El gobierno insiste a EEUU para que incluya a la isla en ley de quiebras

El Departamento de Justicia de Puerto Rico radicó un recurso de “certiorari” ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para que se declare constitucionalmente válida la ley que permitiría que las corporaciones públicas de la Isla reestructuren sus deudas mediante un proceso ordenado -Quiebra Criolla-.

El gobierno de Puerto Rico insistió en el recurso legal la necesidad de que las corporaciones públicas puedan reestructurar sus deudas, y que se garantice las prestación de los servicios básicos a la ciudadanía.

“Como anunciáramos hace unas semanas, estamos acudiendo ante el más alto foro judicial en la esfera federal, para que se le reconozca a Puerto Rico su facultad de legislar en materia de reestructuración fiscal de las corporaciones públicas. En la petición de ‘certiorari’ lo que decimos es que –dado que en 1984 se excluyó a Puerto Rico del Capítulo 9 del Código de Quiebras federal–, el campo para poder legislar en esa área nunca fue ocupado por lo que nuestra Ley 71 es válida. Así como hemos dicho anteriormente, no es aceptable que se coloque a Puerto Rico en estado de indefensión en sus asuntos fiscales. Convencidos de ello, defendemos con firmeza nuestro derecho a crear legislación que dicte los procesos ordenados que tanto el gobierno como sus acreedores necesitamos para enfrentar el cúmulo de deuda actual”, afirmó el secretario de la agencia César Miranda en un comunicado de prensa.

“Entendemos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos debe acoger nuestra petición para que se reconozca la facultad de Puerto Rico de legislar una reestructuración fiscal en las corporaciones públicas. Es hora ya de que se despejen las dudas infundadas que se han estado lanzando sobre nuestra capacidad para encaminar nuestros propios asuntos en materia de legislación fiscal. No hay impedimento constitucional alguno para la puesta en vigor de nuestra Ley 71, la cual entendemos constitucional, necesaria y oportuna para atender de manera justa y ordenada nuestras obligaciones”, agregó.

En julio pasado el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, confirmó al juez federal Francisco Besosa, quien declaró nula la “Ley para el Cumplimiento de las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas”, mejor conocida como “Quiebra Criolla”.

“En el denegar a Puerto Rico el poder de seleccionar el remedio del Capítulo 9, el Congreso ha retenido para sí mismo la autoridad de decidir la mejor solución navega en el caso de Puerto Rico…debemos respetar la decisión del Congreso de retener su autoridad”, expresa la orden del panel de jueces compuesto por el juez presidente Jeffrey Howard, Sandra Lynch y Juan Torruella.

Los jueces concluyeron que la enmienda de 1984 le garantiza la habilidad de prevenir que Puerto Rico se acoja al Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras.

El gobierno de Puerto Rico planteaba que aunque la Isla estuviera excluida de la Ley de Quiebras, tiene la autoridad para legislar localmente para permitir a las instrumentalidades del estado reestructurar su deuda para trabajar con la insolvencia del estado.

El Estado Libre Asociado (ELA) insistía en su derecho a tener un marco jurídico que le permita cumplir con sus obligaciones, sin afectar la continuidad de los servicios.

El 28 de junio de 2014 los inversionistas radicaron la demanda en el Tribunal Federal y pidieron al juez Besosa que declarara inconstitucional el estatuto.

Los demandantes, 23 gestores de fondos de Estados Unidos, particularmente las franquicias Franklin Funds y Oppenheimer y Blue Mountain Management, alegan que la “Quiebra Criolla es un campo ocupado por las leyes federales”.

Los jueces del Apelativo acogieron los planteamientos de los demandantes en el sentido de que el Congreso ha dispuesto que los estados no tienen el poder para aprobar sus propias leyes para el ajuste de deudas y han excluido a las instrumentalidades de Puerto Rico de participar en el sistema de quiebra federal.

Vocero