Perú | Liberan a estudiantes y manifestantes detenidos durante la represión en universidad

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Liberan a todos los detenidos y la universidad San Marcos recién admite abuso policial

Por Óscar Chumpitaz

La Policía está enfrentando un vendaval de críticas tras la dura intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sobre todo por la detención de más de 190 alumnos y manifestantes provenientes de provincias que estaban en el campus.

Según el acta de intervención policial, al que tuvo acceso La República, de ellos, 192 estaban acusados por los presuntos delitos de usurpación agravada, contra el patrimonio, daños y robo agravado; mientras que otros cuatro detenidos en la residencia universitaria por presunta comisión de terrorismo.

En este último caso, el documento no precisa qué fundamentos o indicios vinculan a los detenidos con ese delito. Se les inculpaba a los dirigentes estudiantiles de la UNMSM.

No obstante, el abogado y exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra precisó que durante la intervención y luego de las detenciones no se incautó nada que los involucre en daños, disturbios o terrorismo.

Agregó que a los detenidos se les decomisó celulares y lo poco que tenían. “La presidenta Dina Boluarte los ha puesto en una situación de grave vulnerabilidad”, expresó.

Pues bien, ayer, después de permanecer más de 30 horas detenidos, fueron liberados 192 de los 193 detenidos durante la intervención policial en el campus de San Marcos, manifestó el Ministerio Público, que sostuvo que pasaron por exámenes médicos legales y por la toma de declaración de cada uno de ellos y de los policías intervinientes.

Cero pruebas

“El fiscal provincial penal ha dispuesto la libertad de 192 personas, quedando una por tener requisitoria. Se continuará con la investigación en el marco de la denuncia por los delitos patrimoniales de la San Marcos”, dijo.

Señaló también que respecto a las tres personas vinculadas al delito de afiliación a una organización terrorista, el fiscal provincial especializado ordenó la libertad de dos de ellas y una está en calidad de citado mientras duren las investigaciones.

La mayoría de los detenidos empezaron a salir desde la tarde de ayer, encontrándose con sus familiares y amigos en los exteriores de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote). Denunciaron que no se les devolvió sus pertenencias incautadas.

Por la noche se coordinó con el Inabif para que fueran trasladados a sus lugares de origen; sin embargo, se vio a buen número de manifestantes provincianos en San Juan de Lurigancho, por la Línea 1 del Metro.

Sobre la liberación de los detenidos por no tener pruebas contundentes, el ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que eso dependía de la Fiscalía. Aunque dijo que en la UNMSM se hallaron “víveres y panfletos que estaban en investigación de la Dircote”. Agregó que la PNP realizó “una labor impecable porque no hubo ni un herido”, esto pese a los tratos humillantes registrados.

Se lavan las manos

El Ministerio del Interior y la Policía perdieron el apoyo de la San Marcos. Ayer, luego de que la rectora Jeri Ramón fuera cuestionada por defender el retiro de las personas refugiadas en el campus, las autoridades de la universidad, a través de un comunicado oficial, recién denunciaron que la Policía se excedió en sus funciones porque se le solicitó “únicamente” la liberación de las puertas tomadas.

Las autoridades de la San Marcos señalaron que, en evidente uso de la fuerza, la PNP ingresó sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni de representantes del Ministerio Público. “Denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos arbitrariamente”.

Asimismo, rechazaron la intervención de la Dircote en la Residencia Universitaria, que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a los residentes sanmarquinos.

Dijeron que la PNP intervino “por una denuncia”, pese a que antes señalaron que “actuó de oficio”. Esta posición fue distinta a la mostrada por la rectora de San Marcos, quien justificó la toma de la universidad. “No sabía que iban a entra con tanques”.

En tanto, el abogado Jimmy Sotomayor rechazó “la actuación abusiva y desproporcionada de la PNP”. Asimismo, hizo un llamado de atención severo a la Fiscalía, dado que “se debió resolver la situación jurídica de los detenidos el sábado en la noche, pues se terminó con el total de las diligencias, no quedando ninguna pendiente”.

Y agregó: “Debemos recordar que el Código Procesal penal y la Constitución, en su artículo 2, numeral 24, literal f, señala que el plazo de 48 horas de detención en casos de flagrancia es un plazo máximo, que solo se justifica si es que existen diligencias urgentes e inaplazables por realizarse”.

En la profundización de estos cuestionamientos contra la PNP, diversos organismos defensores de derechos humanos denunciaron violaciones a la integridad y los derechos de los estudiantes y manifestantes por parte de las fuerzas del orden.

