Lawfare: delito y técnica colonialista – Por Gastón Harispe

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Por Gastón Harispe *

Lawfare es una palabra compuesta que combina “ley” con “guerra”, lo cual es una perversa genialidad de dos conceptos casi antagónicos: el orden de los derechos y las garantías y el caos de la guerra, en la que no hay leyes ni reglas de juego o de convivencia. Eso es el lawfare, un oximoron: utilizar las instituciones de la democracia republicana –limitada pero única forma de representación social e institucional por lo menos de occidente pero universalidada- para derrotar al enemigo político mediante las técnicas aggiornadas de la persecución y el aniquilamiento ciudadano de los gobiernos y dirigentes populares en distintas partes del mundo, pero especialmente en Sudamérica.

La técnica tiene más o menos métodos protocolizados. Políticos neoliberales denuncian en diarios y televisión supuestos delitos económicos; jueces o fiscales instruidos en doctrinas del common law que explicitan que la ley es lo que dicta el juez, intervienen “de oficio”. Se construyeron causas apoyadas en inteligencia ilegal desde los gobiernos tomados, con verdaderas redes mafiosas encabezadas por los Ministros de Justicia como los ex Jueces Moro de Brasil y Garavano de Argentina. En general caratulan con penas en expectativas alta bajo figuras inverosímiles como Asociación Ilícita, para lo que se hacen detenciones preventivas “por si acaso se fuera a escapar”. En muchos casos se detiene o detuvo “preventivamente” a los dirigentes políticos populares, progresistas o de izquierda perseguidas judicialmente con la excusa de que había riesgo de fuga. Inclusive, “para que no entorpezca la investigación” el aparato judicial aprieta a los perseguidos con la idea de que no deberían defenderse públicamente. La declaración indagatoria, institución principal de las garantías, que es donde el imputado puede defenderse, ha sido violada sistemáticamente por lo que han sucedido detenciones sin este derecho “por riesgo de fuga”.

Jueces, fiscales, medios de comunicación y políticos sin votos pero amigos de los jueces y los medios garantizan la aplicación de doctrinas judiciales emanadas de las peores usinas antidemocráticas pergeñadas en el Departamento de Estado Norteamericano y aplicadas en los manuales militares norteamericanos del Comando Sur. Aplican los nuevos métodos de sometimiento de los sistemas políticos democráticos a una renovada estrategia de dominación “del patio trasero norteamericano” aparecidos en 2001 en los manuales de guerra norteamericanos, ensayados en la primavera árabe y con adaptaciones, puestos en marcha en nuestra región unos años después con el “mensalao” –caso de procesamiento por corrupción de supuestas mensualidades pagadas a diputados brasileros de la oposición- que verdaderamente esmeriló al gobierno del entonces Presidente Lula. En 2005 paralelamente se procesó a funcionarios argentinos por el caso “Skanka” por supuestos sobornos. El caso lo cerró la Corte Suprema en 2011 pero en 2015 fue convenientemente reabierto. 2015 fue un año de muchos procesamientos mediáticos y jurídicos en Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia, de escalada de violencia en Venezuela sumado a la profundización del bloqueo económico. Probablemente ese año deba ser mencionado como de aceleración de la estrategia colonial de intervención en la región en el marco de una guerra no cinética, híbrida o de cuarta generación. En 2015 vino el “petrolao” o “Lava Jato” brasilero que en 2016 impidió a Lula ser Jefe de Gabinete de Dilma Rouseff. Semanas después es destituida la ex presidenta brasilera por manejos de partidas que luego resultaron legales.

A Lula le revocaron las sentencias y goza nuevamente de todos los derechos ciudadanos. Su detención fue ilegal y estuvo ordenada y ejecutada por los norteamericanos, como le dijo el jefe de fiscales de Lava Jato en Telegram: “regalito de la CIA”. En enero de 2018 entre el Diario Clarín y el fallecido Juez Bonadío armaron la “Causa de los Cuadernos”, que buscó como otras causas la detención de ministros, funcionarios y empresarios argentinos, entre ella la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En 2019 vino la causa de los cuadernos de Ecuador que era una copia parecida a la anterior, donde un supuesto apuntador anotaba aportes de campaña. A Cristina y Correa como a sus ministros les hicieron enormes cantidades de causas que se van cayendo como la del departamento de Lula.

Dos vicepresidentes presos como Amado Boudou de Argentina y Jorge Glass de Ecuador. Ministros, funcionarios, legisladores, gobernadores y dirigentes sindicales y sociales como Milagro Sala y Luis Delía entre cientos detenidos y procesados, fueron el resultado de un ciclo que todavía no está terminado.También hay que mencionar la detención de dirigentes empresarios. Hubo una verdadera usurpación de espacios vacíos de áreas de negocios vacantes y personerías jurídicas de empresas que quedaron en manos de amigos de los gobiernos neoliberales impuestos. Se impuso por la técnica de la persecución y el terror una verdadera inseguridad jurídica.

Las causas judiciales del lawfare no buscaron la transparencia de una economía libre de corrupción, sino la eliminación del enemigo político y la destrucción y sometimiento del aparato productivo de los países autónomos y emergentes.Está demostrado que las Cortes Supremas o Tribunales Superiores de Justicia de sistemas federales y provinciales son sujeto de presiones, financiamiento y capacitaciones para el ejercicio de sus intromisiones ilegales en asuntos internos. La soberanía jurídica es vital para estabilizar las democracias, en el marco de una estrategia de seguridad nacional y regional que nos asegure relaciones normales con otros, especialmente con Estados Unidos. El proyecto “Pontes” en Brasil desde 2009 y las capacitaciones de la Embajada norteamericana en Argentina, Uruguay y seguramente toda Sudamérica sobre reformas judiciales y leyes de procedimientos penales son temas para abordar desde Estados soberanos, universidades, congresos y asambleas nacionales y provinciales.

Quisieron tener en el mismo sitio a los dos últimos presidentes de los países más importantes del ciclo independentista y latinoamericanista de nuestra región y con ello sepultar el ciclo de 15 años de UNASUR, CELAC. Que estuvo al borde de reemplazar el modelo extractivista de materias primas y de capitalización por exportación de commoditys para la industrialización en el marco de la sustitución de importaciones por producción propia, del bloque sudamericano.El objetivo fue imponer el endeudamiento externo como sometimiento a los sectores financieros internacionales y la desindustrialización, la fuga de capitales, la imposición del agronegocio, la caída del salario real y la capacidad de compra de la sociedad para debilitar los mercados internos y conseguir sus aperturas para productos extranjeros a la vez que capturar recursos naturales de esta región.

El caso de Bolivia testimonia la naturaleza intervencionista nortamericana. El golpe más duro de los golpes blandos contó con el apoyo de OEA y la declaración explícita de Trump y de todos los gobiernos títeres sudamericanos que habían quedado en pie, de apoyo al nuevo gobierno oligárquico de facto.

El lawfare es entonces una técnica o procedimientos surgidos de la adaptación e interpretación de leyes que violan las garantías procesales. En la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur estamos trabajando en dos proyectos de recomendación a los Estados partes. Uno de revisión de las causas donde corrieren nulidades por aplicación del lawfare y otro contra la aplicación de este método donde se promuevan sanciones a jueces, fiscales –agravado- periodistas y políticos que hubiesen incurrido en esto que es a todas luces un delito.

* Presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur


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