Perú | Pedro Castillo solicita su liberación ante la CIDH y la Fiscalía inicia investigación en su contra

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Pedro Castillo solicita a la CIDH su libertad y que se le restituya como presidente del Perú

Por Diego Casimiro

El exministro de Defensa Walter Ayala presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que este órgano de la Organización de Estados Americanos ordene al Estado peruano la inmediata libertad de Pedro Castillo, así como la restitución de su patrocinado como presidente del Perú. El letrado oficializó solicitud ante la demora de los juzgados constitucionales nacionales en resolver los recursos de amparo a favor del exmandatario.

«Ante demora injustificada del Poder Judicial en resolver amparo, Pedro Castillo solicita a la CIDH su restitución como presidente constitucional del Perú, y su inmediata libertad. En los próximos días habrá novedades», anunció Ayala.

Ayala da a conocer la pretensión de Castillo Terrones luego de que la Fiscalía de la Nación formalizara la investigación preparatoria contra el exmandatario por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias en agravio del Estado. Esto en el marco de los casos Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

A estos casos se le suma el de los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, en 2021. En esta diligencia se encuentra implicado el exministro Walter Ayala. En noviembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, rechazó una tutela de derechos del extitular de Defensa con la que buscaba no ser investigado por el presunto delito de organización criminal.

Ayala Gonzáles apeló la decisión, por lo que se elevó el expediente a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Dicha instancia declaró bien concedida la apelación del exministro. Ahora, se deberá programar la vista de la causa para resolver el recurso del exjefe del Mindef.

Segunda solicitud

Esta es la segunda solicitud a favor del expresidente Pedro Castillo, quien está recluido en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado que intentó perpetrar el 7 de diciembre.

El 10 de diciembre, la abogada María Hurtado Ambrosio presentó un pedido ante la CIDH: «A la fecha, han ordenado detención arbitraria del presidente Pedro Castillo Terrones, quien fuera elegido democráticamente. La única esperanza es que esta CIDH atienda esta solicitud de manera urgente, declare fundado y ordene reponer en su cargo de presidente a Pedro Castillo Terrones”.

La letrada advirtió de una presunta vulneración al derecho de libertad de Castillo Terrones y acusó una supuesta persecución de Patricia Benavides. «Apenas juramentó (sic) como fiscal de la Nación, amenazó y creó un equipo especial para investigar al presidente Pedro Castillo Terrones, violando el artículo 117 de la Constitución Nacional del Perú”, aseveró.

Premier «advirtió» sobre recurso de Castillo

El último sábado, el primer ministro Alberto Otárola dio a conocer detalles del intento de Pedro Castillo sobre recurrir a la CIDH para regresar al sillón presidencial que actualmente ocupa Dina Boluarte.

“En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene trabajando activamente un grupo de abogados, de extrema izquierda, que han defendido improntas en otros países. Han estado dando vueltas por el penal Barbadillo, y pretenden enervar la decisión soberana del Perú de haber conducido una sucesión constitucional y la legitimidad del Gobierno de Dina Boluarte”, dijo Otárola en entrevista a RPP.

La República


Fiscalía formalizó investigación preparatoria contra Pedro Castillo por organización criminal

La Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria en contra del expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión simple. Ello, luego de que el Congreso de la República decidiera aprobar el informe final de la denuncia constitucional presentada por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

Asimismo, se formalizó la investigación contra Juan Silva Villegas en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones por los presuntos delitos de organización criminal y colusión simple.

La Fiscalía tomó la misma decisión sobre la investigación que se le sigue a Geiner Alvarado en su condición de extitular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por la presunta comisión del delito de organización criminal.

Cabe recordar que el expresidente Castillo se encuentra actualmente cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto delito de rebelión. A fines de diciembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, ratificó el plazo impuesto previamente por el juez Juan Carlos Checkley en perjuicio del exmandatario.

Mientras tanto, el exministro Silva se encuentra a la fecha prófugo de la justicia. De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, el extitular del MTC estaría asilado en Venezuela, donde recibiría una mensualidad de 3 mil 500 dólares.

Por su parte, Geiner Alvarado mostró su disposición para que se continúen con las investigaciones y no presentó objeciones al proceso llevado tanto en el Congreso como en la Fiscalía.

Testigo afirma que Betssy Chávez participó en fallido intento de golpe de Estado

Un testigo informó a la Fiscalía de la Nación que la exprimera ministra Betssy Chávez habría participado en el fallido intento de golpe de Estado que pretendió ejecutar el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre de 2022.

De acuerdo con las declaraciones a las que accedió el dominical Panorama, Chávez Chino mencionó que elaboraría un decreto supremo para disolver el Congreso y reestructurar todo el sistema de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional).

“(Betssy Chávez) me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Y le pregunto cuándo y ella me dice: ‘Ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo’”, señaló durante su presentación en la Fiscalía.

RPP


Continúan las manifestaciones en Puno 

Miles de personas de la comunidad indígena aimara continúaron protestando este martes en la región de Puno, en el sur de Perú, exigiendo la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, así como nuevas elecciones, y han denunciado que si continúa enviando al Ejército se desencadenará una “guerra civil”.

“Nosotros no nos vamos a cansar. Para nosotros la huelga continúa. Para nosotros no hay diálogo. Lo único que queremos es que Dina Boluarte renuncie”, ha reclamado David Yujra, portavoz de la sociedad civil de la provincia de Puno.

“Pese a que han matado a 21 de nuestros paisanos, ahora quieren humillarnos más enviándonos militares. Cada vez nos están provocando más. Seguiremos, pase lo que pase”, ha remarcado Yujra, según ha informado el diario ‘La República’.

La huelga indefinida en Puno, que comenzó el 4 de enero, un mes después de la detención del expresidente Pedro Castillo por intentar cerrar el Congreso, cumple 48 días. En los próximos días, miles de personas de las trece provincias de la región tienen previsto nuevamente marchar juntas a la capital, Lima.

Este lunes 20 de febrero, miles de ciudadanos de las diferentes provincias de esta región del altiplano peruano reanudaron las protestas, reuniendo acerca de 20.000 aimaras en la capital homónima de la región de Puno.

Desde la detención de Castillo a principios de diciembre tras intentar cerrar el Congreso, se han venido registrando numerosas protestas en todo el país, dejando el luctuoso balance de casi 60 muertos por la represión ejercida por militares y policías de las manifestaciones.

Entre acusaciones de terrorismo, los manifestantes exigen la salida de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas, un proceso constituyente para reformar la Carta Magna y la liberación de Castillo.

Por el momento, el Congreso ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en la fecha para el adelanto de elecciones. Boluarte, que vería con buenos ojos acudir a las urnas durante el segundo semestre de 2023, ha descartado insistentemente presentar su renuncia, pues según sus palabras no ayudaría a resolver la crisis.

Caretas


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