Argentina | La universidad pública convoca una nueva jornada de movilización social – Por Mariano Yedro
La universidad pública convoca una nueva jornada de movilización social
Por Mariano Yedro
Las movilizaciones estudiantiles recorren el mundo ante el retroceso de los derechos sociales. En Europa, los habitantes de Francia, Bélgica y España protestan por el acceso a la vivienda. En América Latina, los estudiantes de Brasil respaldan la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que en Chile rechazan los recortes del gasto educativo impulsados por el dirigente político José Antonio Kast. En Asia, la India también registra protestas en la comunidad universitaria. En este escenario global de descontento, Argentina ejecuta su quinta Marcha Federal Universitaria, una movilización que trasciende la demanda sectorial y unifica reclamos transversales de la sociedad civil debido al persistente incumplimiento de las normativas de financiamiento por parte del Poder Ejecutivo.
La protesta civil ocurre en un clima de alta tensión institucional y judicial en Buenos Aires, Argentina. El 7 de octubre un grupo de 100 estudiantes ocupó el hall del Palacio Sarmiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exigir una audiencia con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. La Policía Federal Argentina (PFA) desalojó el edificio por orden del Gobierno Nacional. En paralelo, rectores de 60 universidades públicas se concentraron en el Cabildo de Buenos Aires para ratificar la marcha. A la par, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto que condicionaba los fondos universitarios a la disponibilidad de partidas. La justicia federal ordenó al Poder Ejecutivo aplicar la ley de financiamiento de manera inmediata.
Detrás de este conflicto existe una reducción de los recursos públicos. El presupuesto general de la Secretaría de Educación cayó en 2026 un 48,9 % en términos reales respecto a 2023. La inversión estatal para las universidades nacionales bajó del 0,712 % del Producto Bruto Interno (PBI) al 0,512 % proyectado para 2026. Esta cifra se ubica cerca de los mínimos históricos registrados en las crisis económicas de 1989 y 2004. Las instituciones universitarias argentinas perdieron 5,44 billones de pesos —unos 5.400 millones de dólares— en tres años. Esta pérdida monetaria equivale a privar a todo el sistema de educación superior de un año completo de financiamiento.
La devaluación salarial afecta al personal de las provincias argentinas. Los sueldos reales en las universidades nacionales sufrieron una caída del 23,8 % real entre noviembre de 2023 y julio de 2026. Para recuperar el poder adquisitivo, el personal requiere un incremento inmediato del 31,2 %. La pérdida acumulada por el congelamiento y la licuación de ingresos representa una quita de 4,57 billones de pesos (4.500 millones de dólares). El poder de compra actual se sitúa por debajo de los registros de la crisis económica del año 2002.
El recorte presupuestario afecta las condiciones de permanencia de los estudiantes. El programa de Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes sufrió una baja real del 28,3 % en el presupuesto de 2026. Los gastos de funcionamiento, destinados al pago de luz, gas e insumos de mantenimiento, se redujeron un 14,4 %. Asimismo, el presupuesto de los hospitales universitarios descendió un 8,8 % en términos reales.
En la misma línea, el sistema científico nacional experimenta un proceso de desmantelamiento estructural. El presupuesto total para Ciencia y Tecnología de la Administración Pública Nacional cayó un 45,7 % real respecto al año 2023. La inversión representa el 0,154 % del PBI, el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica en 1972. El Estado incumple la Ley de Financiamiento de Ciencia, que exigía un 0,520 % del PBI para 2026. En el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), los fondos cayeron un 35,1 %. La Agencia de I+D+i redujo sus recursos un 87,8 %, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) registró una baja del 40,7 %. Los sueldos de investigadores cayeron un 40,5 % real. Las compras de insumos bajaron un 54,3 % y la adquisición de equipamiento disminuyó un 57,6 %.
La marcha universitaria del 15 de octubre coincide con una sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación en Buenos Aires. La movilización incorpora tres demandas sociales al reclamo educativo: el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, la declaración de la emergencia en discapacidad y el freno al endeudamiento familiar. La comunidad educativa rechaza la desregulación económica que habilitaba la venta de suelo rural a extranjeros. La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió provisionalmente ese artículo, pero la demanda de derogación total continúa vigente. Las organizaciones exigen prorrogar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 para asegurar pensiones. El reclamo contra el sobreendeudamiento familiar exige límites a las cuotas de préstamos y tarjetas ante la pérdida de capacidad de pago de los hogares.
Este conflicto acumula una secuencia histórica de marchas federales. La primera protesta ocurrió el 23 de abril de 2024 con un millón de personas en las calles del país. El Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario en septiembre de 2024 con un costo fiscal de 0,14 % del PBI, pero el veto presidencial provocó la segunda marcha el 2 de octubre de 2024. Tras una nueva aprobación legislativa en agosto de 2025, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación mediante un decreto, lo que desencadenó la tercera marcha el 17 de septiembre de 2025. En diciembre de 2025, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) interpuso un amparo aceptado por la justicia federal. Ante la continuidad de las restricciones presupuestarias, la comunidad educativa realizó la cuarta marcha el 12 de mayo de 2026.
La quinta Marcha Federal Universitaria expone la persistencia de las demandas presupuestarias frente a las decisiones administrativas del Poder Ejecutivo. El cumplimiento de las resoluciones del Congreso de la Nación y del Poder Judicial de la Nación representa la vía institucional indispensable para normalizar el funcionamiento del sistema educativo y científico de Argentina.
*Mariano Yedro es Profesor y Licenciado en Historia (UNRC) y Magister en Comunicacion y Cultura contemporánea (UNC). Docente en la UNRC. Es integrante del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
