Cristina libre: una causa democrática – Por Lorena Pokoik
Cristina libre: una causa democrática
*Por Lorena Pokoik
La proscripción no actúa solamente sobre una dirigente. Actúa sobre una posibilidad política. A un año de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, la pregunta de fondo sigue siendo quién decide realmente en una democracia: el pueblo a través del voto o los poderes capaces de excluir determinadas opciones antes de que la sociedad pueda elegir.
A un año de la sentencia que derivó en la detención y proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina vuelve a enfrentarse a una pregunta que excede largamente el destino personal de una dirigente. No está en juego solamente la situación de una ex presidenta de la Nación, ex vicepresidenta, presidenta y conductora del Partido Justicialista Nacional y principal referencia política de la oposición. Está en debate la calidad de nuestra democracia, los límites de la soberanía popular y la capacidad efectiva de nuestro pueblo para elegir libremente entre proyectos políticos distintos.
La misma dirigente que fue elegida dos veces presidenta por amplias mayorías populares, que encabezó uno de los períodos de mayor crecimiento económico, ampliación de derechos y redistribución del ingreso desde la recuperación democrática, que sobrevivió a un intento de magnicidio y que continúa representando a millones de argentinos y argentinas permanece hoy detenida e inhabilitada para competir electoralmente.
Ese dato, por sí solo, debería provocar una reflexión democrática mucho más profunda de la que efectivamente existe.
No se trata de una dirigente retirada de la vida pública ni de una figura histórica cuya influencia pertenece al pasado. Cristina sigue ocupando un lugar central en la política argentina, continúa siendo referencia para millones de personas y conserva una capacidad de representación que ningún fallo judicial logró borrar.
La condena no puede ser leída como el desenlace técnico de una causa judicial más. Su magnitud política, institucional y democrática obliga a mirar más allá del expediente. La decisión recayó sobre la dirigente con mayor capacidad de representación de la oposición argentina y produjo, además de una pena privativa de libertad, su exclusión de la competencia electoral mediante una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La controversia que rodea a la causa Vialidad no surge de una mera discrepancia política con el fallo. A lo largo de todo el proceso se formularon cuestionamientos sobre la ausencia de prueba directa que vinculara personalmente a Cristina Fernández de Kirchner con los hechos atribuidos, sobre la utilización de construcciones inferenciales para fundamentar la responsabilidad penal, sobre el respeto de las garantías del debido proceso y sobre la imparcialidad de algunos de los magistrados intervinientes. A ello se sumaron situaciones que profundizaron las dudas acerca de la independencia judicial exigible en una causa de semejante trascendencia institucional.
No se trata de observaciones marginales ni de planteos formulados exclusivamente por la defensa. Periodistas especializadas en temas judiciales como Irina Hauser, junto con numerosos juristas y especialistas en derecho penal, señalaron durante años inconsistencias, irregularidades procesales y criterios de excepción que continúan alimentando el debate público. Lo verdaderamente significativo es que una condena con semejantes consecuencias políticas e institucionales siga estando atravesada por controversias jurídicas que nunca lograron ser plenamente despejadas.
Sin embargo, el problema central excede ampliamente la causa Vialidad. La cuestión decisiva no es únicamente si Cristina fue condenada injustamente. Es por qué Cristina. ¿Alguien cree realmente que la persecución política, mediática y judicial más persistente de la democracia argentina recayó por azar sobre la dirigente que encabezó uno de los procesos más intensos de ampliación de derechos, redistribución del ingreso, fortalecimiento del mercado interno, recuperación de capacidades estatales e integración regional desde 1983? Resulta difícil sostenerlo.
La respuesta más incómoda no es que la persiguen porque gobernó en favor de las mayorías. Es que la persiguen porque podría volver a hacerlo.
Lo que se pone bajo ataque no es solamente una persona. Lo que se busca disciplinar es una experiencia histórica concreta y la posibilidad de que vuelva a convertirse en una alternativa real de gobierno. La intensidad de la persecución no puede separarse de la magnitud de los intereses que esa experiencia política desafió.
Durante sus presidencias, la Argentina atravesó uno de los períodos de mayor crecimiento económico, generación de empleo, inclusión social y ampliación de derechos desde la recuperación democrática. Millones de jubilados fueron incorporados al sistema previsional, se fortalecieron las universidades públicas, crecieron las políticas científicas y tecnológicas, se recuperaron herramientas de intervención estatal y se ampliaron derechos civiles y sociales largamente postergados.
