Contundente rechazo a proyecto de ley que limitaría el derecho de acceso a la información pública
Un grupo de organizaciones periodísticas y de la sociedad civil unió sus voces este martes en contra del Proyecto del Senado 63 (PS 63), que busca enmendar la Ley de Transparencia, y denunció que este desmantela el derecho constitucional de acceso a la información pública.
El Senado aprobó esta tarde el Proyecto del Senado 63, que limitaría aún más el derecho de acceso a la información en Puerto Rico. Ahora la medida pasa ante la consideración de la Cámara de Representantes. pic.twitter.com/5oVHJnIiH9
— Michelle Estrada Torres (@mestradatorres) October 14, 2025
En una conferencia de prensa realizada en la Plaza de la Democracia, frente al Capitolio, portavoces de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), Sembrando Sentido, el Overseas Press Club (OPC) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), repudiaron la intención del Senado de llevar la medida a votación sin un proceso de vistas públicas. Las entidades coincidieron en que la medida representa un nuevo retroceso en materia de acceso a la información pública, además de que restringe el derecho constitucional del pueblo a saber cómo opera su gobierno.
“El PS 63 es un proyecto innecesario que agrega más burocracia al acceso a la información pública. Hace más oneroso el proceso al ciudadano común al agregarle más requisitos [para solicitar información pública], limita el trabajo de los periodistas y le hace daño al pueblo, que no tendrá acceso a información a la que tiene derecho”, denunció la presidenta de la Asppro, Nydia Bauzá.
Además, el grupo planteó que en el texto del PS 63 no fue acogida ninguna de las recomendaciones presentadas por más de una decena de entidades de la sociedad civil que participaron en mayo de dos días de vistas públicas ciudadanas celebradas por el CAAPR. Todas las organizaciones rechazaron la medida y sus ponencias fueron enviadas a todos los senadores.
La presidenta del OPC, Gloria Ruiz Kuilan, coincidió en que el proyecto “es un duro golpe al acceso a la información pública”, tomando en cuenta que retrasa y debilita el derecho de los ciudadanos a fiscalizar el gobierno.
“La transparencia no es una concesión del Estado; es un derecho constitucional. Así lo reconoce el mismo Tribunal Supremo, lo confirman los organismos internacionales y lo exige una democracia madura y responsable”, manifestó.
La directora ejecutiva de Sembrando Sentido, Issel Masses, señaló que las enmiendas propuestas duplican los plazos de respuesta de las entidades gubernamentales, facilitan que la información pública pueda ser catalogada como confidencial y dejan desprotegida la privacidad del solicitante.
“Esta medida no fortalece la transparencia; lo que hace es desmantelarla. […] “En pocas palabras, aumenta la lentitud, la burocracia y la impunidad”, sostuvo Masses.
En declaraciones escritas, el director ejecutivo de Espacios Abiertos, Daniel Santamaria Ots, destacó que la Sección 4 del proyecto elimina la obligación de que las agencias entreguen la información en hojas de cálculo en Excel o archivos CSV, utilizados para procesos investigativos.
“Este cambio limita el acceso a datos procesables por computadora y obstaculiza la reutilización de la información pública para la investigación académica, la cobertura periodística, el análisis fiscal y la producción de conocimiento desde el tercer sector en perjuicio de su último beneficiario: el pueblo de Puerto Rico”, indicó.
El secretario ejecutivo de Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (Upagra), Néstor Soto, se unió al rechazo indicando que las agencias públicas han utilizado la Ley de Transparencia para dilatar las gestiones de los periodistas en la búsqueda de información pública.
“En la medida que se crean más requisitos desalientan la búsqueda de información y obstaculizan el trabajo de periodistas, que son los que más pedidos hacen. Esto tiene el efecto de limitar el derecho del pueblo a estar informado de lo que hace su gobierno”, opinó Soto por escrito.
