Los gases lacrimógenos recorren América Latina: el conveniente sesgo de los medios ante a la represión
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Cecilia González
Hay muchos eufemismos. Los llaman enfrentamientos, desalojos, peleas, disturbios o incidentes.
Pero lo que en realidad recorre América Latina es la violenta represión de las fuerzas de Seguridad a las movilizaciones populares.
Dependiendo del país y del gobierno de turno, gendarmes, policías o soldados reprimen las protestas con gases lacrimógenos, carros hidrantes, balas de goma y de plomo, pistolas eléctricas, golpes, persecuciones y detenciones. En los casos más extremos hay mutilaciones y asesinatos.
En los últimos meses, la criminalización de las marchas y la persecución a los manifestantes ha derivado, en algunos casos, en violaciones a los derechos humanos que la mayoría de la prensa tradicional, la de mayor influencia en cada país, cubre de acuerdo con sus intereses políticos e ideológicos y no por la gravedad de lo acontecido. La información no es prioritaria. Las denuncias y las coberturas son selectivas. A nivel internacional, también se construye un relato que azuza la indignación contra algunos líderes políticos y minimiza la actuación de otros. Las marchas a favor del gobierno que determinado medio respalda, se magnifican y cubren con detalle, pero si las masas salen a repudiar a ese mismo gobierno, se las ignora o desprecia.
Las marchas a favor del gobierno que determinado medio respalda, se magnifican y cubren con detalle, pero si las masas salen a repudiar a ese mismo gobierno, se las ignora o desprecia.
Así, mientras renombrados medios y comunicadores llevan años criticando con suma rabia al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, justifican o nada dicen de la violencia de los carabineros en Chile que ya equivalen a crímenes de lesa humanidad. También se niegan a reconocer el golpe de Estado en Bolivia y guardan silencio sobre las masacres que está llevando a cabo el autoproclamado gobierno de Jeanine Áñez. En el caso contrario, otros que han callado sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, ahora denuncian con énfasis lo que ocurre en Chile y Bolivia, por citar dos de los acontecimientos más visibles y polarizantes de los últimos meses.
En el medio de este desequilibrio informativo, de esta pugna de intereses, hay víctimas. Y de algunas se habla poco y nada.
En Haití, por ejemplo, las protestas masivas para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse comenzaron en febrero, motivadas por la crisis económica y la corrupción, pero a partir de septiembre, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, el recrudecimiento de la represión ha dejado un saldo de 42 muertos y 86 heridos, entre ellos menores de edad.
Los guatemaltecos, en tanto, padecieron un estado de sitio durante dos meses en varias regiones. La medida, que fue tomada por el presidente Jimmy Morales luego de la muerte no aclarada de tres soldados en un operativo antinarco, prohibió el derecho de reunión y de manifestación y permitió detenciones e interrogatorios contra líderes sociales. A principios de noviembre, el gobierno anunció que había detenido en total a 973 personas, pero no hay detalles de quiénes son y de qué se les acusa. La tensión social continúa, así como las marchas encabezadas por organizaciones campesinas e indígenas que exigen la renuncia de Morales.
En septiembre, organizaciones civiles de Honduras denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en los primeros nueve meses del año, el endurecimiento represivo del gobierno de Juan Orlando Hernández había dejado un saldo de nueve personas asesinadas, 88 heridas y 200 detenidas, solamente por haber ejercido su derecho a la protesta social.
A escasos kilómetros, el panorama empeora. De acuerdo con la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, en ese país centroamericano han sido asesinadas más de 600 personas desde que el año pasado estallaron las manifestaciones en contra de las reformas al sistema de seguro social que luego, en medio del clima de violencia, el presidente Daniel Ortega tuvo que derogar. Las cifras extraoficiales reportan casi 5.000 heridos, a los que se les suman 516 secuestrados y 853 desaparecidos, delitos que son catalogados de lesa humanidad. Las protestas para exigir la liberación de presos políticos continúan, pero son bañadas en gases lacrimógenos. Y balas.
En Venezuela, el llamado ‘Informe Bachelet’, que fue presentado por la expresidenta de Chile y hoy Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, oficializó y concentró las acusaciones que ya arrastraba el gobierno de Maduro: ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional, persecución y detención de opositores y un éxodo de 4,3 millones de venezolanos que han dejado el país, obligados por la crisis económica que vulnera sus derechos elementales de supervivencia y que ha provocado una crisis humanitaria.
Las fotos de las víctimas con el ojo parchado se han convertido en prueba y emblema de la represión que incluye denuncias por torturas, abusos sexuales y asesinatos.
Bachelet está preparando un reporte similar sobre Chile, pero ya adelantó una posición crítica porque en las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera los Carabineros no han cumplido los protocolos que prohíben usar gases y agua, a menos de que enfrenten un riesgo real. Están, además, los balines de goma que, cuando se usan en casos extremos, se deberían dirigir de la cintura para abajo. Su uso indiscriminado ya provocó que por lo menos 200 chilenos pierdan un ojo. Las fotos de las víctimas con el ojo parchado se han convertido en prueba y emblema de la represión que incluye denuncias por torturas, abusos sexuales y asesinatos. Amnistía Internacional presentó este viernes su propio informe en el que denuncia que el Ejército y Carabineros cometieron ataques generalizados contra los manifestantes, y que el saldo provisional es de cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas. «Por acción u omisión, el Estado permitió violaciones de derechos humanos», acusó.
Desde Brasil, Jair Bolsonaro, impulsor de la portación indiscriminada de armas y el asesinato de presuntos delincuentes, apoya a Piñera y aplaude la represión. No sorprende de un presidente que minimizó el asesinato de Marielle Franco, la activista que fue baleada en Río de Janeiro en marzo de 2016 y que se erigió como un símbolo del peligro que corren los defensores de derechos humanos en este país.
Los gases se dispersaron, también, en Colombia. La víspera, en la huelga general que derivó en una movilización masiva y nacional como no se veía en ese país en décadas, el debilitado presidente Iván Duque decidió apostar a los soldados en los alrededores de la manifestación y se decretó el toque de queda en varias regiones. Estudiantes, trabajadores e indígenas unificaron reclamos en un país que, como México, padece una interminable y profunda crisis humanitaria provocada por la guerra contra el narcotráfico. El gobierno ya confirmó que hubo por lo menos tres muertos, más de 250 heridos y casi un centenar de detenidos.
Las denuncias contra el papel de los estados y de las fuerzas de Seguridad a su mando son similares en la mayoría de los países: militarización de la seguridad pública, uso excesivo de la fuerza, represión con armas de fuego, uso indiscriminado de gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias.
La emergencia de derechos humanos avanza y afecta a toda la región, aunque a veces parezca que unas crisis importan más que otras.
En Bolivia, la preocupación es latente y extrema. El resultado de la violencia que estalló después del golpe de Estado a Evo Morales todavía es impredecible y atemorizante. La Policía lanza gases lacrimógenos directo al rostro de periodistas que reportan en vivo y en directo; a los partidarios de Morales y a las personas que tratan de enterrar a sus muertos. La autoproclamada presidenta eximió a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal en los crímenes que se están cometiendo a diario en el país. Persigue y proscribe a los opositores. Hasta ahora la Defensoría del Pueblo contabiliza 32 personas asesinadas y más de 700 heridos. Pero los números son provisionales porque la crisis no tiene fin.
La emergencia de derechos humanos avanza y afecta a toda la región, aunque a veces parezca que unas crisis importan más que otras.
