Puerto Rico: el 85% de la población continúa sin servicio eléctrico tras el paso del huracán María

Grandes retos energizando la zona norte de Puerto Rico

Energizado un 15% del país, ahora la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se concentra en ver cómo puede reparar y energizar dos líneas de transmisión vitales para darle luz al área norte.

Al mismo tiempo, la AEE trabaja en un plan coordinado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) para comenzar a restaurar el sistema eléctrico del este de la isla, el más devastado por el huracán María. Energizar esa zona recaerá sobre “recursos externos”, indicó ayer el director de Transmisión y Distribución de la AEE, Edgardo Rivera Alvarado.

El director de Operaciones de Contingencia y Seguridad Nacional del USACE, José Sánchez, había dicho en entrevista con El Nuevo Día que la misión que le ha dado la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) es solo reparar “de emergencia” el sistema eléctrico. Este dijo que la cantidad de brigadas que posee la AEE, unas 230 -cada una de 3 a 4 personas- es menos que las que tenía en el pasado. Por eso, y ante la emergencia, se hacen imperativas las contrataciones que la USACE estima serán más de 2,000.

Ayer, precisamente, la USACE anunció el primero de esos contratos. Asciende a $35.1 millones y fue otorgado a la empresa Weston Solutions con sede en Pennsylvania. La empresa tendrá la misión de proveer generación eléctrica a la planta generatriz de Palo Seco, en Toa Baja. Para ello, traerá un generador de 50 megavatios que llegará a Puerto Rico “muy pronto”, informó en comunicado de prensa Diana Holland, comandante de la División del Sur del Atlántico del USACE.

Por su parte, Rivera Alvarado explicó que recae en USACE la selección del contratista.

“El USACE tiene múltiples opciones y de las que tenían disponibles y que entrara rápido a trabajar esa es una. Lo hace el USACE, ellos escogen la compañía y le damos el trabajo”, destacó el ingeniero.

Puntualizó que el reto primordial de la AEE para traer luz del sur al norte son tres líneas de transmisión que fueron castigadas por la furia del huracán María. Precisó que se trata de dos líneas de 230,000 kilovatios y otra de 115,000 kilovatios. Las primeras dos provienen de la central Aguirre y se dividen entre Aguas Buenas, para dar luz a Bayamón, y Carolina. Mientras que la línea de 115,000 kilovatios brinda servicio a Monacillos, en Río Piedras.

“No tenemos ahora una línea que una el norte con el sur. Ya hay personal asignado en las dos líneas de Aguirre. Están empezando a retirar los escombros de las estructuras destruidas para empezar con tareas de reconstrucción”, explicó el ingeniero, quien aseguró que cuentan con los materiales para reparar esas líneas y para el resto la AEE estará recibiendo próximamente suministros adicionales.

Mientras, ayer, el servicio energético en Puerto Rico se había restablecido un 15% con la energización de la represa La Plata.

Con ese trabajo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) debía subir significativamente la cantidad de abonados con servicio de agua potable, que ayer estaba en 59.50%

La Plata sirve agua potable a más de 140,000 abonados. Ayer mismo, 50,000 clientes de Bayamón y Toa Alta recibirían agua potable, dijo el gobernador Ricardo Rosselló, quien en la tarde abrió la válvula de la represa.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, destacó que la activación de La Plata permite darle empuje a la economía y abrir escuelas para reanudar las clases en el sistema público de enseñanza.

Por su parte, el director ejecutivo de la AAA, Elí Díaz Atienza, dijo que ahora comienzan un proceso de evaluación de las represas para saber cuánta sedimentación dejó el huracán María y crear un plan de acción.

El Nuevo Día


Investigan traqueteo con suministros

Cinco municipios son investigados por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) ante denuncias de que funcionarios de alto rango de los ayuntamientos retienen los suministros que les proveen el gobierno central y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para los damnificados del huracán María, informaron fuentes de EL VOCERO.

De acuerdo con las fuentes, los municipios investigados son Patillas, San Juan, Arecibo, Aguadilla y Vieques.

La jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez reconoció que han recibido varias querellas al respecto, pero rehusó revelar cuáles municipios son investigados.

