Perú | Informe revela que más de 370 mil mujeres abortan cada año pese a la penalización

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Estudio revela que más de 370 mil mujeres abortan cada año pese a la penalización

El estudio titulado “Perseguidas por abortar: de la sala de emergencias al juzgado por un aborto” reveló que más de 370 mil mujeres abortan cada año en el Perú, lo que equivale a aproximadamente mil abortos diarios, incluso pese a la penalización.

La investigación fue presentada por la plataforma digital Salud con Lupa. La jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, señaló que estos números reflejan la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes debido a factores como la pobreza, la clandestinidad, la violencia sexual y el embarazo forzado.

El estudio revela que, entre los años 2016 y 2021, se registró un total de 908 mujeres por aborto, de las cuales 77 recibieron condena. Para realizar la investigación, se analizó los casos de 41 mujeres investigadas por abortar o intentarlo en las cortes de Arequipa, Puno, Tacna, Cajamarca, Huancavelica, Lima y Callao.

Fabiola Torres, directora de Salud con Lupa, explicó que durante la revisión de 131 sentencias relacionadas con procesos de aborto, obtenidas a través de solicitudes de acceso a la información pública dirigida a una vez cortes de justicia del país, se encontraron estas historias.

Las resoluciones revisadas imponían el pago de la reparación civil (sin un criterio específico), la presentación periódica de la sentencia ante el juzgado y la prohibición de cambiar su lugar de residencia sin autorización.

El Buho


De la sala de emergencias al juzgado por un aborto

Por Lucero Ascarza / Con la colaboración de Fabiola Torres

En Perú, el aborto es considerado un delito y la ley ordena que los médicos reporten a las mujeres que interrumpen su embarazo para que sean denunciadas por la Fiscalía. En Salud con lupa revisamos 131 sentencias que nos muestran la persecución que sufren las mujeres que abortan desde que llegan por emergencia a un hospital en busca de atención médica hasta que un juez las condena.

La mañana del 18 de setiembre de 2015, Alicia* (40) llegó asustada al área de emergencias del Hospital Goyeneche de Arequipa. Desde hace varios días le bajaban coágulos de sangre, pero Pablo, su conviviente, se había negado a llevarla al médico. “Es normal, te estás limpiando” le dijo. Alicia, madre de siete hijos, había tenido un aborto en mayo y otro en agosto por presión de Pablo. Estos procedimientos no habían terminado bien.

Cuando se hizo una ecografía en setiembre, Alicia pudo ver que tenía un mioma en el útero, además de restos de placenta y del feto. Aún con esa alerta, Pablo creyó que ir al hospital era un capricho suyo. Pero ella no soportó más su malestar y buscó atención en el hospital. Poco después, la Fiscalía le inició una investigación por el delito de autoaborto.

Alicia le dijo a los médicos que la atendieron sobre los abortos que le habían realizado. No sabía que ese testimonio luego se usaría en su contra. El defensor público que asignaron para asesorarla, le recomendó aceptar la acusación de la Fiscalía. Alicia se declaró culpable y esa confesión se convirtió en la principal prueba para sentenciarla.

En Perú, las mujeres solo pueden abortar legalmente cuando una junta médica decide que su vida o su salud están en riesgo por el embarazo. Cuando no es así, las mujeres que quieren abortar lo hacen en la clandestinidad. Si no tienen dinero ni información adecuada, quedan expuestas a procedimientos inseguros con sustancias peligrosas, pastillas bamba o instrumentos contaminados.

Si su salud se complica, no tienen más opción que ir a un hospital. Ese puede ser el inicio de otro calvario.

Una paciente con un aborto incompleto es vista con sospecha, aún cuando no haya certeza de que la interrupción fue provocada. Los médicos las interrogan, los policías las detienen, los fiscales las investigan y los jueces las condenan. Para el Estado, son criminales y deben ser perseguidas.

 

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