Argentina | A Cuatro años del atentado contra Cristina Kirchner: la bala no salió, la estructura sobrevivió – Por Emilia Trabucco
A Cuatro años del atentado contra Cristina Kirchner: la bala no salió, la estructura sobrevivió
Por Emilia Trabucco*
El 1° de septiembre de 2022 Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. La bala no salió. Cuatro años después, la principal dirigente del peronismo está condenada a seis años de prisión, cumple arresto domiciliario, lleva una tobillera electrónica y tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron condenados a diez y ocho años de prisión respectivamente por intentar asesinarla, mientras las investigaciones destinadas a establecer si existieron instigadores, financistas, conocimiento previo o responsabilidades superiores fueron fragmentadas, debilitadas o cerradas sin producir una explicación integral sobre el intento de magnifemicidio más grave desde la recuperación democrática (Ministerio Público Fiscal, 2025).
El aniversario encuentra, además, una escena de extraordinaria actualidad política. El 27 de agosto, apenas cuatro días antes de cumplirse cuatro años del atentado, el Senado aprobó 67 pliegos judiciales enviados por el gobierno de Javier Milei, elevando a 129 la cantidad de designaciones judiciales aprobadas durante el año. Entre los pliegos aprobados se encontraba el de Pablo Yadarola, uno de los jueces que en octubre de 2022 viajó a Lago Escondido junto a otros magistrados, funcionarios vinculados al macrismo y representantes de sectores empresariales, mediáticos y de inteligencia. Su designación para integrar la Cámara Federal porteña contó con el respaldo del peronismo y se inscribió en el proceso de cobertura de vacantes impulsado desde el Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques, quien también participó de aquel viaje. La secuencia permite formular una pregunta que excede largamente aquel episodio: cómo se reproducen en la Argentina estructuras de poder capaces de atravesar gobiernos, sobrevivir a las denuncias públicas y conservar capacidad para intervenir sobre la administración de Justicia.
El atentado contra Cristina marcó un punto de inflexión en el proceso de degradación democrática que atravesaba la Argentina. Después de años de persecución judicial, violencia discursiva y construcción de un enemigo político sobre el cual parecía permitido decir y representar cualquier cosa, el 1° de septiembre de 2022 la posibilidad de eliminación física volvió a ingresar en el horizonte de la política argentina.
La propia Cristina, en 2023, formuló posteriormente esa ruptura en términos históricos. En sus palabras, se trataba de aquel pacto que “se reconstituyó el 30 de octubre de 1983 y que se solidifica ese 10 de diciembre en la Plaza de Mayo” y que suponía que “no se podía ni siquiera pensar en que la supresión del adversario era la supresión de la vida”. Ese límite, construido sobre el rechazo a las prácticas de persecución, desaparición y exilio que habían atravesado la historia política argentina, fue quebrado, según su interpretación, el 1° de septiembre de 2022: “Y sin embargo ese primero de septiembre se rompió” (Fernández de Kirchner, 2023).
Aquella caracterización adquiere cuatro años después un sentido que excede el clima político en el que fue formulada. Diez días antes del atentado, el fiscal Diego Luciani había solicitado doce años de prisión contra Cristina en la causa Vialidad; tres meses después llegó la primera condena y, en junio de 2025, la Corte Suprema dejó firme la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Desde el 17 de junio de ese año cumple la condena bajo prisión domiciliaria en San José 1111, con vigilancia electrónica y un régimen de restricciones que la Cámara Federal de Casación volvió a confirmar en junio de 2026.
La legitimidad de esa condena constituye una de las principales disputas jurídicas y políticas de la Argentina contemporánea. Para quienes sostuvieron la acusación, se trata de una sentencia por administración fraudulenta confirmada por todas las instancias judiciales; para Cristina, dirigentes políticos, juristas y organismos de derechos humanos, el proceso constituye la culminación de una persecución judicial que terminó produciendo aquello que la violencia física no consiguió: excluir a la principal dirigente del peronismo de la competencia electoral. El Centro de Estudios Legales y Sociales definió en junio de 2025 la condena como un “hito” que consolida una forma de intervención del Poder Judicial capaz de construir “una gobernabilidad independiente de la voluntad popular” (CELS, 2025).
