Colombia 2022-2026: la política exterior del gobierno de Petro – Por Carolina Cepeda Másmela
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Carolina Cepeda Másmela *
La elección de Gustavo Petro marcó un punto de inflexión al ser el primer presidente de izquierda –aunque la etiqueta pueda discutirse– gobierno que generó altas expectativas. El programa de política internacional, construido durante la campaña electoral, sintetizaba sus objetivos de política exterior en “hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, adoptando un enfoque humanista, feminista y participativo para reposicionar al país en el escenario internacional.
También planteaba siete ejes centrales, que permitirían retomar procesos de administraciones anteriores y darle un nuevo rumbo a la política exterior para el periodo 2022-2026: 1) priorización de la integración con América Latina y el Caribe; 2) derechos humanos; 3) cuidado de la vida ante el cambio climático; 4) drogas ilícitas; 5) comercio e inversión; 6) migraciones; y, 7) fortalecimiento de la carrera diplomática y consular.
Así, analizar la política exterior del actual gobierno supone hacer un balance de esas acciones y decisiones que han permitido que Colombia asuma un nuevo rol internacional, teniendo en cuenta que estas se derivan tanto de sus propias iniciativas como de decisiones de gobiernos anteriores. Durante el periodo 2022-2026 Colombia persiguió una agenda más progresista, plural y autonomista que incluyó temas tradicionales, como drogas, y temas novedosos como el cambio climático. Las relaciones bilaterales con Estados Unidos, Venezuela y Ecuador también tuvieron giros importantes que se derivan tanto de la agenda colombiana, como de la respuesta de estos gobiernos. A nivel institucional, se promovieron algunos cambios en el acceso a la carrera diplomática y consular, así como en el funcionamiento mismo de Cancillería.
La configuración de una agenda más progresista
Tradicionalmente Colombia, como cualquier país periférico, no ha tenido un rol protagónico en la definición de la política internacional. Sin embargo, sí ha asumido liderazgo en algunos temas clave tanto para la política internacional, como para la política nacional; algunos ejemplos son el Grupo de Contadora para el diálogo en Centroamérica, el impulso del principio de corresponsabilidad en el problema de las drogas ilícitas y la construcción de la Agenda 2030.
Estos atisbos de liderazgo, si bien no lograron cambiar su rol internacional, sí han contribuido a darle cierto reconocimiento en esos asuntos; hecho fundamental para que las decisiones de política exterior de los últimos cuatro años hayan tenido algún eco regional o internacional.
Un primer asunto en la agenda progresista en el que el gobierno Petro marcó una postura clara fue en el genocidio en la Franja de Gaza. Colombia retomó su compromiso con los esfuerzos internacionales de construcción de paz hechos durante el gobierno Santos y en abril de 2024 presentó una Declaración de Intervención ante la Corte Internacional de Justicia en el caso Sudáfrica vs. Israel por el delito de genocidio en la Franja de Gaza.
El presidente Petro, además, ha mantenido una postura de condena frente a las acciones del Estado de Israel en distintos escenarios internacionales, como se pudo observar en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas del 23 de septiembre de 2025. En esa misma semana también participó en una protesta en Nueva York contra el genocidio, en la que invitó a las fuerzas armadas estadounidenses a desobedecer las órdenes presidenciales para frenarlo.
Este tipo de acciones generaron tensiones con el Estado de Israel desde 2022, que culminaron con la ruptura de relaciones diplomáticas y la interrupción de compra de armas por parte de Colombia en 2024. En 2025 la ruptura entre ambos países se profundizó con la suspensión de las exportaciones de carbón a Israel y la rescisión del acuerdo de libre comercio entre los dos países.
Las declaraciones del presidente Petro en las manifestaciones de Nueva York también tuvieron un impacto en la relación con Estados Unidos. Su visa estadounidense fue revocada, en un contexto en el que Colombia, junto a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, fue descertificada en la lucha contra las drogas por la administración Trump. De acuerdo con el Departamento de Estado, los cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína alcanzaron sus puntos más altos en 2023, mostrando esfuerzos insuficientes por parte del gobierno nacional para la erradicación y la interdicción.
