Crisis fiscal: bonistas preparan medidas contra el Gobierno por incumplimiento de pagos

Decenas de bonistas que dejarán de recibir sus rendimientos ante el impago de la deuda moral de los bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés) le reclamarán al fideicomisario de la emisión el cumplimiento del contrato de compra, lo cual podría desemboscar en acciones legales contra el gobierno.
La decisión del gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) de no pagar los denominados bonos de apropiación, se espera que provoque una cadena de reclamos, lo cual desde ya pone en alerta a los demás acreedores ante los intentos de reestructuración de toda la deuda pública de $73 mil millones.

Las principales casas de corretaje en la Isla y que habrían vendido el instrumento financiero de los bonos del PFC a bonistas individuales y a entidades en Puerto Rico, deberán reunirse mañana para unificar el reclamo de al menos un 20% de los acreedores, supo EL VOCERO.

Esa es la cantidad mínima necesaria para poder levantar un reclamo ante incumplimiento de pago, aun en una deuda como la del PFC, de la cual el equipo económico del gobernador Alejandro García Padilla insiste en que no hay un impago porque es una deuda moral.

Según el portal Nasdaq, esta deuda se define como bonos de exención de impuestos emitidos por un municipio o un intermediario financiero estatal, el cual está respaldado por la obligación moral -no legal- de un gobierno estatal para asignar fondos en caso de incumplimiento. Son bonos de mayor riesgo y por lo tanto dejan mejores rendimientos.
Como en este caso la Asamblea Legislativa no consignó en el presupuesto los $93.6 millones que se deben pagar el PFC para este año fiscal (del total de principal de $1,090 millones), los acreedores tienen que reclamar primero al fideicomisario, que es US Bank. Esta es la entidad en cuyo fondo no se recibió la asignación para ser pagada.
EL VOCERO intentó conseguir una reacción del US Bank, en términos de si el PFC les ha notificado que no pagarán, pero Pat Swanson, de comunicaciones corporativas de esa institución se limitó a decir que “respetuosamente declinamos hacer comentarios”.

Como en el documento de venta de los mencionados bonos aparece una carta de crédito, esto será un recurso que utilizarían los bonistas para buscar el cumplimiento de la obligación. La carta se activa cuando no se ha consignado la apropiación (separación) del dinero al no aprobarse un presupuesto para el nuevo año fiscal. En este caso sí hubo la aprobación de un presupuesto pero no la asignación de fondos para la deuda.

Otro aspecto es que en ningún lugar del documento se utiliza el lenguaje de “moral obligation bonds”, pero siempre están identificados como “Commonwealth Appropriation Bonds”, que por definición se entiende que es una deuda moral.
Un punto que pudiera ser debatible en este asunto que apenas comienza a discutirse, es si los bonistas locales fueron bien informados, ya sea por los intermediarios del gobierno o las casas de corretaje que les vendieron los bonos del PFC. Eso incluye orientación referente al nivel de riesgo de la emisión y las implicaciones de una deuda moral.

La última emisión del PFC fue en junio de 2012, por $410,665,000 y se estableció que sería únicamente pagada en su principal e intereses por asignación legislativa, y se especificó en el escrito que “la Legislatura de Puerto Rico no está legalmente obligada a asignar fondos para dichos pagos”.

En la transacción participaron como intermediarios UBS FS Puerto Rico, BofA Merrill Lynch, Popular Securities, Santander Securities, Barclays, BBVAPR MSD, Citigroup, FirstBank PR Securities, Oriental Financial Services, Ramirez & Co. Inc, Raymond James/Morgan Keegan y Scotia MSD.

Esta deuda también fue comprada por las cooperativas de ahorro y crédito, por lo cual un impago colocaría en aprietos a varias cooperativas cuyas finanzas podrían peligrar. La Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC), que mediante una estrategia gubernamental alentó a las cooperativas a comprar hasta más de $1,000 millones en deuda pública en el pasado, reconoce ahora que estas podrán recibir un golpe financiero, pero insiste que lo podrán manejar.

El Vocero

Protestaron contra Blue Mountain en Nueva York

Una coalición de grupos llevó ayer a cabo una protesta en Nueva York frente a las oficinas de la firma de inversiones Blue Mountain, uno de los fondos que tiene una alta cantidad de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y ha combatido los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico por tener un mecanismo para reestructurar su deuda pública.

La convocatoria fue hecha por el grupo “Hedge Clippers”, que reúne a organizaciones sindicales, educativas y comunitarias. Decenas de personas se acercaron a la oficina de Blue Mountain, en el número 280 de Park Avenue, en Manhattan.

“Es inaceptable lo que le están haciendo a Puerto Rico. Actúan contra la gente más vulnerable, realmente como buitres”, indicó David Galarza, líder sindical puertorriqueño en Nueva York.

Junto a la firma de inversiones Franklin y Oppenheimer, Blue Mountain ha liderado los esfuerzos en contra la ley criolla de quiebras y ayudado a frenar los proyectos en el Congreso dirigidos a ofrecerle a las empresas públicas de la Isla, como la AEE, el mecanismo del capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

Galarza indicó que intentaron, sin éxito, hablar o llegar hasta las oficinas del presidente de Blue Mountain, Andrew Feldstein.

Es la segunda protesta formal convocada en Nueva York para denunciar a las firmas de inversiones que bloquean el acceso del gobierno de Puerto Rico a un mecanismo general para reordenar su deuda pública, que se acerca a los $73,000 millones.

El Nuevo Día