Esta disputa sobre los mecanismos institucionales de exclusión política adquiere una dimensión todavía más profunda cuando se la coloca en relación con el atentado del 1° de septiembre de 2022 y con las investigaciones destinadas a determinar no solo quiénes ejecutaron el ataque, sino también qué redes políticas, económicas y de poder pudieron rodearlo.
La denominada pista Milman, abierta para determinar si el entonces diputado del PRO Gerardo Milman había tenido conocimiento previo del atentado, terminó archivada, y en junio de 2026 la Cámara Federal de Casación declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por Cristina contra ese cierre. Revolución Federal, organización que protagonizó algunas de las expresiones más violentas de aquellos meses, fue investigada en un expediente separado, mientras por otra vía quedaron los pagos que Jonathan Morel, referente de la agrupación, y personas de su entorno recibieron de Caputo Hermanos, empresa vinculada al actual ministro de Economía.
Apenas seis semanas después del intento de magnifemicidio, en octubre de 2022 viajaron a la propiedad de Joe Lewis los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, el entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y Juan Bautista Mahiques, entonces fiscal general de la Ciudad. La denuncia presentada por el entonces ministro de Justicia, incluyó además a Jorge Rendo, Nicolás Van Ditmar, Leonardo Bergroth —exdirector de Asuntos Jurídicos de la SIDE— y Tomás Reinke, especialista en publicidad digital y política, a quienes sindicó por ofrecimiento de dádivas. El gobierno nacional pidió investigar incumplimiento de deberes, admisión y ofrecimiento de dádivas y posteriormente amplió la denuncia para incorporar posibles hechos de cohecho y tráfico de influencias, así como resoluciones judiciales posteriores favorables al Grupo Clarín y a Joe Lewis (Ministerio de Justicia, 2022-2023).
La importancia política de Lago Escondido permite observar una modalidad de articulación del poder en la que confluían jueces con intervención en expedientes políticamente sensibles, funcionarios, representantes del poder empresarial y comunicacional y antiguos integrantes de los servicios de inteligencia. La causa terminó sin consecuencias penales para sus protagonistas, pero las relaciones que aquella fotografía permitió observar no desaparecieron con el cierre judicial del expediente.
El recorrido posterior de Juan Bautista Mahiques resulta particularmente significativo para comprender esa continuidad. Representante del Poder Ejecutivo de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura, luego fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, participante del viaje a Lago Escondido y desde marzo de 2026 ministro de Justicia de Javier Milei, su trayectoria atraviesa administraciones y espacios institucionales diferentes vinculados por una cuestión central, la organización del poder judicial.
A comienzos de 2026, cerca del 36,3% de los cargos en juzgados federales y nacionales permanecían vacantes. En agosto, Mahiques anunció que el Poder Ejecutivo había enviado al Senado 203 pliegos para jueces, fiscales y defensores, la mayor cantidad de candidatos remitidos por un presidente en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994 (TN, 2026; Ministerio de Justicia, 2026). La magnitud de ese proceso obliga a dimensionar lo que está en juego, porque cubrir semejante cantidad de vacantes supone intervenir sobre la composición de una parte sustantiva del sistema judicial durante períodos que excederán largamente al actual gobierno.
Los pliegos aprobados días atrás, deben ser leídos en este contexto. Entre los candidatos estaban Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales más sensibles del sistema judicial argentino, porque revisa las decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py y tendrá intervención en investigaciones que alcanzan al propio gobierno de Milei. El pliego de Bertuzzi fue aprobado por 44 votos contra 23: todos los votos negativos provinieron del interbloque justicialista. Yadarola, en cambio, integró el paquete de los otros 66 pliegos aprobados por unanimidad de los 66 senadores presentes. José Mayans había anticipado que el peronismo rechazaría solamente a Bertuzzi, mientras Martín Soria, exministro de Justicia y responsable político de la denuncia por Lago Escondido, estuvo presente para votar contra Bertuzzi pero no participó de la votación que aprobó a Yadarola (Noticias Argentinas; La Política Online, 27 de agosto de 2026).