Retrocesos graves en transparencia
El PS 63 duplica los plazos de respuesta de las agencias, al extender de 20 a 40 días laborables el tiempo para atender solicitudes de información. Además, otorga a los jefes de agencia poder de decidir sobre la divulgación de datos, crea nuevas trabas burocráticas que facilitan el rechazo de solicitudes legítimas.
De aprobarse el PS 63, también se dificultará que organizaciones comunitarias obtengan la información necesaria sobre las obras, ordenanzas municipales y cualquier dato que les sirva para conocer y reaccionar de manera oportuna a las propuestas que se anuncian en sus pueblos o regiones. Asimismo, el proyecto impone barreras adicionales a ciudadanos sin acceso digital y propone sanciones simbólicas que no garantizan una transparencia efectiva.
“Aquí la información en manos del gobierno se presume pública. No se presume que deba ser escondida, de alguna manera dejada en unos archivos para que la ciudadanía no tenga acceso a ella. […] A mí, no me cabe duda de que no hay otro fin que no sea ocultar, esconder y que personas como ustedes, como nosotros y el resto de la ciudadanía se vean todavía más privadas de tener acceso a la información”, expuso Kevin Rivera, segundo vicepresidente del CAAPR.
Santamaria Ots señaló que la medida incrementa la carga administrativa sobre el Poder Judicial, ya que el Tribunal de San Juan tendría que procesar toda petición de información y atender un mayor volumen de recursos especiales por solicitudes no contestadas.
Por su parte, la directora editorial del Centro de Periodismo Investigativo, Wilma Maldonado Arrigoitía, se sumó a las declaraciones con un llamado a la gobernadora Jenniffer González a expresarse cuanto antes y comprometerse a no firmar el Proyecto del Senado 63.
“La controversia se resolvería si ella asumiera ese liderato”, dijo Maldonado.
Entre las entidades que se unieron al rechazo al PS 63 estuvieron Kilómetro Cero, la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, Ayuda Legal Puerto Rico, Amnistía Internacional, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Federación de Pescadores, María Fund, 9 Millones, Todas, Bonita Radio, la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA), el Resiliency Law Center, así como estudiantes y docentes de facultades de comunicaciones del país y representantes de otros medios de comunicación.
Llamado al Senado
Las entidades hicieron un llamado urgente a los senadores y senadoras a votar en contra del PS 63 y a proteger el derecho constitucional de acceso a la información.
“Nuestro llamado es a que se detenga la medida, que no se le dé paso”, planteó la presidenta de la Asppro, quien propuso que el proyecto se devuelva a comisión y se lleven a cabo vistas públicas.
“Rechazamos rotundamente este proyecto de ley porque representa un retroceso histórico, porque tira por la borda el derecho constitucional a saber, normaliza la dilación y abre las puertas a la censura institucionalizada”, agregó la presidenta de la OPC.
Las organizaciones reiteraron su compromiso con la defensa del derecho del pueblo a saber y con la construcción de un gobierno verdaderamente abierto y transparente.
El Centro de Periodismo Investigativo hace un llamado a rechazar el PS 63 mediante carta a los senadores. También puede compartir la información con sus familiares, amistades o expresarte en las redes sociales.
Senado aprueba proyecto de ley que agrava el acceso a información en Puerto Rico
A pesar del rechazo contundente de líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, gremios periodísticos y medios de comunicación del país, el Proyecto de Senado 63 (PS 63), que añade nuevas limitaciones a la Ley 141 de Transparencia, fue aprobado este martes por mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo legislativo. La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.
Entre las enmiendas añadidas a último minuto al proyecto de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se incluye una que establece que ninguna agencia tendrá que generar o elaborar un documento que no exista cuando se curse una solicitud de información. Además, si la información no está disponible en el formato que pidió el solicitante, la agencia deberá notificarlo y disponer de los datos en la forma que se encuentren.