Pese a que los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito respaldan esa afirmación, es importante señalar que estos hacen parte de una tendencia de incremento que inició durante el gobierno de Iván Duque, cuando los cultivos de coca aumentaron cerca del 43%. Adicionalmente, el gobierno Petro adelantó una reforma de la política de drogas, que busca combatir las condiciones estructurales que hacen posible el narcotráfico, al tiempo que endurece acciones en contra de los segmentos más lucrativos y violentos de toda su cadena de producción.
Como resultado, el gobierno ha mostrado un fortalecimiento de sus actividades de interdicción que han redundado en un aumento importante en las incautaciones de cocaína.
El gobierno Petro ha seguido la ruta marcada por el gobierno Santos de buscar alianzas regionales y globales en el llamado a la reforma del régimen internacional de drogas ilícitas, en lo que puede ser un segundo asunto clave de la agenda progresista. En 2023 Colombia fue anfitriona de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, que se centró en la discusión sobre los efectos de la organización criminal y la necesidad de sentar las bases para una acción coordinada.
Colombia ha retomado su activismo en este asunto a través de acciones concretas, como su respaldo a la diplomacia de la coca, la iniciativa boliviana que busca que la hoja de coca sea retirada de la lista de sustancias controladas de la Convención de Viena de 1961. De igual forma, durante la 67 Sesión de la Comisión de Estupefacientes, en marzo de 2024, junto con otros países Colombia mantuvo el llamado a reformar el régimen internacional de control de drogas y se logró romper el llamado “consenso de Viena”.
Un tercer asunto de la agenda progresista es el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El discurso del gobierno Petro ha girado en torno a la descarbonización, la transición energética y la adopción de medidas que integren las dimensiones ecológicas, políticas, económicas y sociales de la problemática. Los pronunciamientos del presidente en foros multilaterales han estado articulados en torno a esa agenda, como se pudo observar durante la COP28 de 2023 en Dubai, la conferencia “Save the Planet” de 2024 en Chicago y la COP16 de 2024 en Cali.
La COP16 sobre biodiversidad tuvo lugar en Cali en noviembre de 2024 y se alineó con el propósito de posicionar a Colombia como líder en justicia climática, aunque es importante reconocer que su organización fue posible en parte debido al trabajo de gobiernos anteriores, especialmente la pre-COP sobre biodiversidad organizada en Leticia en 2021 y el compromiso de Colombia con la Agenda 2030. Si bien los logros de esta conferencia pueden parecer poco tangibles o de largo plazo, vale la pena resaltar que sirvió como escenario para el intercambio entre grupos de la sociedad civil y el reconocimiento de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes sobre el cuidado y el relacionamiento con la naturaleza.
Finalmente, Colombia se ha sumado a la tendencia de varios países de proponer una política exterior feminista. Esta propuesta también fue un compromiso de la campaña presidencial y ya dentro de la Cancillería se lideró desde el viceministerio de asuntos multilaterales desde donde se convocó a distintos sectores de la sociedad civil para su construcción. El proceso también implicó la creación del grupo de trabajo interno y la embajada itinerante para la política exterior feminista y asuntos de género.
La política se lanzó oficialmente en marzo de 2024 con el objetivo de promover y garantizar los derechos de las mujeres y las personas Lgbtiq+, al tiempo que el primer Plan de Acción Nacional para la Resolución 1325 de Naciones Unida- Mujeres, Paz y Seguridad. Ambos logros fueron el resultado de un proceso de diálogo y colaboración entre la Cancillería, las organizaciones de mujeres y las instituciones académicas,
Las relaciones exteriores: en la búsqueda de mayor autonomía
Diversificar las relaciones exteriores también ha sido un propósito de distintos gobiernos en Colombia. El gobierno Petro realizó esfuerzos importantes en ese sentido, como también buscó diversificar las relaciones mediante iniciativas como la “Estrategia África 2022-2026”, liderada por la vicepresidenta Francia Márquez con el fin de reconectar a la población afrocolombiana con sus raíces y crear alianzas estratégicas en temas como construcción de paz, biodiversidad, educación, ciencia y tecnología, y sostenibilidad energética.
