María Elena Naddeo, Presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos: “Se está configurando un paradigma represivo muy grave en Ecuador”

Entrevista a María Elena Naddeo, Presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Por Darío Martelotti*, especial para NODAL

Tras el levantamiento popular en Ecuador, que antecedió el estallido social en Chile y el Golpe de Estado en Bolivia, una Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos visitó el país para analizar los hechos represivos y las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas contra el “Paquetazo” de Lenín Moreno y el FMI.

Allí, referentes de la lucha por los derechos humanos de Argentina, Chile y México mantuvieron entrevistas con la Defensoría del Pueblo de y se reunieron con dirigentes, presas y presos políticos, familiares de víctimas y periodistas de medios alternativos. También estuvieron en la Fiscalía General y fueron recibidos por el bloque de la Revolución Ciudadana de la Asamblea Legislativa.

Tras una semana en el país, constataron el incumplimiento de los derechos básicos de libre expresión y protesta, la persecución y demonización a referentes sociales y agrupaciones políticas y la existencia de detenciones arbitrarias con el fin de atemorizar a la población.

“Se está consolidando un nuevo paradigma muy grave en Ecuador, que se relaciona con la construcción de un enemigo interno conformado por aquellas organizaciones y movimientos sociales que cuestionan las políticas de ajuste”, sostiene María Elena Naddeo, Presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e integrante de la comitiva junto a David Peña, abogado defensor de derechos humanos de México, y Haydee Oberreuter, coordinadora de la Asociación de Detenidos Políticos de Chile.

En esta entrevista Naddeo desarrolla las conclusiones de la visita, habla de una “tensa calma” y advierte sobre la utilización de la Justicia para perseguir, amedrentar y encarcelar a la oposición política, estrategia que tiene como caso paradigmático a la organización barrial Tupac Amaru y a su líder indígena Milagro Sala en Jujuy, Argentina. “El diálogo entre Moreno y las agrupaciones está dañado”, denuncia.

-¿Con qué situación se encontraron en el país?

-Con una situación preocupante. En primer lugar, el Estado de Excepción fue ratificado por 30 días, del 7 de octubre al 7 de noviembre. Si bien las comunidades se han retirado de la Ciudad y ya no hay paro ni movilizaciones, por lo cual en las calles hay una aparente tranquilidad, lo que hemos visto y conversado es que hay una profunda incertidumbre y una tensa calma, y que si continúan las detenciones o no son liberados rápidamente los detenidos por razones políticas, puede haber nuevos levantamientos. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) firmó el acta de acuerdo por el cual se suspendió el Decreto 883 y levantó la movilización y el paro, sus principales dirigentes posteriormente a eso también han sido denunciados por el delito de rebelión.

-El saldo de la represión durante las protestas iniciadas el 3 de octubre fue de 9 muertos y más de 1100 detenidos. ¿Qué delitos y vulneraciones a los derechos humanos pudieron constatar?

-Pudimos constatar distintas violaciones a los derechos humanos, en particular las detenciones policiales arbitrarias, sin fundamentos, tanto en el momento de las movilizaciones como cuando se levanta el paro el 14 de octubre. En ambos momentos se libran órdenes de arresto y allanamiento a dirigentes políticos que no habían estado directamente involucrados en la protesta pero sí habían adherido públicamente. Uno de los militantes políticos de Revolución Ciudadana y de medios alternativos que es Cristian González fue detenido con el argumento de que en 11 twits había llamado a participar de la movilización y de la lucha contra el Gobierno Nacional. Del mismo modo a la Prefecta de Pichincha Pabón y también a otros militantes políticos y delegados de las comunidades indígenas. También fueron detenidos dirigentes de otros partidos, por ejemplo el Prefecto de Sucumbíos. Digo esto porque la imputación es el delito de rebelión, con lo cual se están violentando principios básicos de la libre expresión, de la libre manifestación y de la participación política. Por eso es tan grave la coyuntura y el nuevo paradigma que se está consolidando en Ecuador: la construcción de un enemigo interno que tiene a los opositores políticos y a los movimientos sociales, que cuestionan las políticas de ajuste, como el blanco perfecto. Esto ha generado un clima de mucho terror y temor muy paralizante, incluso notamos que una parte de la militancia política se ha ido de las ciudades y muchos han pasado a la clandestinidad, por temor a posibles represalias. A su vez han sido hackeadas y dadas de baja cuentas de Twitter y Facebook, de medios alternativos y de activistas políticos y sociales. Este es el clima que se está viviendo en Ecuador.

-¿Existe un proceso de criminalización de la protesta social?

