Perú: el dilema del subsidio al diésel y su costo para el fisco
Perú: el dilema del subsidio al diésel y su costo para el fisco
El Gobierno aprobó un nuevo subsidio temporal al diésel para reducir el impacto del alza internacional del combustible sobre el transporte de pasajeros y carga. La medida, establecida mediante el Decreto de Urgencia N.° 007-2026, estará vigente hasta el 31 de diciembre y contará con S/105 millones. El beneficio se otorgará mediante dos mecanismos: uno nacional y otro para Lima y Callao, con el fin de evitar que el mayor costo se traslade a los pasajes, los fletes y los alimentos.
Un mes antes de que asumiera el mandato, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) encontró indicios suficientes para recomendar activar la vigilancia de este fenómeno climático. Más allá de sus diferencias operativas, ambos mecanismos comparten una característica relevante: el subsidio no se entrega de manera indiscriminada.
Está dirigido únicamente a transportistas formales y utiliza mecanismos verificables —comprobantes electrónicos de compra de combustible o kilometraje registrado mediante GPS— para calcular el beneficio.Desde la perspectiva del diseño de políticas públicas, ello representa un avance respecto de esquemas más generales como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que actúa reduciendo el precio del combustible para todos los consumidores de los productos incluidos, independientemente de quién los utilice.
Este es el tercer subsidio al diésel aprobado este año. En mayo, el Decreto de Urgencia N.° 004-2026 otorgó S/4.00 por galón al transporte de pasajeros y carga a nivel nacional. Días después, el Decreto de Urgencia N.° 006-2026 creó el subsidio ECO para los operadores de Lima y Callao, calculado según los kilómetros recorridos.
El decreto de agosto integró ambos mecanismos en una sola norma y mantuvo los montos otorgados por galón y kilómetro. Sin embargo, redujo de S/39 millones a S/35 millones el compromiso mensual del Estado, un 10% menos. Los recursos para el esquema nacional aumentaron de S/16.9 millones a S/20 millones, mientras que los destinados a Lima y Callao disminuyeron de S/22.1 millones a S/15 millones.
La discusión de fondo, sin embargo, no es si debe existir o no un subsidio. La evidencia internacional muestra que, frente a choques extraordinarios y transitorios como un aumento abrupto del precio internacional del petróleo, un apoyo temporal puede ser una herramienta legítima para evitar efectos económicos y sociales desproporcionados. El verdadero desafío consiste en diseñarlo adecuadamente para que no termine convirtiéndose en un gasto permanente.
En esa línea, el nuevo programa incorpora varios elementos consistentes con las recomendaciones de organismos internacionales como el FMI y la OCDE. Tiene una duración definida, está focalizado en transportistas formales, utiliza mecanismos objetivos de verificación y limita el apoyo a un periodo excepcional. Estas características representan una mejora respecto a subsidios generalizados, que suelen beneficiar también a hogares de mayores ingresos y generan mayores distorsiones económicas.
Los desafíos
No obstante, persisten desafíos importantes. El primero es la ausencia de una estrategia explícita de salida. La norma establece cuándo comienza el subsidio, pero no bajo qué condiciones terminaría, cómo se evaluarán sus resultados o qué ocurrirá si los precios internacionales permanecen elevados al vencimiento del programa. La experiencia internacional muestra que muchos subsidios concebidos como temporales terminan prolongándose por presiones políticas o sociales, incrementando su costo fiscal.
Un segundo aspecto pendiente es la relación del nuevo subsidio con el FEPC. Si bien este mecanismo permanece vigente, su operación ha enfrentado importantes restricciones financieras y ha acumulado obligaciones pendientes con productores e importadores, lo que ha puesto en cuestión su sostenibilidad y ha motivado recomendaciones para su reforma o eliminación gradual.
En ese contexto, el nuevo subsidio se superpone parcialmente con un esquema cuya continuidad y articulación futura aún no han sido claramente definidas por el Ejecutivo. Por ello, transparentar el costo conjunto de ambos instrumentos, delimitar sus respectivos objetivos y establecer una hoja de ruta sobre su reemplazo contribuiría a mejorar la eficiencia del gasto público y la credibilidad de la política económica.
El Gobierno debe aclarar impacto fiscal
Un informe de la consultora Ronin advirtió que el Gobierno deberá aclarar el impacto fiscal del subsidio al diésel. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que podría recuperar recursos desembolsados cuando retrocedan los precios internacionales del petróleo, una lógica propia de un fondo de estabilización. Sin embargo, Ronin recordó que la experiencia del FEPC mostró dificultades políticas y operativas para retirar el apoyo. Por ello, sostuvo que no debe asumirse un costo fiscal nulo y que el Ejecutivo deberá demostrar que puede reponer los fondos utilizados.