La abogada feminista Marisol Fernández indicó que estudiantes, campesinos quechua y aimara hablantes se encontraban en las sedes policiales sin poder entender buena parte de lo que estaba sucediendo hasta que llegaron intérpretes.

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) informó que en el operativo fueron detenidos tres comunicadores que habían llegado de Puno.

Se trata de la enviada especial de Fama TV, Paty Condori Huanca; el reportero de Radio Huancané y Líder TV, Percy Pampamallco Yancachajlla; y el reportero de Radio Sudamericana de Juliaca, César Huasaca Abarca.

Oficiales al mando

En la intervención a San Marcos participaron 563 policías a cargo del coronel Frank Chang Campos, jefe de la División de Servicios Especiales (Divseesp) de la Región Policial Lima.

El comandante Jorge Celadita Fuentes, jefe del Departamento de Servicios Especiales Centro Águilas, llegó al mando de cien efectivos; mientras que el mayor José Solari Chillcce, jefe del Departamento del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR), tenía a su cargo 70 agentes, entre otros oficiales.

Aunap rechaza intervención de la universidad

La Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap), que representa al 80% de las públicas, rechazó la intervención policial.

“Reconocemos el importante aporte de la San Agustín de Arequipa, entre otras, que ha dispuesto el apoyo legal para sus estudiantes y facilitar su retorno”, dijo. Saludó también la decisión de la UNI sobre albergar a alumnos de provincias.

Exhortó al Congreso a deponer sus intereses privados y aprobar de inmediato el adelanto de elecciones.

Acta de intervención policial

El documento da cuenta de los cargos por los que fueron detenidos los estudiantes y manifestantes.

La palabra

Ronald Gamarra. Abogado

“No se incautó nada que los involucre en daños, disturbios ni terrorismo. A los detenidos se les incautó celulares y dinero. Ahora ¿dónde se quedarán, qué comerán y cómo se comunicarán con sus familiares?”.

La República


Arbitrariedades y vejámenes durante la detención de manifestantes de universidad San Marcos

Por Gabriela Calle

Jennie Dador, directora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, comunicó denuncias graves sobre lo que habría hecho la Policía con mujeres detenidas en San Marcos, este sábado 21. Dador declaró que a los detenidos los habían mantenido sin dejarlos ingerir alimentos o tomar agua hasta las 4 de la tarde.

Además, entre los detenidos había una mujer gestante, una niña de 8 años detenida con su madre y ancianos de 80 años. También señalo que habían declarado que estaban haciendo desnudar a las mujeres, lo cual no corresponde, y mucho menos buscar droga en sus partes intimas. Informó que desde su organización y otras presentaron Hábeas Corpus por las arbitrariedades que cometieron en estas detenciones.

La Defensoría del Pueblo también se pronuncio al respecto. A traves de su cuenta de twitter mencionaron que en el caso de mujeres detenidas las revisiones no deben afectar su integridad e incolumidad corporal. También recordaron que se debe garantizar apoyo y trato diferenciado en caso de mujeres detenidas, dada su condición de vulnerabilidad al ser quechuahablantes u otros factores de riesgo.

Abogados denuncian maltratos y ausencia de fiscal

Renata Bregaglio, abogada de DDHH y Discapacidad, quien se ofreció voluntariamente para la defensa legal de los detenidos, contó en su cuenta de twitter lo ocurrido.

Ella asegura que la detención en la ciudad universitaria se llevó a cabo sin presencia fiscal y sin que se les explicara las razones. Como se pudo ver en las imágenes difundidas por los medios, fueron obligados a tirarse al piso. La abogada menciona que fueron agredidos con insultos racistas. Además, contó que las personas personas detenidas mostraban cierta desconfianza con los abogados limeños que se presentaron. Y finalmente, al ver que pasaba el tiempo y no habían señales de apoyo, terminaron por aceptar su asistencia legal.

En su hilo, cuenta que la acusación fiscal es por usurpación agravada. Sin embargo, señala que muchas personas detenidas dormían fuera del campus y acababan de llegar a la universidad para desayunar. Además, se detuvo también a estudiantes que habían ido a llevar comida. Luego, la policía les hizo firmar actas y documentos cuando aún no había presencia de abogados/as. Y cuando los abogados llegaron, las conversaciones entre clientes-abogado se daban frente a la policía sin garantizar privacidad.

