Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Prudencia Dalton *
No cabe duda de que El Salvador ha regresado al centro de la atención mediática y política internacional desde que Nayib Bukele asumió la presidencia. Bukele, proveniente del sector publicitario de las élites económicas y empresariales del país, se ha consolidado como figura de referencia para la derecha radical hispanohablante. Su gestión articula represión, persecución política, populismo punitivo, promoción de criptomonedas y una sofisticada maquinaria de propaganda sustentada en el uso intensivo de redes sociales.
Este esquema ha encontrado legitimidad social a partir de los resultados en materia de seguridad para la población. Sin duda, la experiencia salvadoreña ha comenzado a permear en las aspiraciones sociales y de las élites políticas de la región, donde el punitivismo es presentado como sinónimo de eficacia estatal.
Esbozar este proceso como un “modelo” orienta mejor su comprensión, ya que su configuración revela el colapso de los consensos mínimos de la democracia liberal en países periféricos con institucionalidades frágiles y democracias más formales que sustantivas.
En los inicios de su primer mandato (2019–2024), Bukele se presentó como una figura rupturista, ajena al pasado político heredado de la guerra civil de la década de los ochenta. Su ascenso generó entusiasmo en amplios sectores de la población, ya que se mostraba como una alternativa frente al bipartidismo tradicional, al que acusaba de corrupto, decadente y atrapado en una lógica de alternancia sin transformación social.
Cualquier expectativa de un proyecto de emancipación popular se disipó rápidamente una vez asumió el poder, iniciando un proceso de construcción de una figura mesiánica con claras aspiraciones autoritarias.
Desde el inicio de su presidencia conformó su gabinete con personas de su círculo íntimo: amigos, socios empresariales e incluso familiares. El año 2021 marcó un punto de inflexión en la configuración autoritaria del modelo Bukele. En mayo, gracias al control absoluto de la Asamblea Legislativa logrado por Nuevas Ideas, se ejecutaron dos movimientos clave: la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República.
Ambas decisiones abrieron la puerta a un control total de los principales órganos de contraloría y justicia. A este proceso se suman reformas que rediseñaron el sistema político bajo una lógica de concentración de poder. Entre ellas, en 2023 destaca la reducción del número de escaños legislativos de 84 a 60 y el cambio en la fórmula electoral de Hare a D’Hondt, medidas que favorecieron desproporcionadamente al partido oficial. Nuevas Ideas consolidó hasta el 83% de la representación legislativa, convirtiéndose en un sistema de partido hegemónico.
Así, el 4 de febrero de 2024 Bukele fue reelegido en las urnas en un contexto marcado por la vigencia de un régimen de excepción prolongado desde 2022 y que permanece vigente hasta la actualidad. Su ampliación viene siendo justificada en nombre de la seguridad frente a la violencia pandilleril y que ha implicado la suspensión de múltiples derechos políticos y civiles y ha conducido al encarcelamiento masivo de miles de personas.
Para 2026, la concentración de poder y el control hegemónico de Bukele en el país es indiscutible. A pesar de ello, mantiene niveles de aprobación altos y se posiciona como uno de los líderes más populares de América Latina. Su modelo autoritario ya es percibido en países vecinos como una respuesta legítima, e incluso deseable, frente al colapso económico, institucional y social de las sociedades capitalistas periféricas. No son casuales los gestos de acercamiento y sintonía con Bukele en distintos liderazgos regionales.
Una paz social impostada y punitiva
El escenario salvadoreño que permite florecer una figura como Bukele no se construye en el vacío. Se construye sobre más de 30 años de desgaste de un bipartidismo que no logró resolver las demandas estructurales de la población frente a la profunda desigualdad, la pobreza y la acuciante violencia social. El balance de ese período incluyó presidentes perseguidos por corrupción, un empeoramiento de las desigualdades sociales, el aumento de la migración y la expulsión de los sectores más empobrecidos, promesas incumplidas y la expansión incontrolable de la violencia de las pandillas en el país y la región.
Y es que las pandillas surgen como el espejo de un sistema incapaz de dar respuestas sociales transformadoras a las clases populares y reflejan el fracaso de décadas de políticas neoliberales. El éxito del modelo de Bukele es el resultado de este contexto donde supo canalizar el hastío social frente a una violencia que parecía imparable y construir una solución que canjea libertades y derechos por seguridad, seduciendo a sectores que nunca experimentaron la democracia o los derechos humanos como una realidad materialmente significativa.
A pesar de sus orígenes de clase, Bukele ha sabido entender e interpretar la situación de las clases populares y lo que el sistema venía ofreciendo. De hecho, en los primeros años de su mandato, desde el Gobierno se hacían declaraciones como: «El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia», interpelando sutilmente a las implicaciones del canje que ofrecía. Estas reinterpretaciones las ha hecho hábilmente para acuñar su propia versión sobre la separación de poderes, el derecho internacional e incluso los propios derechos humanos. No es de extrañar que el mismo Bukele se jacte de ser un “dictador cool”.