“Tenemos agentes del FBI que esta mañana (ayer) se desplazaron a uno de los pueblos de la Isla donde nos informaron que aparentemente se estaba guardando la mercancía, lo que se había entregado por FEMA, y se está guardando para beneficio político de una persona o unas personas para ellos congraciarse políticamente”, afirmó Rodríguez.

La funcionaria sostuvo que los que incurren en esta práctica ilegal se exponen a hasta 20 años de prisión.

“Estas personas podrían estar expuestas a varias violaciones federales y la parte de nosotros son 20 años de cárcel. Exhorto a las personas que lean EL VOCERO y estén en ese momento pensando que ellos lo están haciendo, a que dejen de estarlo haciendo y los entreguen (los suministros) a quienes los tienen que entregar porque hay personas que necesitan eso y eso es inaceptable, que lo estén usando para su beneficio personal en estos momentos de tanta tragedia”, apuntó Rodríguez.

Entretanto, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, indicó que agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) trabajan en coordinación con las autoridades federales.

“Toda aquella irregularidad que se detecte en la entrega de los suministros, o que no esté llegando la ayuda a la ciudadanía, va a ser investigada con mucha rigurosidad, tanto a nivel estatal como a nivel federal”, acotó Vázquez.

“Aquellas personas que dicen que no ven que lleguen los suministros, los suministros se han enviado a los pueblos. Están siendo enviados a los funcionarios de los municipios y aquellos alcaldes que están recibiendo estos suministros que no supervisen la entrega de los mismos a sus ciudadanos, pues obviamente también van a tener que responder por esas acciones porque lo que queremos es que lleguen a las personas necesitadas y no que se estén repartiendo a personas con algún favoritismo. Eso no se va a poder permitir ni en la jurisdicción federal ni en la jurisdicción estatal”, advirtió la secretaria de Justicia.

Explicó que a nivel estatal las personas que se estén aprovechando de su puesto y que como resultado de esto estén beneficien a ciudadanos en particular serán investigadas y procesadas.

“Aquellos funcionarios de alto rango de los cuales hay jurisdicción del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI), se harán los referidos que correspondan por la falta de sensibilidad en llevar estos suministros al pueblo de Puerto Rico que es lo que queremos”, mantuvo.

Sobre ese último punto, Rodríguez comentó que también se podría procesar por negligencia.

“Eso también es una negligencia en el cumplimiento del deber, que es (un delito) estatal, así que por ahí puede empezar y no para, porque hay muchas violaciones envueltas. A nivel federal podemos estar hablando de propiedad que es federal que se ha hurtado”, puntualizó la fiscal federal.

“Mientras tú retienes algo, aunque sea por un momento, uno, dos o tres días, ya tú estás apropiándote de esa propiedad y ahí estamos hablando de casi 20 años de cárcel”, expuso.

“Puede haber conspiraciones, puede haber fraude, puede haber mil delitos que podamos encontrar. Pero, lo importante es que quien lo esté haciendo que deje de hacerlo, lo intenta y no le va a funcionar porque de verdad ya yo mandé un escuadrón del FBI esta mañana (ayer) y no tengo ningún problema a seguir enviando y la secretaria (Vázquez) tampoco porque esto atenta contra nuestra dignidad como pueblo. Hay que ayudar a las personas, esto no es momento de hacer política”, añadió Rodríguez.

Ambas funcionarias explicaron que tanto el gobierno estatal como FEMA llevan una bitácora de lo que se les entrega a los municipios. En ese sentido, Rodríguez destacó que la gran mayoría de los alcaldes está haciendo su trabajo de forma correcta. “No estamos generalizando”, dijo.

Recordó que este tipo de conducta se ha visto en Estados Unidos durante situaciones de emergencia.

Mientras, Vázquez pidió a los ciudadanos que denuncien ante las autoridades este tipo de conducta.

El pasado 14 de septiembre la fiscal Rodríguez anunció la creación del “Puerto Rico Disaster Fraud Task Force” para identificar y procesar criminalmente a personas que incurran en casos de fraude en la solicitud de fondos federales. Este grupo de trabajo está liderado por los fiscales José Capó y Miriam Fernández.

El Vocero