluntad de la maternidad como para su revocación de los mandatos del  “viejo orden” pro reproductivo.
  • Reconocimiento, en toda América Latina, a dos conquistas fundamentales que Argentina logró en estos años junto con algunos pocos países: matrimonio igualitario y derecho a la identidad de género.
  • Derecho a una vida libre de toda clase de violencias. La erradicación de la violencia depende de dispositivos de prevención y sanción públicos, pero también de las nutrientes de las primeras formas de sociabilidad. Familias y escuelas tienen mucho que hacer para forjar nuevas simbologías igualitarias entre los sexos.
  • Igualdad de oportunidades en el mercado laboral, eliminación completa de las barreras sexistas que menguan las retribuciones de las mujeres y les impiden desempeñarse en puestos de mayor productividad y decisión.

 

No hay vida digna si faltan el reconocimiento y la equidad.

En algunos países latinoamericanos han habido cambios muy significativos en la última década, y no pocos de ellos han resultado en mayores derechos para las mujeres. Pero hay que estar alerta porque los derechos pueden ser revocados, y porque es necesario conquistar, ampliar y diversificar los espacios para el ejercicio de una igualdad de género efectiva. Todavía tenemos mucho por hacer para conquistar la plena ciudadanía de las mujeres en América Latina y el mundo.

Por Dora Barrancos. Doctora en ciencias humanas de la Universidad de Campinas (Brasil). Profesora de la Universidad de Buenos e investigadora del CONICET, donde ejerce el cargo de diretora del Área de Ciencias Sociales y Humanas. Feminista con reconocida militancia internacional en el campo de los derechos humanos.

El País