De igual forma, en mayo de 2025 el país formalizó su ingreso a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, durante la visita oficial del presidente Petro a China. Los objetivos de Colombia apuntan, por un lado, a la diversificación de los socios comerciales y, por el otro, a la modernización del país a través de las inversiones chinas en infraestructura, proyectos para la transición energética y transferencia de tecnología.
Estos acercamientos no han supuesto una ruptura con Estados Unidos, aunque sí han ambientado algunas movidas derivadas de momentos de tensión desde la llegada de Donald Trump a la presidencia y de la posición menos subordinada del gobierno Petro. Desde entonces hubo dos momentos álgidos: el primero de ellos, en enero de 2025, cuando la deportación masiva de ciudadanos colombianos en condiciones que violentaban sus derechos provocó un fuerte rechazo del presidente colombiano y una escalada de respuestas por parte del presidente Trump; ambos presidentes aumentaron los aranceles y pusieron en riesgo el tratado de libre comercio entre los dos países, pero al cabo de una semana la crisis se resolvió vía negociación.
El segundo, momento tuvo lugar a inicios de 2026, en el marco de ataques estadounidenses contra varias lanchas en el Caribe por su presunta participación en tráfico de drogas (algunos de los que terminaron en ejecuciones extrajudiciales) y de la incursión militar en territorio venezolano que llevó a la captura de Nicolás Maduro. Ambos hechos generaron también el fuerte rechazo del presidente Petro, que fue respondido por el presidente Trump con amenazas de intervención también en Colombia. En este caso también hubo una acertada intervención de los cuerpos diplomáticos acreditados en ambos países, que lograron un encuentro entre los dos presidentes en Washington en febrero de 2026.
En el ámbito regional, una de las decisiones más importantes del actual gobierno fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, acompañado de la muestra de voluntad para ofrecer los buenos oficios colombianos en la búsqueda de una solución negociada en su crisis política. Este restablecimiento implicó la reapertura de las embajadas y de los consulados, hecho que también ha favorecido a la población migrante en ambos países.
Colombia también ha tenido una participación en los mecanismos de integración y diálogo a través de las presidencias pro tempore de la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico, el Consenso de Brasilia, la Asociación de Estados del Caribe (2024-52025) y la Celac (2025-2026). Si bien los logros de estas presidencias son tímidos, vale la pena destacar iniciativas para el diagnóstico sobre crímenes ambientales y la carta sobre educación rural dentro del Consenso de Brasilia. En el marco de la Celac, la propuesta de Colombia se orientó hacia el fortalecimiento de la integración regional, consolidar una agenda con otros actores como la Unión Europea y China, y el intento por unificar posturas regionales en asuntos y foros clave.
Ese acercamiento a la región también ha estado condicionado por el ambiente político. Mientras el gobierno Petro coincidió con los gobiernos de Claudia Sheimbaum (México), Lula da Silva (Brasil) y Gabriel Boric (Chile), se lograron articular algunas posturas colectivas, como durante la Cumbre del G20 en Río de Janeiro en 2024. Sin embargo, la relación con gobiernos de derecha como los de Argentina y Ecuador ha sido diferente, marcada en el caso del último por la constante confrontación que ha implicado señalamientos en materia de seguridad, presunta violación de la soberanía territorial colombiana por parte de Ecuador y decisiones arancelarias en contra del comercio bilateral.