-Absolutamente. Todos los decretos, el estado de excepción, el toque de queda, las órdenes de allanamiento y detención, todo esto constituye un proceso de criminalización de la protesta y de violación al legítimo derecho a la protesta, a la movilización pacífica y al ejercicio de la libre expresión. Son derechos fundamentales que están consagrados en los tratados internacionales y que han sido absolutamente violentados. Y un uso brutal de la Fuerza que excede todos los protocolos recomendados por Naciones Unidas. La indignación y la sorpresa de todos los entrevistados, de todos los que participaron de las movilizaciones, muchos de manera espontánea, muchos autoconvocados, que veían unas fuerzas de seguridad una accionar de la policía federal con un nuevo procedimiento de absoluta autoridad, de agresividad contra todos los manifestantes, de insultos absolutamente innecesarios al hacer las detenciones, incluso dentro de las Comisarías y los Centros de Detención. Los perdigones arrojaron un saldo de más de 15 pérdidas de ojo, además 9 muertos confirmados. Uno de los primeros es uno de los dirigentes de la CONAIE al que le revienta una granada de gas lacrimógeno en la cabeza.

-El pasado 13 de octubre, luego de 10 días de multitudinarias protestas, Lenín Moreno anuncia la derogación del Decreto 883, los movimientos indígenas suspenden las medidas de fuerza y ambas partes comienzan una mesa de diálogo. Diez días más tarde, la CONAIE denuncia la persecución y el hostigamiento por parte del Gobierno. ¿En qué estado se encuentra hoy ese diálogo?

-El diálogo en principio está dañado, por el intento por la investigación judicial que se genera después de haber levantado la huelga. O sea que hay una tensa calma según las expresiones de los delegados indígenas: no van a seguir negociando si se mantiene la persecución judicial a sus referentes. Así que ahí hay un problema serio, pero también es cierto que hay un estado de parálisis de las agrupaciones políticas por el miedo y el terror que el Gobierno ha instalado.

-Al levantamiento en Ecuador le siguió un estallido social sin precedentes en Chile, donde aún el desenlace es incierto. ¿Cuál es tu reflexión sobre el presente de América Latina?

-En principio creo que hay un hilo conductor en los sucesos de Chile y Ecuador que tiene que ver con una población que no soporta más las políticas de ajuste, que dice basta a los dictámenes del FMI y la Carta de Intención firmada con los organismos de crédito que obliga a los estados latinoamericanos a reducir los presupuestos y a recortar derechos sociales y económicos, tanto en la salud como en la educación, las jubilaciones y las tarifas, que fue la gota que rebalsó el vaso en el caso de Ecuador. Pero lo que estamos viendo es que hay una decisión de los sectores populares de resistir las medidas de ajuste y recorte presupuestario, y esto es muy positivo. Desde el punto de vista social y político, hablan de una conciencia más clara de que realmente las políticas de ajuste han generado daños muy graves al conjunto de las poblaciones. Por otro lado lo que vemos es también una elite, integrada por los sectores económicos dominantes y sus representantes políticos, que cada vez más ejerce con más crueldad y más ferocidad las respuestas represivas. Son gobiernos que en vez de generar actos de diálogo para resolver los conflictos utilizan el poder represivo del Estado sin respetar ningún derecho ni ningún principio básico, incluso violentando las normas institucionales de cada país.

-¿Qué similitudes ves con otros países de la región?

-Me parece que es un proceso similar al que vemos en Brasil, al que vimos en otros países latinoamericanos y al que también vivimos nosotros en Argentina, la persecución a la agrupación Tupac Amaru, la detención de Milagro Sala y sus principales referentes, los funcionarios y ex funcionarios políticos perseguidos y encarcelados, la represión a las movilizaciones populares… El tema es que en la Argentina ha habido niveles mayores de resistencia y organización social y política más alta que posibilitaron en cierto sentido frenar el ajuste, por lo menos frenar la reforma laboral y otros paquetes que se venían preparando. Y que además hay una alternativa política que se presentó y triunfó en las elecciones y canaliza el malestar creciente en la sociedad. En Bolivia es un proceso distinto, donde la derecha utilizó todas las herramientas destituyentes contra Evo Morales y logró consumar un Golpe de Estado para impedir que se profundice el proceso de reforma boliviano.

-¿Cómo seguir frente a este panorama?

-Es preciso activar la solidaridad internacional a fin de reclamar el fin de todo proceso persecutorio, el cese del uso de la prisión preventiva como herramienta habitual en el sistema de justicia, y frenar este neofascismo que vemos entronizarse con esta suerte de golpes de estado de nuevo tipo suspendiendo la vida democrática. Una maquinaria del mal de articulación política y judicial que hemos visto crecer y desarrollarse en nuestros países de América, en la Jujuy y la Mendoza de la Tupac Amaru, y en las movilizaciones populares y que debe ser desterrada de las prácticas políticas contemporáneas.

* Periodista


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