Perú | Fiscalía solicita 18 meses de prisión para ocho militares investigados por hechos vinculados a protestas y violaciones de derechos humanos
VRAEM: Fiscalía solicita prisión preventiva para militares involucrados en la muerte de 5 civiles
Investigación por la matanza de cinco comuneros entra a etapa decisiva con el pedido de detención para el oficial y los subalternos implicados.
La investigación penal por el deceso de cinco civiles en el distrito de Colcabamba, región Huancavelica, ingresó a una fase determinante tras la decisión del Ministerio Público de requerir 18 meses de prisión preventiva contra ocho miembros del Ejército del Perú. El caso, tipificado como una presunta violación grave a los derechos humanos, es conducido por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín.
La medida coercitiva responde a los hechos perpetrados el pasado 25 de abril, cuando una patrulla militar interceptó un vehículo civil en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), dejando como saldo cinco personas fallecidas y tres sobrevivientes. El requerimiento fiscal, que imputa los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, será evaluado por el Poder Judicial para determinar si existe peligro de fuga u obstaculización de la justicia.
Cadena de mando e identidad de los comandos encausados
El requerimiento de prisión preventiva alcanza de forma directa a los integrantes de la Compañía Especial de Comandos N.° 31 del Ejército del Perú. La disposición fiscal comprende al capitán EP Luis Joel Montenegro Pardo, quien ejerció el comando táctico en el terreno durante la incursión armada, así como a los subalternos Brayan Antony Fernández Dett, Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Edis Marcos Guerra, Andy Jesús Sánchez Ríos, Jorge Luis Aguilar García, Américo Carlos Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano.
La tesis del Ministerio Público sostiene que el personal militar incurrió en un uso desproporcionado y letal de la fuerza contra civiles desarmados, desvirtuando los protocolos de operaciones internas vigentes en zonas bajo estado de emergencia.
Desmontaje de la versión oficial: Ausencia de armas y narcotráfico
Las pesquisas fiscales desbarataron la hipótesis inicial del estamento militar, la cual justificaba el uso de la fuerza bajo el argumento de un presunto enfrentamiento armado derivado de un operativo de intercepción de narcóticos. Las pericias técnico-balísticas y de inspección criminalística demostraron que, tras la ejecución de la patrulla, no se incautaron sustancias ilícitas, insumos químicos ni armamento que acreditara una respuesta bélica por parte de las víctimas.
En la escena del crimen únicamente se recolectaron los casquillos de los fusiles oficiales de las Fuerzas Armadas. Los ciudadanos fallecidos fueron identificados como el ciudadano colombiano Nilson Eduardo Montenegro Valencia (conductor del vehículo), Cristian Vilcatoma Aguila (18), Jaime Bendezú Paraguay (28), Wilder Romer Sevipaucar (32) y William Núñez Soto (20).
Auditoría del arsenal de combate empleado en la intervención
Las actas fiscales consignaron el inventario del armamento de guerra de alta potencia y los dispositivos tecnológicos empleados por el destacamento militar contra el vehículo civil. De acuerdo con el registro logístico de la fiscalía especializada, la patrulla de comandos portaba el siguiente equipamiento de asalto al momento de los hechos:
- Armamento letal: Fusiles de asalto SCAR-L (calibre $5.56 \times 45\text{ mm}$), un lanzagranadas acoplado de la firma belga FN Herstal y granadas de fragmentación de explosión activa de $40\text{ mm}$.
- Municiones: Un aproximado de 1,600 cartuchos de combate distribuidos en los cargadores individuales de la dotación.
- Sistemas ópticos y de comunicación: Un dispositivo de visión nocturna de alta resolución NIVISYS UTAM-32, terminales radiales tácticas de las marcas SELEX e ICOM, un teléfono satelital IsatPhone 2 y un geolocalizador satelital GPS Spot.
