Paraguay: diputados rechazarán cambios a la APP e iniciarían puja contra el Senado
Diputados colorados advierten que rechazarán las modificaciones de la ley de Alianza Público-Privada (APP) aprobadas en el Senado días atrás y que resta poderes al Ejecutivo. Señalan que una legislación vigente no puede ser modificada sin un periodo de aplicación prudencial para ver sus efectos y ratifican que no hay peligro de enajenación de bienes estatales.
En la Cámara de Diputados, el presidente de la República, Horacio Cartes, mantiene una cómoda mayoría a diferencia del Senado, donde el jueves último los colorados disidentes y opositores de línea dura modificaron la ley de APP. Dicho cambio quita las facultades absolutas del Ejecutivo sobre los contratos estatales con el capital privado.
Ramón Romero Roa (ANR), titular de la comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara Baja, adelantó que acompañarán la línea presidencial y preparan el rechazo de la propuesta.
En su argumentación, señaló que cualquier ley vigente de dicha naturaleza requiere un tiempo prudencial de al menos cinco años antes de ser modificada.
Agregó que tampoco se observa ninguna intención del Gobierno de enajenar bienes estatales, que obligaría una acción como esta. Aseguró que incluso en un año y medio de aplicación, el Ejecutivo ha demostrado mucho cuidado en la disposición.
“Tenemos que dejar que se aplique tal como está”, aseguró Romero Roa. Apuntó además que la ley permitió que Paraguay sea observada como un país interesante para los inversionistas y empresarios de la región.
Contratos deben pasar por el Congreso
En contrapartida, el diputado liberal Édgar Acosta, en la última sesión de la Cámara Baja manifestó su apoyo a la modificación de la ley de APP. “Estoy de acuerdo con las modificaciones; no hablo de derogación, sino de devolver al Parlamento lo que constitucionalmente le corresponde”, expresó.
Indicó que esas atribuciones fueron eliminadas, en su momento, lo que no es correcto desde ningún punto de vista. Fue en alusión a que los acuerdos realizados por el Gobierno y el sector privado, en el marco de la APP, ya no pasarían por el Parlamento, según la ley.
En conclusión, el oficialismo rechazaría la modificación de la ley con mayoría simple de la mitad más uno de los presentes. Esta deberá volver a la Cámara de Senadores donde una ratificación necesita 23 votos, pero 29 ya están asegurados. En ese caso el proyecto vuelve a Diputados donde el rechazo requiere la mayoría absoluta de dos tercios del total de miembros, es decir 53 votos.
