El juicio a la economía de la atención: Meta pagará hasta US$18.000 millones por los daños causados a niños y adolescentes – Por Lina Merino y Alfio Finola
El juicio a la economía de la atención: Meta pagará hasta US$18.000 millones por los daños causados a niños y adolescentes
Por Lina Merino y Alfio Finola*
Con un acuerdo de tiempo récord con 29 estados de Estados Unidos, Meta, la empresa que maneja Instagram y Facebook, deberá introducir límites de uso, bloqueos nocturnos, controles de edad y restricciones sobre las notificaciones, los “me gusta” y los filtros de belleza. Además establece pagos de hasta US$16.680 millones, un acuerdo separado con Texas por más de US$1.000 millones y otros US$459 millones correspondientes a reclamos vinculados con el escándalo de Cambridge Analytica, alcanzando una suma total para Meta cercana a los 18.000 millones de dólares.
Pero también, evitó un juicio que podía imponer sanciones mucho mayores. Para una empresa que facturó US$200.000 millones, la cifra del acuerdo a pagar en 10 años, no representa ni el 10% de las ganancias anuales de la empresa. Como si ya no fuera poco ventajoso, el acuerdo le permite preservar el corazón de su modelo de negocios: la publicidad personalizada, la extracción de datos y los algoritmos destinados a capturar la atención, sumado a que no deberá responder ni hacer cambios ante el impacto en la salud que genera sus plataformas.
El juicio que comenzó el 18 de agosto en Oakland, California, terminó abruptamente ocho días después, cuando la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers aprobó el acuerdo el mismo 26 de agosto para resolver las demandas que acusaban a la gigante de las redes sociales de diseñar deliberadamente sus plataformas para generar comportamientos compulsivos entre niños y adolescentes.
Este es uno de los mayores acuerdos alcanzados por una corporación tecnológica en la historia estadounidense. Sin embargo, constituye una salida negociada mediante la cual Meta evitó que el jurado se pronunciara sobre la cuestión política y económica fundamental, es decir si Facebook e Instagram fueron construidas conscientemente para explotar las vulnerabilidades de niños y adolescentes y convertir su atención en rentabilidad. Meta aceptó modificar sus plataformas, aunque continuó negando cualquier conducta ilegal y el acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad.
Por su parte, expertos en salud mental advirtieron que si bien los cambios pueden ayudar a modificar el comportamiento, las medidas pueden presentar “fricciones de uso”, esto es que los usuarios pueden eludirlas.
Las autoridades sostenían que Meta había diseñado Instagram y Facebook para “atraer, involucrar y finalmente atrapar” a los usuarios jóvenes. Son varios los mecanismos diseñados para tal fin: el uso combinado del scroll infinito, las notificaciones, las recomendaciones personalizadas, la reproducción automática, los “me gusta” y otras recompensas sociales destinadas a prolongar la permanencia dentro de las aplicaciones.
También afirmaba que la empresa había recopilado información personal de menores de 13 años sin autorización familiar, en violación de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida como COPPA. Parte de esos datos habría sido utilizada posteriormente para el desarrollo y entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.
Uno de los testimonios centrales fue el de Arturo Béjar, ex director de ingeniería de Facebook y consultor de Instagram. En su declaración, sostuvo que dentro de Meta existía una contradicción permanente entre la seguridad infantil y el crecimiento del engagement. Según Béjar, las medidas de protección perdían prioridad cuando podían afectar la cantidad de usuarios, el tiempo de conexión o las interacciones. La métrica siempre se impone en el negocio de las redes sociales.
El acuerdo interrumpió el juicio cuando Adam Mosseri, director de Instagram, ya había comenzado a declarar. Mark Zuckerberg debía comparecer posteriormente ante el tribunal. De esta manera, el máximo responsable de la empresa evitó volver a responder públicamente por lo que Meta conocía sobre los efectos de sus productos y por las decisiones adoptadas frente a esos informes internos.
No era el primer revés judicial del año. En marzo, un jurado de Los Ángeles consideró responsables a Meta y Google por los daños sufridos por una joven que comenzó a utilizar Instagram y YouTube durante su infancia. Le concedió seis millones de dólares y atribuyó alrededor del 70% de la responsabilidad a Meta.
