El proyecto de las «falsas denuncias»: quiénes impulsan la contraofensiva neofascista en Argentina y la región – Por Alejandra Rizzo
El proyecto de las «falsas denuncias»: quiénes impulsan la contraofensiva neofascista en Argentina y la región
Por Alejandra Rizzo*
En el escenario político actual de América Latina y el Caribe, ha emergido una agenda legislativa que, bajo la premisa de combatir «falsas denuncias» por violencia de género, busca rediseñar la arquitectura procesal y penal de los Estados para desplazar el foco de la violencia patriarcal contra mujeres e infancias hacia la sospecha sobre las víctimas y su disciplinamiento. Lo que se presenta como un reclamo de «verdad judicial» constituye, en rigor, una red coordinada de actores políticos, fundaciones e intereses corporativos que operan a escala global, regional y nacional.
El núcleo político y el laboratorio legislativo en Argentina
El impulso más visible de esta agenda se concentra en el Congreso de la Nación, donde se han presentado proyectos de ley que utilizan el delito de la falsa denuncia -ya penado en el Código Penal del país- como caballo de troya para criminalizar específicamente las denuncias de mujeres e infancias por violencias o abusos.
La senadora Carolina Losada (Unión Cívica Radical) lidera la ofensiva parlamentaria con proyectos que proponen elevar penas e incorporar agravantes para denuncias consideradas falsas. A su lado, Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza) actúa como el operador institucional clave desde la Comisión de Justicia, mientras que el exministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona le otorgó a esta agenda el estatuto de «política criminal» desde el Poder Ejecutivo.
En la Cámara de Diputados, figuras como Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) y Patricia Vázquez (PRO) diversifican la estrategia. Lemoine enfoca la penalización en quienes difundan denuncias, contando con el apoyo de agrupaciones libertarias como «La Púrpura». Por su parte, Vázquez conecta el discurso con la narrativa de la «industria del juicio», citando explícitamente a la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), lo que desplaza la agenda hacia una racionalidad corporativa y anti-litigiosidad.
La federalización de este proyecto ya es efectiva en provincias como Tucumán, donde el legislador José Macome (PRO) impulsa reformas que bajan directamente a los códigos procesales de familia y penal, funcionando como un laboratorio para el resto del país. Además, tomaron estado parlamentario proyectos similares en Jujuy y Mendoza, en la primera, de la mano de la diputada provincial Daniela Vélez (PJ) y en la segunda, por iniciativa de la diputada Sol Salinas (PRO).
El brazo civil: la producción de sospecha
La legitimación de estos proyectos no nace del vacío, sino de un ecosistema de fundaciones y ONG que proveen testimonios y «estadísticas» auto-reportadas sin rigor metodológico. Entre las más activas se encuentran:
Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias: Liderado por Andrea Guacci, busca desactivar la crítica de que se trata de un movimiento solo de varones. El origen de esta organización está ligado al caso de Diego Guacci (ex DT de la Selección Femenina Argentina), denunciado por acoso y abuso sexual ante la FIFA, conectando el interés económico de la restitución de contratos de alto valor con la militancia legislativa.
Fundación Ayudar y Crecer (Observatorio de Falsas Denuncias): Entidad fundada por Patricia Anzoátegui, que produce la apariencia de un «problema masivo» recopilando casos y brindando asesoramiento legal a hombres denunciados. Es citada recurrentemente por legisladores como fuente técnica a pesar de sus debilidades metodológicas. En su objetivo por constituirse en un think tank impulsor de estas ideas, impulsó en 2025 el 2° Congreso Internacional de Falsas Denuncias y Evidencia Científica y participó de Jornadas sobre Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina en articulación con VOX en el Congreso de España, el mismo año.
Fundación Morelli y AFAMSE: Organizaciones que combinan el activismo judicial con “cruzadas” contra la Educación Sexual Integral (ESI), vinculando la defensa de agresores con agendas de extrema derecha y convirtiendo en victimarias a las madres protectoras y las infancias que denuncian Abuso Sexual Infantil (ASI).
El brazo ideológico global y la conexión regional: la arquitectura de una ofensiva planificada
La agenda de las «falsas denuncias» en Argentina opera como la terminal local de un engranaje transnacional que coordina discursos, financiamiento y estrategias legales. No se trata de una reacción espontánea de legisladores nacionales, sino de la implementación de un proyecto global que busca retroceder en los avances en derechos de género y protección de las niñeces, que logró el movimiento transfeminista.
A nivel mundial, los actores locales se espejan en figuras y estrategias de alto impacto mediático y judicial. Un punto de referencia ineludible es la labor de Alan Dershowitz, uno de los abogados vinculados al caso de Jeffrey Epstein, quien ha sido el máximo teórico global sobre cómo utilizar la narrativa de la «falsa denuncia» para neutralizar a víctimas de abuso sexual mediante el descrédito por motivos económicos.
Esta conexión se vuelve material en la figura de Federico «Fred» Machado, empresario argentino extraditado por narcotráfico y lavado que, según documentos desclasificados en 2026 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, facilitaba logística aérea para Epstein. Machado comparte defensa legal con el presidente Javier Milei a través de Francisco Oneto, un abogado que también asesora y apoya la agenda del matrimonio Guacci en Argentina. Este círculo de poder económico y jurídico es el que verdaderamente conduce la demanda de leyes que frenen el poder de las denuncias, otorgándoles una herramienta de contraataque legal frente a procesos por delitos sexuales o financieros.