Desde la cancillería: una democratización de la política exterior
El gobierno Petro asumió el compromiso de fortalecer la carrera diplomática y consular. Esto implicaba, entre otras cosas, nombrar al menos en el 50% de las embajadas de Colombia en el exterior a embajadores de carrera. Sin embargo, esta cifra llegó apenas al 30% en un contexto que es todavía más alarmante: de acuerdo con datos de la cancillería, para julio de 2025 se contaba con 1602 funcionarios, de los cuales únicamente 558 eran de carrera.
Además, se contó con cerca de 49 funcionarios nombrados en posiciones inferiores a su rango, debido a los nombramientos políticos no solo en el rango de embajador, lo que conlleva un mal empleo de la experiencia de estas personas y un sobrecosto en salarios para el ministerio. Varios nombramientos políticos fueron demandados por Asoci (el sindicato de funcionarias y funcionarios de la carrera diplomática) y los fallos judiciales dieron la razón al sindicato, razón por la cual hubo varios choques entre este y el presidente Petro, quien ha caracterizado al cuerpo diplomático colombiano como blanco, de clase alta y elitista.
Desde el argumento del gobierno es necesario democratizar la carrea diplomática y para ello se han adoptado tres medidas importantes. Primera, el cambio del requisito de segunda lengua de uso diplomático de B2 a B1. Segunda, el reconocimiento de lenguas indígenas y afrodescendientes como tercera lengua. Y, tercera, la introducción de criterios de desempate entre candidatos durante la segunda fase así:
1) la pertenencia a comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom; 2) reconocimiento como víctima del conflicto armado; 3) registro en el Sisben A o B; 4) condición de discapacidad; 5) empleo actual en la carrera administrativa; y, 6) participación en el proceso electoral más reciente. Estos criterios han sido bien recibidos en general por el cuerpo diplomático, aunque algunas voces, como la de la ex-canciller María Ángela Holguín, consideran que el acceso a la carrera diplomática ya es lo suficientemente democrático y que las acciones afirmativas podrían ir en detrimento de la cualificación de estos funcionarios.
La adopción de la política exterior feminista también implica una revisión de las prácticas propias de la cancillería. Un primer cambio, aunque tímido, es la adopción del protocolo de prevención de violencias por razones de género y atención a víctimas mediante la resolución 11904 de 2024. Este protocolo también es resultado del diálogo con organizaciones de mujeres, que además lograron ejercer presiones importantes para bloquear la designación de los Embajadores ante Tailandia (diciembre de 2024) y Qatar (enero de 2023) debido a denuncias por su presunto ejercicio de violencia basada en género.
Finalmente, es muy importante destacar la creación del viceministerio de asuntos migratorios, consulares y protección Internacional, mediante los decretos 1081 y 1082 de 2025, con el fin de unificar las competencias migratorias y consulares dentro de la cancillería y darle una mejor respuesta a la población migrante en Colombia y de sus nacionales en el exterior.
El reto de la institucionalización
El principal reto de la política exterior del gobierno actual tiene que ver con su grado de institucionalización. El nuevo enmarcamiento de temas como la construcción de paz internacional, las drogas ilícitas y el cambio climático, así como las iniciativas de diversificación de relaciones exteriores y la política exterior feminista son bastante frágiles aún.
La llegada de un nuevo gobierno puede abrir la posibilidad de revisar las prioridades y las acciones del país, pero también de querer retomar el rol pasivo que Colombia suele tener en la política internacional; iniciativas como la política exterior feminista son particularmente frágiles ante la posibilidad de un cambio en el gobierno, como lo ha demostrado la experiencia sueca. De igual forma, los altibajos en la relación entre el gobierno y la carrera diplomática abren interrogantes sobre de su participación en la construcción de ese nuevo perfil del país y su posible apropiación.
Esa preocupación se muestra desde la Asociación Diplomática y Consular- Asodiplo en el cuestionario que diseñó para los candidatos y candidatas a la presidencia en el que se pregunta no solo por su aproximación al acceso y la permanencia en la carrera, sino también por el rol que se les daría a estos funcionarios en la formulación misma de la política exterior.
* Profesora asociada Depto. de Relaciones Internacionales Pontificia Universidad Javeriana