Ese mismo mes, un jurado de Nuevo México determinó que la compañía había cometido 75.000 violaciones de las normas estatales de protección al consumidor y le impuso una sanción de US$ 375 millones. En agosto, una segunda decisión agregó otros US$567 millones y ordenó reformas sometidas a supervisión judicial. Meta enfrenta allí una exposición total de aproximadamente 942 millones de dólares.
Estos fallos produjeron un desplazamiento decisivo. La discusión comenzó a concentrarse en la propia arquitectura de las plataformas. Una notificación o un scroll que nunca termina dejaron de ser presentados como funciones neutrales, capaces de generar serios daños.
Así, durante los próximos cinco años, los adolescentes estadounidenses tendrán un límite combinado de dos horas diarias para Instagram y Facebook. Las aplicaciones deberán introducir pausas obligatorias después de 15, 60 y 90 minutos de uso continuo, destinadas a interrumpir el desplazamiento infinito.
También se establecerá un bloqueo nocturno entre las 00:00 y las 6:00, que solamente podrá ser levantado mediante autorización parental. Durante el ciclo escolar, la mayoría de las notificaciones dirigidas a menores permanecerán silenciadas de lunes a viernes entre las 8:00 y las 15:00.
Meta deberá, además cumplir con las siguientes modificaciones: reforzar los mecanismos de comprobación de edad; dificultar el acceso de menores de 13 años; restringir contenidos vinculados con acoso, trastornos alimentarios, suicidio y autolesiones; mejorar los controles parentales; limitar los filtros de belleza; ocultar los contadores visibles de “me gusta”; permitir mayores controles sobre los sistemas de recomendación y someter la implementación y eficacia de estas medidas a auditorías independientes.
Si TikTok, YouTube y Snapchat adoptan protecciones comparables, el límite podría reducirse a una hora diaria por plataforma y extenderse durante diez años. Esta cláusula revela que el acuerdo busca construir un estándar para el conjunto de la industria y evitar que los usuarios migren simplemente de Instagram hacia otras aplicaciones organizadas mediante mecanismos semejantes.
La cifra económica también tiene una estructura condicional. Meta deberá pagar aproximadamente 12.700 millones de dólares de manera garantizada. Otros US$5.000 millones dependerán de que TikTok, YouTube y Snapchat introduzcan medidas equivalentes. La empresa busca así distribuir el costo regulatorio entre sus competidores y presentarse como impulsora de una reforma sectorial.
Sin embargo, el convenio tiene límites evidentes. No obliga a Meta a abandonar la publicidad dirigida, las recomendaciones personalizadas ni el procesamiento masivo de datos. Tampoco modifica integralmente los algoritmos que seleccionan el contenido con mayor probabilidad de provocar una reacción y prolongar la conexión.
Por eso la reacción de los mercados fue positiva. Las acciones de Meta subieron después del anuncio. Para una compañía que facturó 200.966 millones de dólares en 2025 (US$196.175 millones provenientes de publicidad), el acuerdo representa una erogación considerable, pero distribuida durante una década y sin alterar el mecanismo de ingresos económicos.
¿Qué vende realmente Meta? Formalmente, espacios publicitarios. Pero lo que vuelve valiosos esos espacios es la capacidad de capturar atención, obtener datos, construir perfiles y anticipar conductas.
Cada segundo de permanencia produce información. La plataforma registra qué contenido detiene al usuario, qué video mira hasta el final, qué descarta inmediatamente, a qué publicación responde, con quién se relaciona, qué temas le provocan curiosidad, miedo, deseo o indignación y en qué momento del día se encuentra disponible.
Los sistemas de recomendación utilizan esas señales para seleccionar el siguiente contenido, mediante un subconjunto de la IA conocido como aprendizaje automático y técnicas de filtrado de datos empleados para hacer sugerencias. La nueva interacción amplía el perfil y alimenta otra recomendación. El proceso se repite miles de veces.
El scroll infinito elimina el momento natural de finalización. La reproducción automática sustituye la decisión de continuar por la obligación de detenerse. Las notificaciones interrumpen otras actividades y crean la expectativa de una recompensa social. Los “me gusta” convierten la aprobación en una cifra comparable. Los videos cortos encadenan estímulos cuya aparición resulta parcialmente impredecible.