Más allá de los debates que puedan existir sobre distintos aspectos de aquella experiencia de gobierno, existió una concepción de país que colocó al trabajo, la producción, la movilidad social ascendente, la educación pública, la integración latinoamericana y la soberanía nacional en el centro de la acción política.
Cristina no representa únicamente una experiencia pasada. Sigue siendo una referencia política activa, capaz de ordenar debates, construir sentido e interpelar a amplios sectores de la sociedad. Su proscripción no opera sobre una trayectoria histórica. Opera también sobre una posibilidad política presente. Allí aparece el núcleo del conflicto. Las políticas de desendeudamiento, recuperación del sistema previsional, fortalecimiento del mercado interno, regulación de sectores estratégicos y ampliación de derechos no fueron neutrales. Supusieron disputas concretas con grupos económicos concentrados, con sectores financieros acostumbrados a condicionar las decisiones públicas, con organismos internacionales de crédito que durante décadas promovieron programas de ajuste en la región y con conglomerados mediáticos que asumieron un papel cada vez más activo en la disputa política.
La historia argentina ofrece numerosos antecedentes de este tipo de confrontaciones. Los liderazgos populares que lograron construir representación mayoritaria y modificar relaciones de poder profundamente arraigadas encontraron, una y otra vez, mecanismos de resistencia por parte de sectores que percibían amenazados sus intereses. Las formas cambiaron. Los métodos también. La lógica de fondo conserva inquietantes continuidades.
La persecución contra Cristina constituye también una forma de disciplinamiento político dirigida hacia el futuro. El mensaje no alcanza solamente a quien es perseguida. Alcanza a quienes observan las consecuencias que puede tener desafiar determinados intereses estructurales. La advertencia se proyecta sobre el conjunto del sistema político y busca establecer cuáles son los límites dentro de los cuales puede desenvolverse cualquier proyecto que aspire a transformar la realidad.
El fenómeno, además, no es exclusivamente argentino. América Latina conoció durante las últimas décadas distintos episodios en los cuales liderazgos populares con fuerte respaldo electoral fueron desplazados o condicionados mediante la utilización convergente de instrumentos judiciales, mediáticos y económicos. Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia: casos distintos, lógicas reconocibles. A esa dinámica numerosos académicos, juristas y analistas la han denominado lawfare. La situación de Cristina debe leerse también en esa clave. Existe, además, un aspecto específicamente argentino que vuelve aún más profunda esta reflexión: la proscripción.
La proscripción no es una palabra cualquiera en nuestra historia política. Argentina ya vivió esto. Sabemos cómo termina cuando un nombre no puede ser pronunciado en una boleta. Forma parte de una memoria colectiva atravesada por experiencias en las que amplios sectores de la sociedad fueron privados de expresar electoralmente su voluntad. Por eso no puede reducirse a una consecuencia accesoria de una sentencia judicial. La proscripción supone que una parte de la ciudadanía queda impedida de elegir a quien considera su principal referencia política.
La proscripción tampoco debe interpretarse únicamente como una demostración de fuerza. En cierto sentido, constituye también una admisión de debilidad. Cuando resulta necesario excluir de la competencia electoral a una dirigente que continúa representando a millones de personas y que conserva capacidad de construir una alternativa política mayoritaria, lo que queda en evidencia no es solamente el poder de quienes la excluyen. También queda expuesta la persistencia de aquello que no lograron derrotar políticamente. La necesidad misma de impedir que una opción sea sometida al veredicto de las urnas revela un temor respecto del resultado que podría producir una competencia democrática plena.
Las democracias no se degradan únicamente cuando se impide votar. También se degradan cuando se decide previamente a quién puede votarse. Porque allí ya no se altera sólo una candidatura: se altera el principio mismo de soberanía popular.
Toda proscripción implica una desconfianza hacia el pueblo. Supone que determinadas opciones sean excluidas antes de que la sociedad pueda decidir libremente en las urnas. Por eso la cuestión excede a Cristina. La pregunta que debería interpelarnos es qué ocurre con una democracia cuando su principal figura opositora queda fuera de la competencia política. Qué ocurre cuando millones de ciudadanos ven restringida la posibilidad de votar a quien consideran su referencia. Qué ocurre cuando determinados poderes adquieren capacidad para decidir quiénes pueden competir y quiénes no.