En su turno, la legisladora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, argumentó que: “Si fuéramos a pedir un documento donde se identifiquen todos los gastos de los exgobernadores por los últimos 15 o 20 años, ese documento no existe. Tendrían que generarlo, porque aparecerá el dato en las partidas presupuestarias, los desembolsos o las nóminas de los agentes, pero el documento en sí realmente no existe. Tendría una escapada la Policía de Puerto Rico para no gestionar la información a la que la prensa tendría derecho, a la que nosotros tendríamos derecho”.
La delegación del PIP votó en contra de la medida, así como el Partido Popular Democrático, la senadora por el Proyecto Dignidad, Johanne Rodríguez Veve, y el senador independiente, Eliezer Molina.
“Aquí nadie se puede hacer el inocente y decir que esto realmente no pone trabas”, expresó Santiago Negrón. “Esto está perfectamente diseñado, cuidadosamente diseñado, de nuevo, con el problema añadido de las enmiendas que se acaban de aprobar, para que a la gente se le haga más difícil, para que no se presuma el carácter público de la información de los documentos, de los datos que maneja el Gobierno de Puerto Rico”, añadió la legisladora del PIP.
El proyecto, que fue aprobado sin vistas públicas ni discusión, atrasará y obstaculizará aún más la rendición de cuentas y cómo las agencias públicas entregan datos sobre su gestión a la ciudadanía, denunció la coalición de más de 20 organizaciones que han rechazado la medida.
De aprobarse, se duplicarían los plazos de 10 a 20 días laborables, y con prórrogas podrían llegar a 40 o 50 días, que las entidades tienen para responder las solicitudes de información. Asimismo, otra enmienda del PS 63 pretende que se notifique a todos los funcionarios de las agencias cuando se solicita un documento.
Santiago Negrón catalogó como “micromanejo tóxico” este cambio. “¿Qué necesidad hay de que una persona que pide información al Senado tenga que mandarle una carta a Thomás Rivera Schatz?”, dijo.
“Este proyecto, bajo ninguna circunstancia limita el acceso a la información”, argumentó por su parte Rivera Schatz. “Bajo ninguna circunstancia le quita ningún derecho a ningún periodista, a ningún ciudadano. Sencillamente trae un escenario donde la razonabilidad debe ser la orden del día. Que haya un balance real entre la petición de un ciudadano y un periodista y la capacidad de proveer, con prontitud, que es el concepto que se permea en estos escenarios de información y transparencia”, añadió.
Pero entre los cambios que incluye la medida está que las agencias podrán crear reglamentos que establezcan la confidencialidad de documentos sin justificar tal acción y eliminarían además la posibilidad para pedir datos en formatos abiertos que garanticen el acceso de la información solicitada, algo que hoy día es posible.
También se establece que, de no poder entregar la información, se pedirá al solicitante que examine documentos o expedientes en las oficinas de la agencia de gobierno, y podría tener solo un día para hacerlo.
Santiago destacó que en el caso de entidades que manejan expedientes extremadamente complejos, como la Junta de Planificación: “examinar un documento de concesión de permisos es un ejercicio tremendamente complejo [o] laborioso para la persona que no tiene dominio de cómo son los procesos en esta agencia. Lo que a un empleado le puede tomar unos minutos conseguir, a una persona que va en representación de una comunidad al Departamento de Recursos Naturales [o] la Junta de Planificación, puede ser una tarea muy difícil”, señaló la Senadora.
Pero nada movió el ánimo del Presidente del Senado. “Vamos a aprobar el Proyecto del Senado 63, los gremios que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran. Inclusive, si quieren llevarnos al tribunal también, pueden hacerlo y lo estamos haciendo con la tranquilidad de conciencia de que estamos mejorando una herramienta que propuso el Partido Nuevo Progresista… Así que votemos a favor del Proyecto 63, vamos a ponerlo a correr y sencillamente no nos intimidan los izquierdosos, los comunistas, los socialistas, los diminutos, los maduritos; nadie nos intimida a nosotros. Si tienen algo que hacer, que tiren pa’ lante”, culminó su turno Rivera Schatz para acto seguido pedir el voto a favor de la medida.
