El allanamiento por parte de la Policía Federal sobre varios inmuebles del ex presidente “Lula” Da Silva y su posterior traslado para tomarle declaración, sacudió no solo la vida política e institucional del gigante sudamericano sino que ha tenido una gran repercusión a nivel regional y mundial. El cerco judicial hacia el ex presidente forma parte de una nueva etapa de las distintas investigaciones que la justicia de Brasil viene realizando hace más de un año (operación Lava Jatos) a raíz de los supuestos hechos de corrupción que involucran a distintos políticos en Brasil y a un conjunto de empresarios en relación a las prácticas pocos transparente entre el Estado y grandes compañías brasileñas (incluida Petrobras) desde el año 2003. Esta nueva etapa que intenta poner en el banquillo de los acusados a nada menos que Lula fue Bautizada por la justicia brasileña como Alétheia, concepto filosófico que significa “tomar lo oculto para hacerlo evidente”. Ahora bien, en términos estrictamente político, ¿qué es lo que está oculto en Brasil y se hace evidente con los hechos de ayer?

En primer lugar, que la Justicia como uno de los poderes del Estado no es ajeno a la disputa política y a los momentos políticos de un país. La misma avanza, retrocede y profundiza su accionarde acuerdo a las coyunturas y a los condicionantes propios de los otros poderes. Pensar al poder judicial como entidad apolítica, neutral propia de la visión republicana del checks and balancesresulta ingenuo y alejado de la realidad. El poder político y los poderes facticos influyen directamente en el accionar y en los tiempos de la justicia. Esta reflexión sirve para el caso brasileño y para analizar lo que sucede en otros países de la región. No es casualidad que el inicio de las investigaciones en torno a Lava Jatoscomenzó a mediados del 2014, en pleno contexto electoral de Brasil y de creciente desencanto de gran parte de la ciudadanía, principalmente parte del establisment económico, con el gobierno de Dilma Rousseff. A diferencia del otro gran caso de corrupción que sufrió el PT, el mensalão, esta vez las investigaciones no terminaron en funcionarios de segundas y terceras líneas sino que apuntaron directo a la cúpula del poder petista.En el caso de Lula, esta situación se hace evidente dado que las primeras denuncias sobre “tráfico de influencias” y “dádivas” de grandes firmas como Odebrecht aparecieron publicadas en Fhola de S. Paulo en marzo de 2013, cuando Lula todavía dada conferencias a nivel mundial sobre el “milagro brasileño” y mantenía el rotulo de estadista. Tampoco es casual que los allanamiento del viernes se dieran días después de conocerse que en 2015 la economía de Brasil tuvo un retroceso de 3.8%, siendo uno de los peores desempeño de la historia económica contemporánea.

En segundo lugar, y estrictamente relacionado, el inicio de las investigaciones en torno a los delitos que pudo haber cometido el ex líder sindical comenzaron a mediados del año pasado, en un contexto de debilidad de la presidenta Dilma Rousseff. Desde sus primeros meses de gobierno, Rousseff no solo perdió la confianza de sus votantes, sino también su liderazgo en la coalición de gobierno — tanto en las propias filas del PT y en particular dentro de la de su partido aliado, el Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)- provocando una mayor virulencia en los círculos opositores que ven factible la salida anticipada del gobierno del PT. Ante el escaso poder de la actual mandataria, la oposición brasileña sabe que la única supervivencia que pude llegar a tener el PT más allá de 2018 se reduce a la figura de Lula. Así la estrategia de los sectores opositores parece ser dual: avanzar en el Congreso para forzar la salida anticipada de Rousseff (impeachment) y en caso de no lograrlo, someter judicial y mediáticamente a Lula, la única carta que parece tener el PT para intentar conservar el poder de acá a tres años.

En tercer lugar, no debemos dejar de señalar que los hechos que se investigan – más allá de las connotaciones políticas y de las posibles responsabilidades de las máximas autoridades- ponen a la luz la gran corrupción de la clase política y empresaria brasileña la cual excede al PT y los 13 años que lleva gobernando. Recientemente, el ex director del área internacional de Petrobras, NestorCerveró, uno de los delatores en la Operación Lava-Jato, afirmó que la venta de la empresa petrolera argentina, Pérez Compac, en 2002 involucró una propina al gobierno de Fernando Henrique Cardoso de US$ 100 millones. Sin embargo, dado la tradición progresista y social del PT, los hechos de corrupción toman otro cariz y generan una desazón dado los aires de cambios prometidos en dicha materia. Para las izquierdas democráticas latinoamericanas que llegaron al poder en la primera década del siglo XXI la poca transparencia en el manejo de los fondos públicos se trasformó en la una “Espada de Damocles”, incluso perdiendo legitimidad social en sectores que se beneficiaron por sus políticas.

Por último y vinculado a este punto, los recientes hechos en torno a Lula agravan la crisis política y económica de Brasil. El avance sobre Lula deja aún más en evidencia elcambio de ciclo político que vive Sudamérica. El giro hacia experiencias políticas liberales-conservadoras parece de a poco teñir todo el mapa regional. Hoy parece inexorable que en un corto plazo Bolivia, Venezuela y Brasil se sumen a la ola del “cambio”. No obstante, mientras que los gobiernos de Evo Morales y Maduro sufrieron recientemente reveses electorales posibilitando un aplacamiento de las demandas antidemocráticas, en el caso de Brasil hay sectores que parecen decididos a no esperar los lapsos constitucionales para un recambio de gobierno. El Diputado del PSDB, Antonio Imbassahy, hizo práctica de la Alétheia, con su declaración “Esta acción es el comienzo del fin. El camino correcto es una nueva elección presidencial”. Afirmaciones como esta no hacen más que desocultarel fuerte desprecio por el orden democrático que existe en muchos sectores de Brasil.

*Doctor en Relaciones Internacionales. Profesor por la Facultad de Ciencia Política y RRII(UNR-Argentina). Becario Posdoctoral del CONICET.