Cuatro años separan así dos escenas protagonizadas parcialmente por los mismos actores. En diciembre de 2022, el Ministerio de Justicia de un gobierno peronista denunciaba a Mahiques y Yadarola por Lago Escondido; en agosto de 2026, Mahiques conduce el Ministerio de Justicia de Milei y Yadarola accede a una de las cámaras más poderosas del fuero federal con votos del mismo espacio político que había denunciado aquel entramado. La contradicción excede cualquier reproche moral a un bloque parlamentario y obliga a introducir una hipótesis más compleja sobre la forma en que se construye y conserva el poder en la Argentina.
Las corporaciones judiciales no reproducen su capacidad de intervención únicamente desde los tribunales ni necesitan controlar de manera absoluta a un gobierno. Su fortaleza reside precisamente en construir relaciones con poderes económicos y mediáticos, servicios de inteligencia y actores políticos diferentes, capaces de sobrevivir a las alternancias electorales. Una estructura de poder alcanza verdadera estabilidad cuando puede ser denunciada por un gobierno, conservar sus posiciones durante ese mismo período, reorganizarse con la administración siguiente y obtener, llegado el momento, acuerdos de quienes habían cuestionado públicamente su funcionamiento. Desde esa perspectiva, el tránsito de Mahiques desde posiciones centrales durante el macrismo hacia el gabinete de Milei y la aprobación de Yadarola con votos oficialistas, opositores y peronistas muestran una continuidad institucional más profunda que las identidades partidarias de cada administración.
Allí reside también uno de los problemas que enfrenta el peronismo para construir una política frente al Poder Judicial. Durante años denunció la existencia de un entramado entre sectores de Comodoro Py, servicios de inteligencia, grandes medios de comunicación y poder económico que intervino sobre la competencia política mediante investigaciones, filtraciones, prisiones preventivas, operaciones mediáticas y decisiones judiciales y Lago Escondido pareció ofrecer una representación material de esas relaciones. Si quienes integraron aquella trama pueden posteriormente ser legitimados con los votos de quienes la denunciaron, el problema deja de ser solamente la capacidad corporativa de la Justicia y pasa a incluir la dificultad del sistema político para establecer límites institucionales duraderos frente a ella.
La experiencia latinoamericana de las últimas décadas permite inscribir esa discusión en una transformación más amplia de los mecanismos de intervención sobre la voluntad popular. La creciente judicialización de la política, las destituciones parlamentarias, la persecución penal de liderazgos populares y la articulación entre tribunales, medios, intereses económicos y aparatos de inteligencia modificaron las formas tradicionales mediante las cuales se altera una relación de fuerzas democrática.
Por eso, el problema político del intento de magnifemicidio contra Cristina Kirchner reside tanto en aquello que ocurrió como en aquello que el Estado democrático no logró esclarecer. Sabemos quién gatilló y quién participó materialmente del atentado, y sabemos también que la mujer contra quien se dirigió aquella arma está hoy presa e inhabilitada para competir electoralmente. Entre esas certezas permanece abierta la pregunta sobre las responsabilidades superiores del atentado y sobre las estructuras de poder que atravesaron aquellos años, pero sería un error convertir esa falta de respuestas en la afirmación de una conexión penal que no ha sido demostrada. Lo que sí puede afirmarse es que, mientras aquellas líneas de investigación perdieron impulso o fueron clausuradas, algunas de las redes de relaciones entre Justicia, política, medios, empresarios e inteligencia expuestas durante el mismo período conservaron capacidad institucional y varios de sus protagonistas atravesaron el escándalo sin perder poder.
A cuatro años del 1° de septiembre de 2022, la bala que debía matar a Cristina Fernández de Kirchner no salió, pero la estructura de poder que la democracia debía investigar no fue desarticulada. Algunos de los actores que protagonizaron las redes expuestas durante aquellos meses conservaron sus posiciones, otros fueron ascendidos y otros adquirieron capacidad para intervenir sobre la composición futura de la Justicia argentina. La impunidad del intento de magnifemicidio no puede reducirse, por eso, a la ausencia de una condena contra eventuales autores intelectuales, sino que remite también a la incapacidad de la democracia para esclarecer hasta dónde llegaban las condiciones de poder que rodearon el atentado y para construir límites frente a estructuras que, cuatro años después, continúan reproduciéndose dentro de sus propias instituciones.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Directora de NODAL. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
