Del Plan Cóndor a la nueva arquitectura de la criminalización política – Por Alejandra Rizzo

Del Plan Cóndor a la nueva arquitectura de la criminalización política

Por Alejandra Rizzo*

El pasado 16 de julio, Estados Unidos fue escenario de una reunión internacional convocada por el secretario de Estado Marco Rubio para coordinar acciones contra el denominado “extremismo de izquierda”. La iniciativa, presentada como una estrategia de cooperación frente a nuevas amenazas para la seguridad, reabrió para América Latina un debate conocido: la construcción del enemigo interno y las nuevas formas de criminalización de los movimientos populares. 

La convocatoria tuvo lugar en Washington, donde el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reunió a representantes de 66 países europeos, asiáticos y americanos de países en la denominada “Cumbre Antifa”. Presentado oficialmente como un espacio de coordinación frente al llamado “extremismo de izquierda”, el encuentro pasó prácticamente inadvertido frente a la atención concentrada en el Mundial y abrió un debate sobre las nuevas formas de construcción del enemigo interno.

La iniciativa, enmarcada en la política de seguridad de la administración de Donald Trump, propone fortalecer la cooperación internacional para identificar, monitorear y enfrentar organizaciones y activistas considerados una amenaza para el orden democrático. Bajo ese discurso, Estados Unidos vuelve a redefinir quiénes son los nuevos enemigos de la seguridad global.

Más allá del lenguaje oficial, la cumbre abre interrogantes que en América Latina resuenan con fuerza. ¿Qué actores quedan comprendidos dentro de esa categoría de «extremismo»? ¿Quién establece sus límites? ¿Qué consecuencias tiene para las organizaciones sociales que cuestionan el orden político y económico vigente?

La construcción del enemigo interno

Toda doctrina de seguridad necesita construir un enemigo. Durante la Guerra Fría, ese lugar estuvo ocupado por el comunismo. Bajo la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por Estados Unidos, América Latina fue concebida como un territorio donde el principal peligro no provenía de un ejército extranjero, sino de actores internos: sindicatos, estudiantes, organizaciones campesinas, movimientos revolucionarios, intelectuales, sacerdotes comprometidos con las luchas populares y cualquier expresión política que cuestionara el orden establecido.

Aquella concepción dio sustento al Plan Cóndor, el sistema de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur que articuló inteligencia, persecución, secuestros, torturas y desapariciones forzadas con el respaldo político y estratégico de Washington.

Cinco décadas después, el escenario es diferente. Las dictaduras militares ya no constituyen el principal mecanismo de disciplinamiento en la región. Sin embargo, la lógica de identificar un «enemigo interno» continúa presente, aunque adaptada a las condiciones del siglo XXI.

Lo que cambia es el nombre del adversario, hoy aparecen conceptos como «extremismo de izquierda», «terrorismo doméstico», “narcoterrorista”, «activismo radical» o «amenazas híbridas», categorías suficientemente amplias como para incorporar bajo una misma definición a actores muy diversos. El desplazamiento semántico no modifica la función que es la de aislar, perseguir, judicializar y aniquilar proyectos, organizaciones y referencias del campo popular, mientras se descargan sobre las mayorías las consecuencias de un programa de saqueo, endeudamiento y disciplinamiento social.

Si el Plan Cóndor operó mediante la coordinación entre servicios de inteligencia y fuerzas militares, hoy la arquitectura del control incorpora nuevas herramientas como la vigilancia digital, inteligencia artificial, reconocimiento biométrico, intercambio de información entre agencias de seguridad, cooperación judicial, restricciones migratorias, sanciones financieras, campañas de desinformación y plataformas tecnológicas capaces de monitorear la actividad política de millones de personas.

La represión abierta deja paso, muchas veces, a formas más sofisticadas de disciplinamiento: la criminalización de la protesta, el lawfare, la persecución judicial, el espionaje digital y la estigmatización mediática.

Los feminismos frente a la nueva ofensiva

En este escenario, los feminismos ocupan un lugar cada vez más visible dentro de las ofensivas impulsadas por gobiernos de extrema derecha y sectores conservadores. No porque la «Cumbre Antifa» los señale explícitamente como uno de sus objetivos, sino porque, en distintos países, las agendas feministas han sido convertidas en blanco de campañas políticas y culturales que buscan asociarlas con una supuesta amenaza para los valores democráticos, la familia o el orden social.

