En sus ensayos sobre el psicoanálisis del fascismo, el filósofo Theodor Adorno, llama la atención sobre la “disposición actual a negar o empequeñecer lo ocurrido” [1] ; se interroga sobre las finalidades psicológicas y políticas de la negación o desvalorización del pasado y el presente. Considera que la pervivencia del nacionalsocialismo en la democracia es más peligrosa potencialmente que la pervivencia de tendencias fascistas contra la democracia. Para este investigador, el negacionismo [2] produce efectos sociales devastadores: atrofia la conciencia histórica; debilita socialmente la autorreflexión del yo; disminuye el sentimiento colectivo de culpa; impide la reelaboración del pasado; habitúa psicológicamente a la guerra y la agresividad; debilita la posibilidad de resistencias colectivas; desintegra el valor de la verdad; entre muchos otros. La mayor consecuencia ideológica del negacionismo es que aun las más grandes mentiras, repetidas con suficiente frecuencia, empiezan a ser aceptadas como ciertas.

Las últimas semanas en Colombia han estado invadidas de acciones, manifestaciones y noticias sobre la persistencia del fenómeno paramilitar, que han venido acompañadas de un dispositivo mediático, propagandístico y académico para aminorar lo sucedido. El contraste entre la gravedad y la insignificancia de lo acaecido se ha tomado la agenda de lo público. Se intenta convencer a audiencias más o menos sojuzgadas que ya no existe paramilitarismo sino simplemente delincuencia común o bandas criminales; hasta se ha construido, para uso masivo, la sigla “bacrim”. Cinco lugares comunes inspiran este dispositivo negacionista: a) Estas bandas no tienen ningún propósito contrainsurgente ni anti-subversivo; b) Carecen de vocería e influencia en el campo político; c) No poseen una estructura jerárquica militar; d) Tampoco han logrado control territorial; e) Obedecen exclusivamente a fines del narcotráfico. Como corolario de lo anterior, el reciente paro armado del denominado “clan Úsuga” o “autodefensas gaitanistas de Colombia” no es una amenaza paramilitar sino un simple fenómeno de delincuencia común.

El presente artículo tiene tres finalidades. La primera es retomar las anticipaciones de la Teoría Crítica de la Sociedad sobre los peligros sociales que contiene una actitud negacionista ante la realidad histórica. La segunda es sugerir que el actual negacionismo ante el fenómeno paramilitar está impidiendo dar pasos adecuados en el camino de desmontarlo y combatirlo realmente. La tercera es intentar demostrar que los lugares comunes que expande este negacionismo pueden ser contrastados de forma contundente por investigaciones académicas rigurosas. Para lograr lo anterior planteamos dos momentos. En la primera parte, intentamos elaborar un breve diagnóstico de la gravedad del fenómeno paramilitar a partir de investigaciones e informes recientes. En la segunda, tratamos de hacer evidentes los vacíos y contradicciones de los lugares comunes que sustentan el dispositivo de negación.

Una realidad contra-fáctica

Investigaciones recientes nacionales e internacionales muestran una recomposición territorial y una potencial expansión del paramilitarismo en Colombia. Más allá del relevante debate sobre el concepto adecuado para el diagnóstico de la actual situación del paramilitarismo, las indagaciones rigurosas evidencian datos preocupantes.

El Centro Nacional de Memoria en un trabajo reciente [3] señala que del total de los 1.123 municipios existe presencia de “grupos ilegales posdesmovilización” en 339, es decir el 30% del total nacional. A nivel departamental la mayor presencia municipal se distribuye así: Antioquia (47); Cesar (17); Boyacá (16); Córdoba (15); Bolívar (15). Por grupos ilegales la descripción es: Clan Úsuga o AGC (199); Rastrojos (78); Águilas Negras (39); otros (23). Estos grupos “posdesmovilización” son los principales responsables en Colombia de las violaciones de los derechos humanos y tienen por objetivo principal a las personas reclamantes de tierras.

