El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) condenó al Estado de Nicaragua por adoptar la ley del régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico y la creación de la Autoridad del Gran Canal, así como conceder privilegios para el concesionario, “en detrimento de los derechos e intereses de todos los nicaragüenses”.

El TLA es una instancia internacional, no vinculante pero de carácter ético. En este tribunal, el Grupo Cocibolca integrado por ocho organizaciones ambientalistas y de sociedad civil, presentaron una demanda contra el Estado de Nicaragua por la aprobación de la Ley del Gran Canal y las implicaciones ambientales y sociales que tendría este megaproyecto y sus obras conexas.

Según Gabriela Ruiz, miembro del programa EcoAbogados de Fundación Popol Na y representante de Grupo Cocibolca ante el TLA, la denuncia presentada era “contra el Estado de Nicaragua por todas las violaciones a los derechos humanos y a los recursos hídricos, al lago Cocibolca”.

La condena fue emitida por el TLA el viernes 8 de abril, tras el desarrollo de una preaudiencia en 2015 y una audiencia desarrollada el cinco de abril de este año.

Víctor Campos, director de Centro Humboldt y miembro de Grupo Cocibolca, aseguró que el TLA “hace una serie de recomendaciones que pasan por: una moratoria general para el Estado de Nicaragua y de todas las actividades relacionadas a los subproyectos asociados, hacer los estudios de impacto ambiental de acuerdo a los estándares internacionales”.

Además, el TLA manda a “asegurar el libre acceso de la información con respecto al tema canalero, por ser esta de carácter público, y asegurar el pleno ejercicio de los pueblos indígenas y de defensores de derechos humanos y asegurar la integridad y seguridad de las personas que no estén de acuerdo con la concesión canalera”, dijo Campos .

La Prensa