Trabajadores se movilizaron en contra de la reforma laboral del gobierno de Rosselló

Concurrida marcha sindical hacia el Centro de Convenciones 

Aunque en horas de la mañana de ayer cientos de manifestantes ocuparon un carril del puente Dos Hermanos en Condado para luego dirigirse en marcha hacia el Distrito de Convenciones en rechazo a la Reforma Laboral y las medidas de austeridad apuntadas por la Junta de Control Fiscal, el tráfico fluyó con normalidad y fue manejado efectivamente con limitada presencia policiaca.

En contraste, los alrededores del Centro de Convenciones mostraron extrema presencia policiaca incluyendo agentes de la Unidad de Operaciones Tácticas. Allí el tránsito no fluyó con normalidad. La Policía esperaba entre 800 a 1,200 participantes, tras el anuncio de organizaciones magisteriales y cívicas que se unieron a la convocatoria. En el lugar se celebra un caucus entre funcionarios del gobierno, el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión III, y miembros de la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

Entre las organizaciones que se dieron cita se encontraron la Federación de Maestros, la Union Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado; el líder comunitario y representante del movimiento Resuelve Comunitario, Leslie Nieves, la Unión General de Trabajadores (UGT) , la Federación Central de Trabajadores (FCT), entre otras, así como grupos civiles.

Para las diferentes organizaciones se separaron espacios frente a los predios del Hotel Sheraton. Personal de la Policía, en unión a líderes obreros, visitaron las facilidades donde se celebrarían los eventos para determinar el área de manifestación, ubicación de equipos de sonido y tarima rodante.

Aunque a las afueras del Sheraton la inscripción de los participantes del caucus transcurrió en tranquilidad, protegidos por barricadas de oficiales, cuando los manifestantes llegaron al lugar después se dieron momentos de tensión cuando intentaron ingresar al precinto. No obstante, el comité de seguridad de la UIA logró persuadir a los compañeros de línea de piquete para que no insistieran en entrar.

José Ortega, presidente de UPAGRA, manifestó que, “Estamos aquí como debe estar cada puertorriqueño todos protestantes en contra de las medidas que se han impuesto que son todas en detrimento al trabajador, quitando leyes y eliminando beneficios . De ninguna manera quitando derechos a los trabajadores la economía se va a recuperar y las medidas no van a producir ningún empleo. Esto solamente es para beneficiar los grandes intereses y lamentablemente solo va a llevar a que lleguemos a una crisis humanitaria”.

Concurrió el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, José Torres Rosario, expresó que, “hoy hay una Junta Fiscal atendiendo los problemas de Puerto Rico los cuales no va resolver. Tenemos un Gobierno que le ha hecho eco y que ha ido en contra de los trabajadores del sector privado primero y ahora con las leyes que está haciendo en contra de los empleados públicos. Nosotros tenemos que repudiar todo tipo de represión contra los trabajadores. Aquí la soga está partiendo por lo más fino está partiendo por los esfuerzos del pueblo trabajador que tiene que levantarse que tiene que buscar la manera de defenderse y hoy aquí los estamos viendo”.

Por su parte, José Rodríguez Baez, presidente de la Federación de Trabadores de Puerto Rico AFR62 y representante de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, exhortó a que, “El pueblo de Puerto Rico hace un llamado para rescatar todos los derechos han quitado y eliminado. Tenemos que levantar una voz fuerte y hacer una lucha contundente. Es una lucha que no vamos a dejar caer hasta lograr derogar y rescatar lo que nos han quitado”.

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Ricardo Rosselló defiende su plan

El gobernador Ricardo Rosselló anunció dos medidas que permitirán pagar parte del compromiso con las obligaciones generales. La primera será transferir a un fideicomiso $146 millones del fondo del claw back depositado en el Banco Popular.

Según el Gobernador, este dinero estaba “atrapado” y “no tenía ningún uso para el Gobierno”, por lo que se le otorgará “a aquellos que invirtieron en Puerto Rico” como parte de su política de cumplimiento con los acreedores.

En segundo lugar, el Gobernador anunció que estará pagando $1.3 millones de intereses de las Obligaciones Generales que se dejaron de pagar el pasado 1 de febrero.

Acompañado del presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Rodrigo Masses, el primer mandatario llegó al salón en el hotel Sheraton en San Juan, donde se llevó a cabo la conferencia “Del plan a la acción, con el Gobernador somos uno” como parte del “Caucus con el Gobierno” organizado por la AIPR.

“Yo quiero ser uno con ustedes también”, dijo Rosselló a la audiencia luego de repasar las medidas aprobadas durante sus primeros cuarenta días de mandato y que incluyen la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, que provocó senda manifestación a las afueras del hotel.

Rosselló aseguró que seguirán identificando fondos que le permitan cumplir con el pago de la deuda “dando prioridad a los servicios esenciales”, aunque el Gobierno aún no ha definido cuáles serán los servicios que entrarán en esa categoría.

El Gobernador aprovechó para distinguir su “ley de cumplimiento” de la ley de moratoria de Alejandro García Padilla.
“Estas acciones denotan el cambio significativo de política pública de nuestra administración, restableciendo la credibilidad en Puerto Rico”, añadió.

Primera Hora