El Informe sobre paramilitarismo de Indepaz (2015) constata la presencia de mínimo 14 estructuras “narcoparamilitares” en 338 municipios del país y ratifica que estas estructuras armadas hacen presencia en 298 desde hace más de seis años. Llega a identificar 17 diferentes organizaciones operando, siendo el Clan Úsuga (270) y los Rastrojos (111) los que mayor presencia tienen en los municipios del país. Ratifica la mayor presencia municipal en Antioquia (70), Córdoba (28) y Bolívar (22). También destaca la creación de una nueva estructura “narcoparamilitar” desde el segundo semestre del 2014, denominada Fuerzas Armadas Irregulares de Colombia (FIAC), la cual tiene presencia en la Orinoquía, especialmente los departamentos del Meta, Vichada y Guaviare y con proyección hacia Arauca y Casanare. El seguimiento realizado por Indepaz durante ocho años (2008-2015), sobre el fenómeno paramilitar, arroja que durante ese periodo han tenido presencia en aproximadamente 630 municipios del país y tienen arraigo permanente en los últimos 6 años en 298 de estos municipios. La investigación encuentra rasgos de continuidad con las estructuras predecesoras de las AUC; también muestra cómo se acentúa el papel del complejo mafioso, parapolítico y narcoparamilitar, a través de las conexiones y alianzas con el clientelismo, la contratación corrupta desde el Estado y los negocios con violencia. Queda en evidencia que además del control territorial, los grupos “narcoparamilitares” tienen tres finalidades específicas: su configuración como estructura militar; los vínculos con dirigentes políticos regionales para capturar las rentas del Estado; y, el usufructo y control de la para-economía.

La MAPP OEA en su Informe de 2011 ha manifestado que los grupos armados posteriores a las AUC mantienen rasgos similares a los paramilitares y llega a sugerir que en varias zonas de Colombia existe un poder paramilitar “absoluto”. Algunas de las características de continuidad señaladas en este Informe son: a) Formas privadas de seguridad en beneficio de élites locales; b) Disputa por recursos económicos ilegales; c) Acciones violentas que no afectan de manera directa a las guerrillas sino al entorno social; d) Consolidan un control de ciertos territorios mediante la coerción social. En el Informe anual sobre Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (2014), se sostiene que los “grupos post-desmovilización” continuaron siendo “el principal reto en materia de seguridad pública”.

La evaluación realizada por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), sobre el paro armado del Clan Úsuga entre el 31 de marzo y 1 de abril de 2016, es la evidencia empírica del poder territorial paramilitar. Las intimidaciones en 36 municipios de 8 departamentos registraron asesinatos (5), hostigamientos (9), incendio de vehículos (8), ataque al transporte público (1), bloqueo de vías (5) y eventos de propaganda (5). El Ministerio de Defensa reveló que un 63% de los actos han sido contra la población civil, un 27% contra la Fuerza Pública y un 10% contra la infraestructura. También se rastrearon otras 15 acciones de carácter no violento pero intimidatorio, como eventos de propaganda, campañas en redes sociales y oleada de panfletos. La cifra de víctimas mortales en este paro es igual al número total de víctimas letales reportadas durante lo corrido de 2016 (hasta el 30 de marzo).

Las investigaciones e informes anteriores muestran la gran debilidad de los lugares comunes del negacionismo. Primero, el denominando proceso de “desmovilización” paramilitar del gobierno Uribe ha sido parcial, limitado o una desmovilización aparente. Segundo, existe por parte de estas estructuras armadas control poblacional, político, económico y territorial, de forma móvil y también arraigada, en cerca del 30 a 40% de los municipios del país. Tercero, ese control territorial se logra a través de medios no violentos, la coerción y la violencia directa. Cuarto, la mayoría de sus acciones son dirigidas contra la población civil, especialmente contra todas las formas de resistencia social y orientadas al “castigo de la protesta social” (F. Gutiérrez). Quinto, estas estructuras entran en competencia con otras formas de poder territorial, configurando “Estados paralelos” y “violencias para-institucionales”.

