Perú | Juntos por el Perú presenta denuncia constitucional contra canciller Pareja Ríos, acusado de fraude electoral, obstrucción de actos electorales y omisión de funciones
Canciller rechaza denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú: «He actuado siempre con respeto a la legalidad»
El Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, rechazó este lunes una denuncia constitucional presentada en su contra desde el partido Juntos por el Perú (JP) por presuntas irregularidades en el proceso electoral del voto en el extranjero durante la segunda vuelta.
A través de un comunicado, el canciller rechazó «categóricamente» cualquier imputación que pretenda atribuirle «actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral correspondiente al voto de los peruanos en el exterior»
Además, manifestó que, en atención a su cargo y como miembro del Servicio Diplomático, ha actuado siempre «con respeto a la legalidad, a la neutralidad del Poder Ejecutivo, a la autonomía de los organismos electorales y a los deberes de responsabilidad, eficiencia y lealtad al Estado peruano».
En su pronunciamiento, el canciller afirma que durante el proceso electoral, Relaciones Exteriores «cumplió, en estricta aplicación de la ley electoral, funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales competentes». Pero, subraya, que «la calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponden al Ministerio».
«Los cuestionamientos planteados ante el Jurado Nacional de Elecciones se refieren, en esencia, a los mismos hechos invocados en la «denuncia constitucional” presentada. Por ello, esperaré con serenidad y respeto institucional el pronunciamiento de las autoridades correspondientes, sin perjuicio de ejercer mi derecho de defensa ante las instancias respectivas», puntualiza el comunicado.
Asimiemo, Pareja destaca a los peruanos en el exterior que ejercieron su derecho a voto, así como la participación de los miembros de mesa y personeros. En ese sentido, indica que estos connacionales merecen que cualquier cuestionamiento se tramite con responsabilidad y con respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
Finalmente, el canciller señaló que ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni los observadores del Jurado Nacional de Elecciones ni los propios personeros de los partidos políticos «han encontrado irregularidad alguna en el proceso electoral en el exterior que sustente la pretendida acusación constitucional».
¿Qué dice la acusación constitucional?
El pronunciamiento de Pareja se da luego de la denuncia constitucional presentada por el personero legal regional de JP, Pablo Salas Charca, en la que acusa al canciller de haber desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico e informático de custodia de los sufragios en el exterior.
El documento legal recibido por la mesa de partes del Parlamento detalla infracciones a diversos artículos constitucionales y la presunta comisión de delitos de fraude electoral y perturbación de actos electorales bajo la modalidad de omisión impropia.
Juntos por el Perú sostiene en su petitorio que el canciller quebrantó los principios de neutralidad estatal al impulsar cambios que redujeron los niveles de control sobre más de 300 mil votaciones emitidas fuera del territorio nacional.
RPP también tuvo acceso a otra denuncia constitucional del congresista Jaime Quito, de la Bancada Socialista y candidato al Senado por JP. Este documento sostiene que Cancillería habría interferido en competencias exclusivas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al solicitar que no se aplique el sistema de escaneo y transmisión digital de actas.
Según la denuncia, este pedido alteró los lineamientos de seguridad previamente establecidos, permitiendo que el material electoral fuera trasladado únicamente de forma física mediante vuelos internacionales y valijas diplomáticas. El texto acusatorio argumenta que esta modificación de último minuto vulneró el principio de intangibilidad de las reglas electorales y la soberanía popular, solicitando una inhabilitación de diez años para el ejercicio de la función pública.
