Les 5 de Ulm y el intento por disciplinar el movimiento global por Palestina – Por Nat Peña
Les 5 de Ulm y el intento por disciplinar el movimiento global por Palestina
Por Nat Peña *
Stuttgart, Alemania, es el escenario donde por estos días se está intentando redefinir los límites de la solidaridad internacional y quebrar la moral del movimiento global contra el genocidio en Palestina. El caso de les activistas «les 5 de Ulm» -Leandra, Daniel, Zo, Crow y Vi-no es solo un proceso judicial: es una declaración de principios de la fuerza genocida.
El 8 de septiembre de 2025, cinco activistas internacionales ingresaron a la sede de Elbit Systems Deutschland, en la ciudad de Ulm, en una acción directa no violenta destinada a interrumpir la producción de armamento militar y denunciar la complicidad del Estado alemán con el genocidio en Palestina.
Los hechos fueron indiscutibles: entraron a rostro descubierto, registraron toda la acción, publicaron los videos, llamaron a la policía, aguardaron su llegada y se entregaron.
Sin embargo, la justicia alemana, el Tribunal Regional de Stuttgart y su presidenta, Kathrin Lauchstädt desde el primer día, iniciaron la construcción de un caso disciplinador.
Lo que a todas luces era un acto de desobediencia civil fue presentado como un caso de terrorismo organizado y antisemitismo. Allí inició lo que para organismos internacionales, veedores y defensores de los derechos humanos, sería un juicio parcial, violento y desproporcionado.
“Participé en casi todas las protestas legales en Berlín para exigir el fin del genocidio.Las autoridades no solo nos ignoraron, sino que nos atacaron físicamente ¿De verdad se esperaba que no hiciéramos nada mientras el Estado alemán seguía permitiendo el flujo de dinero y armas que hacen posible semejante matanza?, expresó Leandra en su declaración.
¿Por qué Elbit Systems? Porque es el principal proveedor privado de tecnología militar del ejército israelí y suministra el 85% de las armas utilizadas en Gaza, Cisjordania y el Líbano. Sus drones y sistemas de vigilancia facilitan bombardeos a personas, escuelas y viviendas. Mientras tanto, comercializa sus productos a fuerzas armadas de otros países con el sello de «probado en combate». Desde 2007, la empresa es un objetivo estratégico de las campañas de embargo militar del BDS y sus sedes han sido blanco de acciones y escraches en varios paises.
La construcción de la causa
El primer indicio de parcialidad fue la elección de la prisión de máxima seguridad de Stammheim como sede del juicio, conocida por albergar los tristemente históricos juicios contra la disidencia politica y «terroristas de alto perfil», lo que delimitó el encuadre para construir la narrativa de «terrorismo».
Lauchstädt ha prolongado el proceso de manera arbitraria e injustificada y ha negado sistemáticamente derechos y garantías procesales de les acusades: presunción de inocencia, comunicación confidencial con la defensa, derecho a un trato justo e imparcialidad procesal.
El trato desproporcionadamente punitivo al que se enfrentan es evidente y atraviesa todo el proceso. La fiscalía recurrió al artículo 129 del Código Penal, relativo a la pertenencia a una organización criminal, una figura utilizada convenientemente para prolongar la prisión preventiva, aumentar las penas y extender el juicio de 16 a 44 audiencias, previstas hasta enero de 2027. Así, les activistas podrían permanecer hasta dieciocho meses detenides antes de recibir una sentencia. A ello se suma un posible agravante: «motivación antisemita», basado en las pintadas «baby killers» y en la consigna «del río al mar», prohibida de facto en Alemania.
De Quilmes a Stuttgart
Leandra, es escenógrafa de Quilmes y residente en Berlín, vive con su perra Louise y es una de las cinco activistas procesadas. Actualmente, dado que les activistas fueron llevades a diferentes prisiones, se encuentra sola en la cárcel de JVA Memmingen, en Baviera —uno de los tres estados alemanes que, por cierto, mantiene un convenio activo con el software de vigilancia y espionaje Palantir—. Leandra enfrentó al tribunal con la entereza de quien reconoce las cicatrices en su propia historia:
“No soy palestina, sin embargo, nací en un territorio que se convirtió en Estado tras un proceso de colonización brutal: Argentina. El 90% de la población indígena fue exterminada y torturada hasta la muerte en esa parte del mundo por el imperio español. El mismo nombre de mi ciudad me lo recordaba a diario: Los Kilme ,eran una comunidad que fue desplazada de sus tierras en los Andes de forma atroz. (…) Crecí en una sociedad y un territorio fracturados por la colonización, marcados por una enorme y vergonzosa brecha de clases”
Alemania y su trauma discrecional
El Estado alemán (actualmente demandado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, por violar la Convención sobre el Genocidio mediante el suministro apoyo político, financiero y militar a Israel) presenta traumas discrecionales y bastante convenientes respecto de su pasado genocida. Elige perseguir y castigar a quienes se movilizan contra el genocidio en Palestina o no reconocen el Estado de Israel, pero no tienen el mismo caracter cuando se trata del genocidio cometido en Namibia por ejemplo, un territorio donde Alemania exterminó en 4 de años del 80% de la población Ovaherero y Nama, considerado por especialistas el primer genocidio del siglo XX.
Esa misma Alemania ha desplegado en los últimos años una política de disuasión y castigo contra el movimiento propalestino mediante leyes represivas, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, juicios desproporcionados y tecnologías de vigilancia invasivas para perseguir activistas. Miles de personas han sido detenidas y procesadas por cánticos, símbolos o acciones de protesta, tratadas como delincuentes peligrosos y juzgadas en salas de alta seguridad. Solo en Berlín, hay más de 11.000 procedimientos. Relatores de derechos humanos de la ONU expresaron su preocupación e instaron a Alemania a poner fin a la violencia policial contra las manifestaciones en solidaridad con Gaza. Desde 2023, el país encabeza, junto con el Reino Unido y Estados Unidos, los registros de detenciones arbitrarias, violencia física y abuso de poder contra manifestantes.
Esa misma Alemania socia fundamental de Israel, que trabaja forzosamente para legitimar un estado ocupante, la semana pasada en su parlamento- Bundestag – aprobó avanzar con una legislación que penalizaría con hasta cinco años de prisión cualquier discurso que niegue el “derecho de existir”de Israel. A ello se suma la política extralegal que exige una declaración formal de ese mismo «derecho a existir» como requisito para acceder a la ciudadanía.
A tres meses del inicio de las sesiones y a casi diez meses del encarcelamiento,el sistema judicial alemán y su lamentable historia genocida, están mostrando sin disimulo, a quienes representan.
Familiares, compañeres, amigues y activistas de todo el mundo siguen acompañando a Leandra, Daniel, Zo, Crow y Vi.
Para más información sobre el curso de la causa, puede revisarse https://ulm5.info/en/
*Nat Peña es Socióloga Internacionalista. Integrante de la coordinadora transfeminista por Palestina, Sandía