El resultado es una “paz punitiva” que centra el debate sobre la inseguridad y la violencia social en un terreno estrictamente punitivo y elimina de la fórmula cualquier causa estructural. En nombre de la cruzada contra las maras se ha blindado la impunidad de la policía y el ejército, naturalizando la idea de que la represión indiscriminada y el encarcelamiento masivo son necesarios para erradicar la violencia social. El régimen de excepción prolongado ya no se entiende como una política extraordinaria, sino como un nuevo paradigma de acción gubernamental.
Las condiciones subjetivas del bukelismo y su proyecto de país
Aunque el bukelismo prospera sobre condiciones objetivas marcadas por desigualdad y exclusión, su arraigo también se sustenta en condiciones subjetivas, entre ellas el avance de las iglesias evangélicas en los márgenes donde el Estado nunca ha existido con fines sociales. El imaginario evangelista ofrece bases subjetivas para el populismo punitivo de Bukele y naturaliza el autoritarismo, disuade la protesta popular y deja intactas las raíces de la desigualdad, la explotación y el despojo.
Por otra parte, el bukelismo ha abierto una guerra frontal contra el pensamiento crítico. Destaca su beligerancia contra la prensa crítica, el acoso judicial y el uso de herramientas de vigilancia digital donde el caso paradigmático es el medio digital El Faro.
Todo ello también facilita los experimentos económicos que van desde la promoción del Bitcoin como moneda de curso legal, su cercanía a los tecnobros y proyectos que aspiran a la minería de datos y los data centers, hasta megaproyectos turísticos y la vuelta a la minería de oro y plata. Sin embargo, la apuesta fintech mostró límites: el uso social de la criptomoneda es marginal y los compromisos financieros externos obligaron a reacomodos condicionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Su propuesta fintech chocó de frente con la realidad social y presupuestaria del país y bajo la necesidad de reenfocar su estrategia, hoy en día se proyecta como el carcelero de confianza de Washington. La megacárcel del CECOT, como piedra angular de la guerra contra las pandillas, evidencia el empeño por espectacularizar la represión y convertirla en vitrina geopolítica. El proyecto de Bukele se articula como un modelo que combina cárcel para pobres y modernización selectiva y turismo para ricos.
Las aspiraciones regionales y el contexto geopolítico
El bukelismo ha permeado en sectores sociales y gobiernos de la región, normalizando la noción de que solo mediante medidas de excepción se puede enfrentar la violencia social y delincuencial. La caída de homicidios y la narrativa de eficacia estatal han generado un efecto contagio regional. En cambio, nada se dice del abrumante aumento de desapariciones forzosas, muertes, violaciones de derechos, torturas, etc., vinculados con la actuación del Estado.
En el plano regional, la relación con Estados Unidos es central para comprender la estabilidad e impunidad del régimen. Bukele ha transitado de una retórica soberanista a una funcionalidad geopolítica: ofrece gobernabilidad autoritaria en un país expulsor de migrantes y afectado por el crimen organizado transnacional.
Aquí encuentra convergencia con la agenda de seguridad y control migratorio estadounidense acentuada por el trumpismo: El Salvador se proyecta como Estado “tapón” y plataforma carcelaria, útil para el control regional desde la perspectiva de Washington. Así, la política exterior de Bukele se integra al modelo interno: la represión no solo ordena el territorio, sino que se convierte en recurso geopolítico de supervivencia para el régimen. La cárcel y el punitivismo deviene en moneda de cambio en la relación asimétrica con la potencia hemisférica que ha desplegado su nuevo corolario sobre la región.
En síntesis, el bukelismo representa la institucionalización y legitimación del miedo como principio organizador de la vida política y social. El debate dentro del marco de la democracia liberal suele ignorar que, mientras los sectores populares no experimenten mejoras materiales en sus condiciones de vida, el vaciamiento democrático y el autoritarismo seguirán siendo socialmente tolerables en los países periféricos si, a cambio, al menos se cuenta con la posibilidad de sobrevivir.
La disputa en El Salvador no es entre democracia liberal y dictadura clásica, sino entre democracia real de las de abajo o autoritarismo punitivo. El desafío político no es solo denunciar la deriva autoritaria, sino construir una alternativa al momento actual: pensar y construir modelos de seguridad comunitaria como elemento central, no solo para evitar la violencia social sino para reconstruir redes y lazos comunitarios. Solo podremos enfrentar el bukelismo planteando alternativas creíbles a sus propuestas autoritarias. En el corto plazo, el desafío de la izquierda es desmontar la narrativa acuñada que impone un falso dilema entre seguridad y derechos y con ello, abrir paso a un proyecto que coloque la dignidad de las y los de abajo y la justicia social, no el miedo, en el centro de la vida social y política salvadoreña.
*Analista de Espacio Publico.