Nada de esto está separado de los problemas concretos que atraviesa nuestro pueblo. No está separado de los salarios que pierden frente al costo de vida, de los jubilados obligados a elegir entre alimentarse o comprar medicamentos, del desfinanciamiento universitario, del deterioro de las políticas de discapacidad, del retroceso científico y tecnológico, de la crisis de las pequeñas y medianas empresas ni del crecimiento de la desigualdad social.
La dirigente que hoy permanece detenida y proscripta es la misma que encabezó un proyecto político basado en la ampliación de derechos, la defensa del mercado interno, la producción nacional, la movilidad social ascendente y la intervención del Estado para reducir desigualdades.
Reducir la demanda de libertad de Cristina a una cuestión personal o partidaria supone desconocer el sentido político de la persecución. Lo que se intenta disciplinar no es una trayectoria individual. Se intenta disciplinar la posibilidad misma de que vuelva a emerger una experiencia política capaz de cuestionar los privilegios de los sectores más concentrados de la economía y de colocar nuevamente en el centro las necesidades de las grandes mayorías.
Cristina Libre remite, en última instancia, a las condiciones bajo las cuales puede construirse una alternativa capaz de enfrentar los problemas que hoy afectan a millones de argentinos y argentinas. Remite a los límites que el poder económico, financiero, mediático y judicial está dispuesto a tolerar cuando se intenta gobernar en favor de las mayorías populares.
En la Argentina actual, atravesada por un programa de ajuste, transferencia regresiva de ingresos, deterioro de las condiciones de vida, desmantelamiento de capacidades estatales y creciente subordinación a intereses financieros internacionales, esa realidad adquiere una relevancia todavía mayor. La proscripción no opera sobre el pasado. También condiciona las posibilidades de futuro.
La consigna Cristina Libre posee, por eso, una dimensión ética, política y democrática que excede cualquier pertenencia partidaria. No se trata de reparar una injusticia individual. Se trata de defender principios democráticos elementales. Se trata de sostener que las diferencias políticas deben resolverse mediante el voto popular y no mediante mecanismos que alteran artificialmente la competencia democrática.
La libertad de Cristina no puede ser pensada como una concesión futura ni como una reparación administrativa diferida en el tiempo. Si la condena fue injusta, si la proscripción alteró las reglas democráticas y si la dirigente política más representativa de la oposición fue excluida de la competencia electoral, entonces la demanda de libertad constituye una obligación ética del presente. No expresa solamente solidaridad con una dirigente. Expresa un compromiso con la verdad, con la justicia y con la defensa de principios democráticos que no deberían quedar sujetos a cálculos de oportunidad o conveniencias coyunturales.
No hay democracia plena cuando la principal dirigente opositora del país permanece proscripta. No hay soberanía popular plena cuando estructuras permanentes de poder adquieren capacidad de veto sobre determinadas opciones políticas. No hay reconstrucción nacional verdadera si se acepta como normal aquello que debería generar una profunda preocupación democrática.
Cuando el pueblo pierde el derecho efectivo a elegir entre todas las alternativas políticas, lo que entra en crisis no es una candidatura. Lo que entra en crisis es la propia democracia. Porque la cuestión de fondo nunca fue únicamente el destino personal de una dirigente. Lo que está en discusión es quién tiene realmente el poder de decidir: si el pueblo a través del voto o estructuras de poder que actúan por fuera de la voluntad popular.
A un año de la condena, Cristina Libre sigue siendo una consigna de enorme actualidad porque expresa algo más profundo que la situación individual de una dirigente. Expresa la defensa del derecho de nuestro pueblo a elegir sin tutelas, a construir alternativas políticas sin condicionamientos y a imaginar una Argentina donde la voluntad popular prevalezca sobre los intereses de los poderes fácticos.
La libertad de Cristina constituye una demanda democrática inseparable de cualquier proyecto que aspire a reconstruir la Argentina sobre bases de justicia social, soberanía nacional y participación popular. Ninguna alternativa verdaderamente transformadora puede construirse aceptando como normal la proscripción de la principal dirigente popular de su tiempo. Allí donde se pretende disciplinar a quien se animó a disputar privilegios en nombre de las grandes mayorías, también se intenta disciplinar la posibilidad de construir una Argentina más justa.
Cristina Libre no es solamente una consigna. Es una causa democrática.
*Diputada Nacional de Unión por la Patria. Referente de Unidos y Organizados. Lic. Políticas Públicas. Diplomada en Políticas de Integración Regional.