La construcción de los feminismos como un enemigo político no se limita a la disputa discursiva. La eliminación de ministerios y organismos especializados, el desfinanciamiento de políticas públicas, el cierre de programas de prevención y asistencia, el retiro del Estado de los territorios y el debilitamiento de las organizaciones que sostienen redes de acompañamiento forman parte de una misma lógica. El disciplinamiento no opera únicamente sobre los cuerpos mediante la violencia o la represión. También se ejerce sobre las condiciones materiales que hacen posible la organización colectiva.

Las organizaciones feministas y sus referentes son presentadas como parte de una supuesta «ideología» enemiga, sometidos a investigaciones, expuestos públicamente o convertidos en blanco de campañas de hostigamiento. 

Los feminismos populares no sólo disputan derechos para las mujeres y las diversidades, también cuestionan la organización social de los cuidados, las desigualdades económicas, la precarización de la vida, el extractivismo, la militarización de los territorios, el racismo y las múltiples formas de violencia que sostienen el sistema capitalista- patriarcal. Su potencia política reside, precisamente, en que conectan las violencias que atraviesan los cuerpos con las estructuras económicas, sociales y políticas que las producen.

Por eso, para amplios sectores conservadores, dejan de ser únicamente un movimiento por la igualdad para convertirse en un actor político que interpela las bases mismas del modelo. Y cuando un movimiento es capaz de organizar, construir redes, disputar sentidos y producir respuestas colectivas allí donde el Estado se retira, su debilitamiento puede convertirse en un objetivo político.

La organización como respuesta

América Latina conoce demasiado bien las consecuencias de las doctrinas que convierten la diferencia política en una amenaza para la seguridad. El Plan Cóndor dejó una marca imborrable en la historia de la región, miles de personas perseguidas, encarceladas, desaparecidas y asesinadas bajo la lógica del «enemigo interno». Hoy los contextos son otros, las herramientas son distintas y las formas de intervención se han sofisticado, pero la disputa por definir quién representa una amenaza para esta nueva fase del sistema.

En un escenario atravesado por la vigilancia digital, el lawfare, la criminalización de la protesta, el aniquilamiento de los cuerpos  y las campañas de desinformación, las organizaciones populares vuelven a ocupar el centro de esa disputa. Feminismos, sindicatos, movimientos campesinos, indígenas, estudiantiles, ambientalistas y organismos de derechos humanos aparecen, en distintos países, como actores incómodos para proyectos políticos que buscan restringir derechos y desarticular las capacidades de organización colectiva.

Frente a ello, la respuesta difícilmente provenga de la fragmentación. Si las derechas articulan estrategias transnacionales, coordinan agendas de seguridad y comparten dispositivos de control, el desafío para los movimientos populares también es construir respuestas colectivas que trascienden las fronteras nacionales. La defensa de la democracia, de los derechos humanos y de la soberanía de nuestros pueblos dependerá, en buena medida, de la capacidad de fortalecer esas redes.

Porque la historia latinoamericana también deja otra enseñanza, cada intento de disciplinamiento encontró del otro lado, organización, solidaridad y resistencia. Y fueron, muchas veces, los feminismos, los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales quienes sostuvieron la memoria cuando el silencio parecía imponerse, defendiendo la vida frente a la violencia estatal y ampliando derechos cuando todo parecía indicar un camino inverso.

Si la construcción del «enemigo interno» vuelve a instalarse como herramienta para justificar nuevas formas de control, la respuesta no podrá ser el aislamiento. Será, como tantas veces en la historia de nuestra región, la calle como territorio de disputa, de organización y de encuentro. Pero también será la disputa por la virtualidad, un espacio que hoy funciona como un nuevo territorio de dominación, vigilancia y producción de consensos, y que las organizaciones populares deberán disputar para convertirlo en un instrumento al servicio de los pueblos y no del control.

Frente a una ofensiva que se articula a escala regional y global, los pueblos de Nuestra América enfrentarán el desafío de fortalecer sus capacidades de organización, construir estrategias comunes y tejer alianzas que trasciendan las fronteras nacionales. Más organización, más articulación y más solidaridad serán las consignas de una etapa en la que la disputa ya no pasa únicamente por el Estado, sino también por los territorios, las redes, la información y el sentido común. Porque el objetivo de estos dispositivos no es solo controlar o reprimir, es disciplinar a los pueblos para impedir que construyan alternativas. Frente a ello, defender la organización colectiva y sostener la dignidad humana se vuelve una tarea política ineludible y, quizás, la mayor urgencia de la humanidad. 

 

 

*Alejandra Rizzo, militante feminista argentina e integrante de la Colectiva Feminista Aquelarre en la provincia de San Luis, Argentina. Analista de Nodal