El despliegue de esta agenda en el Cono Sur cuenta con el respaldo logístico de la Atlas Network, una «fundación de fundaciones» con sede en Estados Unidos que funciona como el centro de mando para la formación de cuadros y financiamiento de think tanks locales. A través de becas y capacitación, esta red conduce la narrativa de actores como la senadora Carolina Losada —vinculada a la Fundación Libertad— y el exministro Cúneo Libarona, instalando la idea de que las políticas de género son una «intromisión» estatal que debe ser combatida en el ámbito judicial.
España es el espejo en el que se miran muchos proyectos latinoamericanos, donde la criminalización de la Ley Orgánica 1/2004 con el argumento de que genera incentivos para denuncias instrumentales, es una de las banderas del partido VOX en el Congreso.
El mapa de la ofensiva regional: del «SAP» a la reforma penal
El motor regional de esta agenda es la plataforma uruguaya Varones Unidos, que coordina la Alianza Latinoamericana por la Familia. Esta red conduce la implementación de proyectos que buscan validar el Síndrome de Alienación Parental (SAP), una figura no reconocida por la OMS, que se utiliza argumentativamente para invalidar testimonios de abuso.
La expansión territorial muestra distintas estrategias según el país, pero siempre partiendo de una iniciativa común de deslegitimar las leyes contra la violencia de género y la modificación de los Códigos Penales de cada país con sanciones específicas a denuncias “falsas” en cuestiones de violencia familiar o de género.
El caso de Perú es uno de los puntos de mayor formalización legislativa. El congresista Alejandro Muñante (Bloque de Renovación Popular y Fuerza Popular) y otros impulsan los proyectos que buscan reformar directamente el Código Penal para incorporar sanciones específicas a las denuncias falsas en procesos de violencia familiar con penas de hasta 6 años de prisión e inhabilitar a abogados patrocinantes.
En Chile el debate ha escalado hacia una propuesta de «Ley de Denuncias Falsas» autónoma, impulsada por diputados como Karen Medina (Partido de la Gente-PDG), Camila Flores (Renovación Nacional-RN) y María Luisa Cordero (médica y legisladora por Chile Vamos). El objetivo es generar mecanismos de “reparación” inmediata ante lo que denominan «venganzas personales» en conflictos de custodia.
Por su parte México, ya posee penas de hasta 6 años en su Código Penal, pero el empuje actual en congresos estatales como CDMX y Nuevo León por parte de legisladores locales (principalmente de PAN y sectores de PRI) buscan agravar las sanciones cuando la denuncia se usa para disputas de guarda y custodia.
Por otro lado, en Uruguay existen sectores que promueven leyes específicas contra «denuncias falsas» en procesos de familia centradas en modificar el artículo del Código Penal sobre Simulación de delito y calumnia. Éste ha sido el laboratorio de los primeros estudios regionales sobre el tema, como el informe de ONU Mujeres (2025) «Denuncias Falsas de Violencia Basada en Género en Uruguay «que echa por tierra el argumento de la ola de falsas denuncias.
En definitiva, los actores argentinos son los ejecutores de una estrategia diseñada en redes internacionales que ven en la criminalización de la denuncia, el mecanismo de salvaguarda definitiva para estructuras de poder y redes de impunidad transnacionales, regionales y locales.
Conclusión: disciplina y hostigamiento
Esta red transnacional mediante sus proyectos de leyes “locales” busca, por un lado, deslegitimar los avances en terminos de prevención y erradicacion de la violencia de género y abuso sexual infantil, y por otro, modificar un delito ya legislado mediante códigos penales para criminalizar y agravar penas específicamente en casos de violencia intrafamiliar.
La punta de lanza que constituyen estos proyectos de ley no es solo un debate parlamentario y judicial, sino más bien el dispositivo jurídico-político de una guerra multidimensional contra los avances en términos de derechos de las mujeres e infancias que logró el movimiento transfeminista en las últimas décadas, buscando influir en el sentido común de nuestras sociedades para convertir al victimario en víctima y viceversa.
No se trata de un debate ingenuo, sino más bien de la defensa de intereses de poder por parte de un entramado político-corporativo-judicial-mediático que se encuentra articulado desde lo global,con sus expresiones regionales y nacionales
En un contexto de avanzada neofascista en el mundo, resulta fundamental comprender el plan sistemático que impulsan articuladamente, para visibilizar y confrontarlo desde la articulación de las luchas transfeministas, tejidas y combinadas de manera local y a escala regional.
En definitiva, el proyecto de «falsas denuncias» se consolida como una tecnología de impunidad que trasciende fronteras, uniendo a la política partidaria “autoritaria y neoconservadora” con el poder corporativo transnacional. Y a la que le haremos frente juntes, en las calles y en cada territorio.
*Alejandra Rizzo, militante feminista argentina e integrante de la Colectiva Aquelarre Feminista en la provincia de San Luis, Argentina. Analista de NODAL.