Ninguno de esos mecanismos explica por sí mismo todos los usos problemáticos. Tampoco toda utilización intensa puede calificarse automáticamente como una adicción. El problema es su integración dentro de un sistema sometido a experimentación permanente, cuyo éxito se mide fundamentalmente en minutos de permanencia, interacciones, retención y rendimiento publicitario.
La discusión estadounidense tiene consecuencias directas para América Latina. Las mismas arquitecturas digitales operan sobre millones de infancias y adolescentes de la región, pero las obligaciones acordadas por Meta se aplicarán inicialmente en Estados Unidos.
En Argentina, la Encuesta Kids Online realizada por UNICEF y UNESCO relevó a 5.910 niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años, pertenecientes a 291 escuelas de 20 jurisdicciones. El 96% tiene conexión a Internet en el hogar y el 95% posee un celular conectado. La edad promedio de acceso al primer teléfono propio con Internet es de 9,6 años. Y la tendencia es a edades cada vez más bajas.
El adelantamiento generacional es acelerado. Entre quienes actualmente tienen entre 9 y 11 años, el 83% recibió su primer celular conectado antes de cumplir los diez. Esto significa que una parte creciente de la socialización, el entretenimiento, el aprendizaje y la construcción de la identidad comienza a desarrollarse dentro de – y mediada por – infraestructuras privadas con sesgos e intereses particulares.
TikTok está presente en el 80% de los chicos encuestados, YouTube en el 77% e Instagram en el 73%. La plataforma predominante cambia con la edad: YouTube entre los 9 y los 11 años, TikTok entre los 12 y los 14 e Instagram entre los 15 y los 17. La mitad tiene perfiles en tres o más redes sociales.
El acceso masivo al celular tampoco equivale a una verdadera democratización tecnológica. Mientras el 95% dispone de un teléfono conectado, solamente el 61% puede utilizar una computadora para sus actividades escolares. Esa proporción cae al 31% entre los sectores de menores ingresos y alcanza el 91% entre los de nivel socioeconómico alto.
Existe, por lo tanto, una paradoja. Amplios sectores juveniles poseen los dispositivos necesarios para consumir contenidos, entregar datos y exponerse a publicidad personalizada, pero no necesariamente cuentan con las herramientas que permiten estudiar, programar, producir conocimiento o comprender cómo funcionan los sistemas que administran su experiencia cotidiana.
Las medidas no deberían limitarse a pedir a las familias que controlen el “tiempo de pantalla” ni a prohibir los teléfonos dentro de las escuelas. Estas pueden ordenar determinados ámbitos, pero dejan intacta la enorme asimetría entre un adolescente y una corporación que dispone de algoritmos, psicología conductual, experimentación permanente y miles de millones de datos para conseguir que permanezca conectado.
La alfabetización digital es indispensable, aunque insuficiente si no está acompañada por obligaciones empresariales. América Latina necesita avanzar hacia normas de diseño seguro desde el origen, auditorías independientes de los algoritmos, protección efectiva de los datos de menores, límites a la publicidad personalizada, transparencia sobre las pruebas realizadas con usuarios y capacidad pública para sancionar incumplimientos.
El hecho constituye un antecedente histórico para discutir la arquitectura digital y obligar a las plataformas a introducir límites que hasta hace poco presentaban como técnicamente innecesarios o incompatibles con la supuesta libertad de elección. El acuerdo del 26 de agosto impone una primera frontera al poder de Meta porque abrió un debate sobre cómo el tiempo de “ocio” es monetizado en redes sociales sin importar la salud de las personas aún en la primera infancia.
La protección de niños, niñas y adolescentes requiere intervenir sobre los incentivos que convierten cada momento de atención, cada vínculo social y cada vulnerabilidad en una fuente de datos y ganancias. El próximo paso será determinar si esa frontera alcanza solamente a los usuarios estadounidenses o si puede convertirse en un nuevo estándar mundial. Para América Latina, el desafío consiste en dejar de ser una simple reserva de atención y datos administrada desde el exterior y construir soberanía sobre las infraestructuras donde las nuevas generaciones se informan, se relacionan y producen su identidad.
*Lina Merino es Lic. en Biotecnología y Biología Molecular, Dra. en Ciencias Biológicas (UNLP), diplomada en género y gestión institucional (UNDEF), Profesora (UNAHUR), investigadora (CICPBA); Alfio Finola es Geógrafo (UNRC), Dr. en Cs Sociales. Ambos son miembros del OECYT y analistas de NODAL.