Verdades incómodas

La primera verdad, de carácter histórico, aunque resulte incómoda, como lo recuerda Jorge Orlando Melo [4] , es el reconocimiento de que la participación de grupos de civiles armados en las luchas políticas colombianas tiene una tradición larga, aunque discontinua. En el siglo XIX, en las guerras civiles se enfrentaron ante todo civiles armados, pues apenas existían ejércitos regulares profesionales. En ciertas ocasiones, el Estado ha apelado a la formación de milicias compuestas por ciudadanos: un ejemplo de esto ocurrió en 1885, cuando el gobierno de Rafael Núñez entregó armas a grupos de conservadores para apoyarse en ellos. A partir de 1950, también el gobierno organizó grupos de “contrachusmas” o “guerrillas de paz” para reforzar la acción militar en zonas de notable implantación guerrillera (Llanos; sur del Tolima). El padre jesuita Javier Giraldo establece que “el verdadero origen del Paramilitarismo, comprobado documentalmente, se encuentra en la Misión Yarborough o visita a Colombia, en febrero de 1962, de oficiales de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bargg (Carolina del Norte) quienes dejaron un documento secreto, acompañado de un Anexo ultra-secreto en el cual orientaban a conformar grupos mixtos de civiles y militares, entrenados clandestinamente y utilizables en caso de que la seguridad nacional se deteriorara” [5] .

La segunda verdad, de carácter epistemológico, es el sentido profundo de los conceptos y las palabras que se recupera en las enseñanzas de T. Adorno. Construimos y elaboramos conceptos para evadir y legitimar la realidad o para enfrentar su crudeza y experimentar el “vértigo”. No podemos solicitarle al lenguaje filosófico el “elogio de la realidad” sino la posibilidad de su transformación. Actualmente múltiples términos instrumentales se han proyectado para elogiar, negar o empequeñecer el horror: “bandas criminales”; “simple delincuencia común”; “bandas emergentes”; “clanes Úsuga, Rastrojos, etc”; “grupos ilegales posdesmovilización”; “estructuras armadas narcoparamilitares”; entre otras. Tenemos que reconocer que ningún concepto puede agotar la complejidad de la realidad, pero traicionarla desde el inicio se convierte hoy en un crimen.

La tercera verdad pertenece al ámbito de la ética y nos cuestiona si podremos seguir actuando sin sentimiento de culpa al sostener los lugares comunes del negacionismo. Se escuchan afirmaciones como: “no tienen propósito contrainsurgente”, cuando 300.000 compatriotas continúan siendo desplazados anualmente, 346 integrantes de organizaciones sociales y populares han sido asesinados entre ellos 112 de Marcha Patriótica en el periodo Santos, amenazada la Universidad de Sucre, la dirección de ASPU y los Cabildos Indígenas del Cauca. Se suele decir que “carecen de vocería política”, paralelamente a una campaña planificada por parte del Presidente de Fedegan y el Procurador contra los luchadores por la restitución de tierras; con marchas nacionales del uribismo y la extrema derecha contra el proceso de paz. Otra fórmula recurrente es que “sólo obedecen a fines del narcotráfico”, cuando sus intereses están próximos a la gran propiedad de la tierra, los monocultivos, la economía extractiva, la captura de las rentas del Estado la inversión de las trasnacionales y las élites económicas regionales. Una “guerra ajena” (Castro Caycedo) en que se criminaliza a los cultivadores, los raspachines, las mulas, los pobres, etc., pero que deja intactas las estructuras criminales y financieras del negocio mundial de las drogas ilícitas.

Notas:

[1] Adorno, T. Ensayos sobre la propaganda fascista. Barcelona: Voces y Culturas, 2001. p. 54.

[2] El término “negacionismo” no existe en la RAE, pero en su sentido académico se caracteriza cuando individuos y colectividades eligen negar la realidad histórica para evadir una verdad incómoda; por ejemplo, el negacionismo del Holocausto o del conflicto interno en Colombia.

[3] Centro Nacional de Memoria Histórica. Desmovilización y reintegración paramilitar. Bogotá: CNMH, 2015.

[4] Melo, J. O. “Los paramilitares y su impacto sobre la política colombiana”; en Leal, F. y Zamosc, L. (edit.) Al filo del caos: crisis política en la Colombia de los años 80. Bogotá: Tercer Mundo y Iepri, 1990. p.p. 475-514.

[5] Giraldo, J. “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos”; en Estrada, J., Fajardo, D. y otros. Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Bogotá: Gentes del Común, 2015. p. 239.

* Profesor Asociado. Departamento de Filosofía – Universidad de los Andes, Colombia