El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles que incrementará el control policial de la frontera sur para evitar el ingreso de migrantes irregulares y someterá a procesos de deportación a quienes sean sorprendidos en el territorio nacional sin haber regularizado su condición migratoria, además de fortalecer la atención humanitaria de quienes ya están con documentación expedida por nuestras autoridades migratorias.

A la vez el Ministerio de Planificación coordina con otras entidades el diseño de una política de mediano y largo plazo para la atención de la migración irregular, que deberá estar lista en un plazo de dos meses.

Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores procura acuerdos regionales que permitan una solución y atención integral e internacional al fenómeno del flujo de migrantes irregulares en tránsito por el territorio de nuestros países.

Estas acciones complementan el trabajo que instituciones costarricenses han venido prestando a esta población y refuerzan la tradición nacional de respeto por los derechos humanos y la solidaridad del pueblo costarricense.

Las autoridades nacionales expresan su consternación ante el lamentable fallecimiento, ocurrido en Nicaragua, de ocho presuntos migrantes extracontinentales, quienes fueron reportados como aparentemente ahogados.

Costa Rica reiteró que su frontera sur no está abierta al ingreso de migrantes irregulares y no expide visas a migrantes extracontinentales irregulares. En estos días Nicaragua mantiene bloqueado el paso de estas personas.

“Quienes han logrado ingresar al país, debido a la gran porosidad de la frontera sur y se han acercado a las oficinas de Migración a regularizar su situación, se les otorga un permiso temporal por 25 días y se les facilita atención humanitaria básica en Centros de Atención Temporal a Migrantes (CATEM)”, indicó el Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera.

Para tales efectos se mantienen abiertos centros temporales autorizados y con servicios básicos en Kilómetro 20 y Buenos Aires en la zona sur; también en El Jobo y Las Vueltas en la zona norte.

Un espacio ocupado en las cercanías de la frontera norte en Peñas Blancas, no está autorizado ni cuenta con las condiciones mínimas de atención de esta población y el Gobierno no permitirá la presencia de personas en esa zona.

Tanto la CNE como la Cruz Roja, según enfatizó Herrera, van a buscar lugares adecuados para la instalación de los CATEM, con el objetivo de reducir la incoveniente aglomeración de migrantes en Peñas Blancas.

“Este espacio cercano a la frontera con Nicaragua fue ocupado por centenares de migrantes y representa un peligro latente que se debe tener en consideración y atender de manera que garantice la seguridad de la población nacional y la migrante”.

Desde el 4 de agosto la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras desarrollarán operativos en la frontera sur para rechazar el ingreso de migrantes irregulares y aprehender en el territorio nacional a quienes no se hayan presentado a las autoridades de migración con la filiad de que quienes sean aprehendidos serán sometidos al proceso de deportación.

Se integrará una Comisión de Asesores Legales que revise la normativa, nacional e internacional,  en la materia. En esta participarán diversas instituciones, con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El Gobierno de Costa Rica ha atendido este flujo de migración irregular con la participación de instituciones, entre ellas la Dirección General de Migración y Extranjería, Ministerio de Gobernación y Policía, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Salud, Patronato Nacional de la Infancia, Cruz Roja, Comisión Nacional Emergencias, Instituto Nacional de la Mujer y Caja Costarricense de Seguro Social.  A esto se suman los valiosos esfuerzos y colaboración de gobiernos locales, entidades religiosas y organizaciones no gubernamentales.

El Pais