Los detenidos contaron que les incautaron celulares, dinero, banderas del Perú y carteles con consignas de protesta. Señala que no encontraron armas de ningún tipo. Muchos de los detenidos eran quechuahablantes, a los que no se les ofreció intérprete porque hablaban castellano a medias.

Falta de intérpretes para personas quechuahablantes entre detenidos de San Marcos

Renata Bregaglio menciona que incluso ridiculizaban el pedido diciendo “pero si él entiende”. Sin embargo, la diferencia de lo declarado, con o sin intérprete, era abismal, señala. Los interpretes que hicieron el trabajo fueron del Ministerio de Cultura, no de la Fiscalía quien debía facilitar el servicio.

Como se sabe, habían mujeres embarazas y personas mayores. Algunas con malestares médicos. La abogada cuenta que el equipo del SAMU demoró más de 5 horas en llegar y se los tuvo sentados en una silla por más de 12 horas. En ningun momente se les ofreció una camilla o sofá.

Por su parte, la abogada Rocío Trujillo, expuso el caso de un manifestante de 72 años que requería atención médica y no le proporcionó.

Trabajo de la Fiscalía y Poder Judicial

Bregaglio criticó especialmente el proceder de la Fiscalía, ya que los mantuvieron esperado más de 10 horas para que la fiscalía penal de turno inicie diligencias. Cuenta que al final mandó equipo de apoyo, que solo tomaba declaraciones, pero no podía decidir liberación.

Otros abogados también mencionaron que la fiscalía demoró 8 horas en hacerse presente y, al cirre de esta edición, la mayoría de los detenidos seguís en esa condición.

De otro lado, los abogados Mirtha Vásquez y Ronald Gamarra informaron que se ha presentado un Hábeas Corpus en favor de todos los detenidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, ningún juez se ha hecho presente en las instalaciones de la policía para verificar su situación legal y garantizar el respeto de sus derechos. Además, que los Habeas Corpus son acciones inmediatas que buscan evitar se concrete una privación de libertad arbitraria, pero su admisión fue notificada recién 27 horas después por el Poder Judicial.

En la tarde – noche de este domingo comenzaron las liberaciones de los detenidos. Pero los abogados de casi 200 personas detenidas denunciaron que la policía y la fiscalía no les devolvieron su DNI, celulares ni dinero. Están en la calle.

El Búho


Reportan 78 bloqueos y acciones de protesta en 28 provincias

De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo se han registrado este domingo 28 acciones colectivas de protesta, lo que implica, movilizaciones, paralizaciones y/o bloqueos de vías en 28 provincias.

Añadió que ello equivale al 14.3% del total de provincias a nivel nacional.

Detalló que se registraron movilizaciones y concentraciones en siete provincias: Andahuaylas, Chincheros, Acobamba, Huancavelica, Lima Metropolitana, Carabaya y Yunguyo.

Además, se paralizaron actividades en dos provincias: Andahuaylas y Chincheros.

Se reportó bloqueos de vías en 23 provincias: Padre Abad, Pachitea, Huánuco, Ica, Andahuaylas, Calca, Urubamba, Quispicanchi, Canchis, Chumbivilcas, Melgar, Azángaro, Carabaya, Tahuamanu, Tambopata, Lampa, Huancané, Moho, San Román, Puno, El Collao, Chucuito, Islay.

También se realizó una marcha por la paz en Ica.

Además. indico que, de acuerdo a la Sutran se reportó 78 puntos de bloqueo.

Violencia en Puno y Arequipa

La Defensoría también dio cuenta del ataque a la Comisaría de La Joya (Arequipa).

Así como de la quema y daños a oficinas de SENASA, SUNAT, PNP y Migraciones en Yunguyo (Puno).

Del mismo modo, señaló que hay convocatorias anunciadas por las organizaciones sociales. Se trata de movilizaciones y concentraciones: en Lima el lunes 23 y martes 24. Así como paralizaciones en Pichanaqui (Junín) el martes 24.

Cifras de personas fallecidas

– 45 civiles, en enfrentamientos.

– 9 civiles, por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo.

– 1 policía, por hechos de violencia en el contexto del conflicto.

Cifras de personas heridas

Total de heridos: 772 personas al 20/01/2023 (fuente: Minsa).

– 2023 (del 1 al 20 de enero): 379 heridos – 2022 (del 07 al 31 de diciembre): 393 heridos.

Total de heridos: 442 policías al 10/01/2023 (fuente: PNP).

– 2023 (del 04 al 10 de enero): 142 policías heridos.

– 2022 (del 07 al 18 de diciembre): 300 policías heridos.

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