Argentina | En la provincia de Mendoza, campesinos trashumantes en pie de lucha contra el extractivismo
Argentina | En la provincia de Mendoza, campesinos trashumantes en pie de lucha contra el extractivismo
En Mendoza, Argentina, se está decidiendo quién tiene derecho a existir sobre el territorio. Cada vez que un megaproyecto minero o turístico impulsados y auspiciados por los gobiernos nacional y provincial avanza sobre la cordillera, la trashumancia pierde espacio, pierde condiciones materiales y es expulsada de su territorio. Es en el sentido mismo de la operación, correr a quienes usan la montaña como lugar de vida para dejarla disponible como plataforma de negocios, de valorizar el capital concentrado.
La gravedad del problema está en que esta ofensiva suele presentarse como falacia de desarrollo. Pero no hay desarrollo posible cuando una práctica productiva ancestral, que sostiene familias, alimentos, saberes, relaciones desmercantilizadas, humanas y equilibrio ecológico, queda subordinada a emprendimientos que concentran y saquean tierra, agua y demás recursos naturales, vía el despojo. La trashumancia no es una reliquia. Es una forma vigente de producir y de organizar el territorio. Por eso molesta. Porque no responde a la lógica de la renta, ni a la apropiación privada de los recursos, sino al cuidado de los bienes comunes, al uso sustentable, a la soberanía territorial.
Los crianceros trasladan sus animales dos veces por año. Suben a lo alto de la cordillera en la veranada entre octubre y diciembre. Bajan a la invernada entre marzo y abril. Ese movimiento es una racionalidad construida durante generaciones. Permite aprovechar distintos suelos ecológicos, regenerar pasturas, sostener rodeos y producir carne, lana, pelo caprino, cueros y animales de refugio. En la Argentina, esta práctica se extiende desde el norte hasta el centro de Chubut, con mayor densidad en Neuquén y Río Negro. Allí viven y trabajan alrededor de 7500 crianceros trashumantes. Una economía familiar concreta que resiste a los embates del extractivismo transnacional mientras hace Patria, ocupa y camina los territorios más recónditos de la nación.
Lo que hoy ocurre en Mendoza desnuda la lógica política de una provincia que habla de progreso mientras deja sin protección a quienes sostienen una producción adaptada al territorio. Los casos de El Azufre, en Malargüe, y del proyecto minero San Jorge, en Uspallata, son señales en una misma dirección. La cordillera, los Glaciares, el agua dulce aparecen cada vez más como mercancía, como fuentes de renta. Y los caminos de arreo, las veranadas y los tiempos de la vida rural pasan a ser un obstáculo que hay que olvidar, obstruir o volver inviable.
Ese avance no ocurre solo por la presión empresaria, acá hay una decisión política clara. Mendoza no cuenta con una legislación específica que reconozca y proteja la trashumancia, a diferencia de Neuquén, que sí avanzó con la Ley 3016. Cuando el Estado no reconoce una práctica, la deja expuesta, no garantiza acceso al agua, infraestructura vial, asistencia técnica o protección de rutas pecuarias, en los hechos toma partido. Y siempre lo hace a favor de los actores con más capacidad de presión económica.
El problema también afecta un punto estratégico, los alimentos. Según el Plan Estratégico Argentina Productiva y Sustentable 4B del Centro de Estudios Agrarios, en Mendoza se produce solo en el 3,4% de su territorio bajo riego, pero se consumen más de 1.700 millones de kilos de alimentos por año. Una provincia con una base productiva limitada no puede darse el lujo de debilitar las formas locales y descentralizadas de producción. Sin embargo, eso es lo que sucede cuando se empuja a los crianceros al margen y se privilegia un modelo que ordena todo alrededor de la extracción, la especulación financiera y territorial.
Además, la trashumancia aporta algo que el discurso oficial suele nombrar mucho y practicar poco, la sustentabilidad. El desplazamiento estacional del ganado evita la presión permanente sobre un mismo campo, favorece la regeneración de pasturas de interés nutricional y reduce el sobrepastoreo. También sostiene vínculos familiares, transmisión de saberes y cooperación entre generaciones, en definitiva, construcción de comunidad. En tiempos de crisis climática, desarticular esa práctica es empujar el sistema hacia una fragilidad mayor.
En el fondo, la disputa es más profunda. La trashumancia expresa una relación con el territorio que no se ordena por la acumulación desmedida. No convierte la montaña en objeto muerto ni al agua en simple recurso de mercado. Por eso entra en contradicción con un modelo extractivista que necesita territorios dóciles, disponibles y despojados de sujetos con derecho propio. Allí donde hay crianceros, hay memoria, uso comunitario, conocimiento del territorio y arraigo. Donde avanza el extractivismo, todo eso debe ser reducido a costo, estorbo o atraso y lo único que habita es renta extranjera y socialización de las pérdidas, cómo la contaminación, el despojo y la destrucción de la matriz socio productiva.
Defender la trashumancia es defender una forma de producción, una forma de vida y una frontera política frente al avance del capital transnacional sobre la cordillera, los Glaciares, el agua dulce y el género humano. El país tiene dos caminos. Puede seguir entregando la montaña, el agua y sus recursos naturales estratégicos a proyectos que prometen inversión, mientras expulsan prácticas arraigadas. O puede reconocer que, sin crianceros, sin trashumancia y sin protección territorial, lo que se pierde es soberanía. Y una vez que esa soberanía se cede, recuperarla cuesta mucho más que cualquier negocio anunciado.
Suplemento especial elaborado por el equipo del Centro de Estudios Agrarios, coordinado por Carolina Sturniolo, Bruno Ceschín y Fernando Rizza.
